* Grupo de Expertos de Naciones Unidas documentó el involucramiento de los altos mandos del Ejército de Nicaragua con responsabilidad criminal por la represión.
** Ahondan en la red de espionaje, vigilancia e inteligencia del régimen Ortega Murillo.
Expediente Público
El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, dio la orden directa a los militares para que participaran en la brutal represión y masacre contra los manifestantes en 2018. Así lo sostiene el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), en el que documentan el involucramiento de los militares en ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Reed Bródy, miembro del GHREN, indicó que el informe sostiene que «el comandante del Ejército (Julio César Avilés) ordenó directamente la participación en la represión».
«El 20 de abril del 2018 altos mandos militares fueron informados, el comandante en jefe leyó orden presidencial para neutralizar a los manifestantes», aseguró Bródy en conferencia de prensa en la que participó Expediente Público.
«Facilitaron armas letales e inteligencia militar. Todo eso fue encubierto. Los soldados se vistieron de ropa militar y civil», aseguró.
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Ejército y la masacre
El general Avilés Castillo es fiel al dictador Daniel Ortega, quien lo ratificó como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua por un nuevo período de seis años, hasta febrero de 2031.
Avilés, quien asumió la jefatura del Ejército en 2010, acumulará 21 años consecutivos en el cargo al finalizar este nuevo mandato.
El Grupo de Expertos informó, este 26 de febrero, que tiene documentado que el ejército, la policía y paramilitaries cometieron al menos 40 ejecuciones extrajudiciales en 2018 durante las protestas ciudadanas.
Se determinó que el ejército proporcionó armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos.
El Consejo de Derechos Humanos creó en 2022 el GHREN para investigar las violaciones y abusos de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018. El grupo lo integran Jan-Michael Simon (presidente), Ariela Peralta Distéfano y Reed Brody.
Cómo participaron los militares en las masacres
El reporte señala que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
Los comandos especiales de ambos entes utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus acciones contra los manifestantes.
Por otra parte, “comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”, precisa el informe.
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Culpables nombre por nombre
Para sostenerse en el poder, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, abusan de los derechos humanos de sus ciudadanos cometiendo asesinatos, tortura, privación de libertad, apatridia y otro tipo de delitos de Estado y contra la humanidad, afirma el GHREN.
Los investigadores de Naciones Unidas elaboraron una lista de personas con responsabilidad en la represión, en adición a Ortega y Murillo. «Creemos que hay suficientes razones para decir que tienen un caso para responder por su participación en los crímenes”, afirmaron.
Estos resultados se basan en más de 1,500 entrevistas y 7,000 documentos.
Cómo está organizado el aparato represivo
El GHREN cuenta con detalles de «la máquina responsable » de la amplia y sistemática violación a los derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua.
La experta Ariela Peralta Distéfano explicó que la Policía dispone de un centro de inteligencia para obtener información sobre personas opositores, vigilarlas, amenazarlas y acosarlas. La Dirección de Información para la Defensa del Ejército tiene acceso ilimitado a este centro, lo que refuerza su capacidad de vigilancia y control.
Aparte del trabajo de inteligencia, hay una red de entidades estatales y paraestatales que procederían a violar los derechos de las personas opositoras, o las que el régimen considere como tal.
“La estructura de la cadena de comandos es diseñada para garantizar el control directo superior de varias conexiones a todos los niveles operacionales que impongan en práctica estas violaciones”, revelaron los expertos.
¿Qué sigue?
Expediente Público preguntó en la conferencia de prensa con los expertos, sobre los siguientes pasos, ahora que han identificado todo el esquema de los tentáculos de la represión.
Jan-Michael Simon, presidente del GRHEN, afirmó que al contar con el mandato de Naciones Unidas en facilitar actividades e iniciativas que provengan de la sociedad civil “hemos hecho un estudio largo que debería tomarse (en cuenta), ya sea de responsabilidad del Estado, ya sea en cuanto a responsabilidades individuales y no solo de reacción de sistemas penales».
Bródy recordó una de las recomendaciones insistente es responsabilizar al Estado de Nicaragua por las desnacionalizaciones. “No hay otro país en el mundo que utilice la desnacionalidad arbitraria de opositores como lo hace Nicaragua. (…) Eso es clara violación a los tratados internacionales”.
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“Una recomendación es encontrar a un estado un grupo de estados para llevar a Nicaragua ante la Corte Penal de Justicia. También la Corte podría contemplar un caso por víctimas de la tortura. Pero eso depende de la comunidad internacional”, sostuvo Bródy.
En GRHEN recomienda “ampliar las acciones legales y las sanciones contra las personas, instituciones y entidades identificadas en el informe”.
Constitución monárquica
Los miembros del GHREN calificaron la reforma constitucional del régimen como «la última pieza en la campaña calculada de Daniel Ortega y Rosario Murillo para limpiar los controles y las balanzas, retener su poder y convertir la represión en ley.
«Una co-presidencia diseñada para Ortega y Murillo, completa con la opción de nombrar a sus hijos como vicepresidentes, parece menos como una constitución y más como un decreto real», señalaron.
