* A cambio de seis millones de dólares al año, el mandatario salvadoreño puso a disposición de EE. UU. la cárcel de máxima seguridad del país.
** El Salvador tiene recluidos 109,519 reos y el mantenimiento del Cecot cuesta un presupuesto de casi 150 millones de dólares.
Eric Lemus / Expediente Público
El gobernante salvadoreño Nayib Bukele pasó de ser el personaje transgresor que promueve la criptomoneda como generador de ingresos al país centroamericano a ofrecer El Salvador como sede de la cárcel para los criminales y migrantes que violen la ley en los Estados Unidos.
Por una suma anual de US$6 millones de dólares, el Gobierno de El Salvador custodiará a 255 internos; aunque, Washington podría seguir enviando detenidos para que purguen la pena en El Salvador.
El monto significa que la administración de Donald Trump retribuye por cada recluso US$23,529.41 dólares.
Expertos consultados por Expediente Público consideran que, además del pago, Bukele busca exhibir su modelo de seguridad y combate al crimen, que pasa por la aplicación desde hace tres años de un inquebrantable “Régimen de Excepción”.
Bukele, que promovió el uso de la criptomoneda digital bitcoin, ahora puso a disposición internacional al país para custodiar a prisioneros de alta peligrosidad provenientes de Estados Unidos, que son recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
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La noche del 15 de marzo llegó a El Salvador un avión proveniente de EE. UU. con los primeros 238 ciudadanos venezolanos deportados, sea porque violaron la ley de migración o están vinculados al cartel criminal Tren de Aragua.
Manutención de cada reo
La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña repite desde aquel día e incansablemente en redes sociales un video que muestra cómo llega y luego es trasladado un segundo grupo a la prisión.
Los venezolanos son acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda transnacional originada en una prisión del estado homónimo en Venezuela. “(Estados Unidos) pagará una tarifa muy pequeña por ellos, pero una tarifa alta por nosotros”, se congratuló Bukele en su cuenta de X.
El Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda muestra que en el año 2024 el presupuesto correspondiente al ramo de justicia y seguridad publica tuvo una asignación de US$74,700.951 para el ámbito de reclusión y rehabilitación.
Sin embargo, a partir de las reformas presupuestarias de 2024, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) recibió un aumento de US$149,500,951.
Expediente Público comparó dicho monto con la cantidad de internos en las cárceles salvadoreñas, que es 109,519, de acuerdo con el Informe sobre Prisiones Mundiales (WPB, por sus siglas en inglés). El resultado es que el costo mensual de cada preso es de US$1,364.30 por reo al año.
Cada reo en el Cecot cuesta US$113.69 al mes y US$3.78 por día. Sin embargo, en dicho cálculo no están incluidos salarios, alimentación o pago por servicios debido a que el acceso a la información pública está reservado.
Durante las visitas guiadas a la prensa internacional, Expediente Público pudo verificar que la dieta regular está hecha a base de carbohidratos, que consiste predominantemente en dos tortillas de maíz, arroz y frijoles.
Pero Bukele es optimista porque vaticina que “con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40 mil reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, dijo a Expediente Público el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
El presidente salvadoreño, que ha demostrado que el éxito de su método para neutralizar a las pandillas implica la eliminación del Estado de Derecho, ahora es visto como un modelo que socava la democracia, en opinión del abogado Anaya.
“Un error administrativo”
La administración de Donald Trump también es criticada porque incurre en capturas arbitrarias, como el caso de un ciudadano de origen salvadoreño y sin antecedentes judiciales en territorio estadounidense.
La situación de Kilmar Armando Ábrego García, de 29 años, fue recopilada por la revista The Atlantic que confirmó que no tuvo antecedentes judiciales y su situación migratoria.
Ábrego García trabajaba como obrero metalúrgico en Maryland y está casado con una ciudadana estadounidense, por lo que estaba regularizando su estancia en suelo norteamericano.
Sin embargo, tras sostener que el deportado era un jefe de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), la administración Trump posteriormente aceptó que el caso del salvadoreño fue “un error administrativo”.
Pero el detenido sigue confinado en la prisión de máxima seguridad de El Salvador y estará junto a los pandilleros por los que huyó de su país natal cuando busco vivir en EE. UU.
