* En la presentación del más reciente reporte, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas recomendó aumentar las sanciones individuales contra la dictadura de Daniel Ortega.
** Antes del 4 de abril publicarán la lista de la cadena de mando responsables de crímenes de lesa humanidad indentificados por los expertos de la ONU.
Expediente Público
Daniel Ortega y los demás responsables de la cadena de mando que ordenaron la masacre, y mantienen la represión en Nicaragua deben ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia. Es la recomendación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GRHEN por sus siglas en inglés).
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, dijo que la acción de la comunidad internacional es urgente, particularmente, “impulsar medidas de rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua».
Simon se refirió en particular a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir Casos de Apatridia, durante la presentación del más reciente informe del GHREN en el 58 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 28 de febrero en Ginebra, Suiza.
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Nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega
Del mismo modo, pidió «ampliar medidas legales específicas, así como sanciones contra individuos, instituciones o entidades identificadas y los que serán identificados». La cadena de mando de la masacre y la presión será expuesta antes del 4 de abril, cuando concluye el 58 periodo de Sesiones.
El GHREN concluyó que Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, controlan el aparato represivo»Sin embargo, lo apoyan directamente funcionarios de todos los poderes y del partido sandinista.
«Las cadenas de mando son diseñadas y manejadas como tentáculos para garantizar el control directo de varios eslabones a diferentes niveles en la ejecución de las estrategias centralizadas», dijo Simon.
Además, «existen motivos razonables de que se puede establecer la responsabilidad invididual de alguna de estas personas que actuan como nodos y serán identificados en un documento a publicar al final de las sesiones del Consejo», agregó.
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Nicaragua se retira del Consejo de DDHH
El régimen de Nicaragua respondió a la presentación del informe, el 27 de febrero, retirándose del Consejo de Derechos Humano de la ONU. La decisión fue reacción al demoledor informe que confirma la participación del ejército en la masacre del 2018.
Sin embargo, Simon mencionó que esto no cambia los hallazgos de sus reportes, los cuales indican que en el país se comenten graves violaciones de derechos humanos.
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El representante de Ecuador, a nombre de su país, Costa Rica, Canadá, Perú, Argentina y Chile, comunicó que la decisión de Nicaragua es una señal alarmante del interés por evadir responsabilidades internacionales.
La Unión Europea manifestó también ante el Consejo que respaldarán la renovación del mandato del GHREN que concluye este 31 de marzo.
Además: Víctimas entregan a la ONU nuevas pruebas de los crímenes del régimen Ortega Murillo
Mensaje de sociedad civil de Nicaragua
Juan Diego Barberena, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense, expresó ante el Consejo de la ONU que, tras la reforma constitucional que entró en vigor el 19 de febrero, el Estado canceló todas las garantías ciudadanas.
Barberena mencionó que el Estado eliminó el derecho al recurso de hábeas corpus, el principio de legalidad penal y la prohibición de la tortura, junto con cualquier disposición que garantice la dignidad y el respeto a la persona humana.
«El espacio cívico se ha cerrado y criminalizado», sostuvo.
En Nicaragua hay 46 personas presas políticas en las cárceles, desprovistos de todo tipo de derechos; de estas: los periodista Fabiola Tercero, Leo Cárcamo, los opositores indígenas Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez y otros activistas se encuentran en estado de desaparición forzada.
Manuel Urbina, Jaime Navarrete y Marvin Vargas continúan en la cárcel a pesar de que han cumplido sus condenas. «La prisión política se utiliza para imponer el miedo a la ciudadanía y los presos políticos son utilizados como fichas de negociación», dijo.