El caso está en el centro del debate político norteamericano luego que la jueza Paula Xinis, de la Corte de Distrito de Maryland, ordenó el retorno de Ábrego García debido a que su vida corre peligro. La autoridad judicial estadunidense puso como plazo este lunes 7 de marzo, a más tardar a las 11:59 p.m. (hora este). Por su parte, El Salvador guarda silencio.
Expediente Público buscó sin éxito una reacción de alguna de las autoridades o de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
Un limbo legal: El Salvador
“Además del imperdonable ‘error administrativo’ con el encierro del salvadoreño Ábrego, la gravedad es que se alega que los prisioneros deportados no están bajo jurisdicción de Estados Unidos”, pero tampoco de El Salvador, porque no han sido juzgados por sus tribunales, que también guardan silencio sobre el estatus legal de los mismos, critica el abogado Anaya.
El experto en derecho constitucionalista analiza que la comunidad internacional está también enfrentando dos fenómenos, “tráfico ilegal de personas y privación ilegal de la libertad”, luego que el presidente estadounidense recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798.
De igual forma, Anaya trae a cuenta a Expediente Público que desde 2016 el Estado salvadoreño es parte del Estatuto de Roma y sus enmiendas, de tal manera que está sujeto a la Corte Penal Internacional (CPI).
En opinión del profesional, el escenario se complica porque “se añade el ocultamiento de la información y la desaparición forzada de los encarcelados” por lo que “hay condiciones para incurrir en crimen de lesa humanidad”.
En contexto: Nayib Bukele acepta recibir criminales deportados en las cárceles de El Salvador
La Ley, conocida como Alien Enemies Act, fue aplicada por última vez durante la II Guerra Mundial para recluir a 30,000 personas de origen japonés, alemán o italiano en campos de concentración.
Por su parte, la directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, recuerda que en el primer vuelo “había más de 100 venezolanos que no pertenecían a ninguna estructura criminal y se les ha trasladado por estar de manera irregular en Estados Unidos”.
El último balance de SJH respecto a la situación carcelaria en El Salvador, con una de las tasas de confinamiento más alta del mundo, registra hasta el 19 de marzo al menos 375 salvadoreños que murieron bajo custodia del Estado, en tres años bajo estricto Régimen de Excepción.
“Las personas que han sido trasladadas al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) no han cometido delitos en nuestro territorio y, en ese sentido, indudablemente los que podemos decir es que no tenemos nada sobre ellos y por lo tanto su detención es ilegal”, puntualiza Escobar.
Enfrentamiento regional
Las deportaciones de venezolanos desde EE. UU. a la prisión de máxima seguridad también atiza el debate sobre la política migratoria y la presunta violación a los derechos de los procesados.
Caracas solicita que San Salvador retorne los capturados sin antecedentes y cuyas identidades son verificadas por parientes que acuden a los medios de comunicación para identificar a alguno de ellos después que son exhibidos, sea mientras son humillados semi desnudos o les rapan el cabello.
El gobierno de Nicolás Maduro protestó contra lo que considera son detenciones arbitrarias y acusó a su homólogo salvadoreño.
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“¿Qué juez ordenó la deportación, qué juez ordenó, de acuerdo a la ley de Estados Unidos y al derecho internacional, qué juez ordenó que este grupo de muchachos secuestrados, migrantes, trabajadores, fueran depositados en una cárcel, en un campo de concentración?”, dijo en una comparecencia ante Venezolana de Televisión (VTV).
Vuelos en aumento
Un segundo avión llegó a El Salvador este 31 de marzo con 17 venezolanos más acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y otros deportados miembros de la MS-13.
El envío del vuelo contravino dos órdenes judiciales federales que piden detener la práctica que utiliza Washington para remitir ciudadanos venezolanos hacia la cárcel del Cecot, que está ubicada 70 kilómetros al sureste de San Salvador.
Por ejemplo, el juez federal de Boston emitió este viernes 28 de marzo una resolución donde suspendió el traslado de inmigrantes a terceros países donde carecen de conexión previa y el juzgado del distrito James Boasbert en Washington emitió un fallo para bloquear las deportaciones con el objetivo de que los detenidos tuvieran oportunidad de impugnar su expulsión ante los tribunales.
En un país donde el experimento económico de Bukele con la criptomoneda fracasó, a raíz del rechazo de los ciudadanos al bitcoin, el tiempo dirá cómo termina el uso de las cárceles salvadoreñas para recluir a extranjeros acusados de infringir la ley en EE. UU.
