* El Ministerio Público de Honduras sostiene que tiene pruebas que describen el lugar, el entorno y los hechos que rodearon la muerte del manifestante Isy Obed en 2009.
** Juristas consideran que la acusación de la fiscalía de homicidio por “no controlar y supervisar las acciones de sus subalternos” es débil.
*** La defensa del exmilitar Romeo Velázquez asegura que la fiscalía no tiene el arma homicida.
Yarely Madrid/ Expediente Público
El Ministerio Público (MP) de Honduras tendrá que probar cómo tres exjerarcas militares son culpables del homicidio de Isy Obed Murillo, durante una manifestación contra el golpe de Estado de 2009.
Los imputados son el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, el exsubjefe, Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto. Los tres están cumpliendo arresto domiciliario y se enfrentan desde el 27 de enero a una audiencia inicial.
Sin embargo, expertos entrevistados por Expediente Público consideran que la recalificación de asesinato a homicidio no es la correcta, porque es, en realidad, un delito de lesa humanidad.
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La muerte de Isy Obed en Honduras
El 5 de julio del 2009 -luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de ese mismo año-, una multitud se congregó alrededor del aeropuerto Toncontín, cerca de la capital de Honduras, Tegucigalpa, para darle la bienvenida al presidente derrocado quien estaba viviendo en Costa Rica y supuestamente regresaba.
Entre los seguidores de Zelaya que se encontraban en el lugar estaba Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los militares dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra Murillo y otros manifestantes que se encontraban en el lugar.
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Pruebas de la Fiscalía contra coroneles
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público es quien presentó ante la Corte cerca de 14 medios probatorios.
Entre esas pruebas se encuentra el acta de levantamiento de cadáver y el dictamen de la autopsia, que probará la causa de la muerte del joven. Además, la balística, para saber la trayectoria de la bala que causó la muerte de Isy Obed y el acta de inspección ocular, en la que se recolectaron 169 casquillos de armas de fuego dos días después de su muerte.
La Fiscalía además tiene en su poder oficios que describen qué funcionarios de las FFAA de Honduras había en ese momento; quiénes estaban al mando de operaciones especiales, qué personas dentro de las FFAA tienen autoridad; tipos de armas y municiones que usaron y que ordenes había con respecto a ellas.
Expediente Público se presentó ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos el 24 de enero para conocer la documentación, pero la fiscal Dirla Meza informó que no podían compartirla, porque es parte de la investigación de la Corte contra los exjerarcas militares.
Esta misma respuesta se recibió del oficial en retiro Romeo Velásquez al consultarle por su proceso legal el 20 de enero.
No obstante, la defensa de Velásquez se ha pronunciado en varios medios de comunicación nacionales señalando que la fiscalía no tiene el arma homicida y que el ente está haciendo “suposiciones sin pruebas científicas”.
¿Asesinato u homicidio?
El abogado penalista hondureño, Carlos Chajtur, explica a Expediente Público que “el homicidio es una acción no premeditada”.
“El asesinato tiene elementos que el homicidio no tiene, por ejemplo, son elementos del asesinato la premeditación, el hecho de ensañarse contra la víctima”, manifiesta.
A criterio del experto penal para que los coroneles retirados sean acusados de homicidio la fiscalía debe probar que “tuvieron alguna participación en la muerte”.
“No se trata únicamente de que porque una persona es jefe de la Fuerzas Armadas es responsable de la muerte que pueda provocar un soldado, si fuera así estuviesen todos los comandantes de batallones presos”.
“Cuántas veces ha ocurrido un hecho en que un policía o soldado se ve involucrado en la muerte de una persona”, ejemplifica.
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Una orden
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación instalada en Honduras luego del Golpe de Estado en su último informe sobre los hechos en el 2011 describe que “existe certeza que miembros del Ejército de Honduras violaron el derecho a la vida de Isy Obed Murillo Mencías”
“La víctima fue ejecutada extrajudicialmente por miembros del Ejército de Honduras, los cuales apostados dentro del aeropuerto dispararon sobre objetivos específicos situados detrás del muro de piedra de Popeyes, en donde se encontraba Isy Obed Murillo”, se describe más adelante en el informe.
Este es el informe en el que se basa la fiscalía para probar la culpabilidad de los excoroneles en el sentido de dar la orden para disparar a los manifestantes.
De acuerdo con Chajtur el juez que llevé el caso debe tener al menos una orden que pueda probar que Romero ordenó dar la directriz de disparar, aunque, recapacita en la dificultad que será encontrar este documento 15 años después del hecho.
“Tienen que haber personas que recibieron esa orden que diga que en efecto él ordenó disparar”, señaló el abogado.
Delito de lesa humanidad
El experto en derecho internacional, Joaquín Mejía, dijo a Expediente Público que el delito por el que se está juzgando a estos excoroneles no es homicidio ni asesinato sino uno de “lesa humanidad”.
“Este caso no es ni asesinato ni homicidio, es una ejecución arbitraria como crimen de lesa humanidad cometida en el marco del contexto de Golpe de Estado. Y eso al ser ejecución arbitraria lo convierte en un delito más grave que el simple homicidio o el asesinato”, indica Mejía.
Según Mejía la responsabilidad pesa sobre estos coroneles, porque debían cuidar la vida de las personas frente a los peligros, en cambio, no hicieron nada.
“Podían dar una orden y detener lo que estaba pasando y no lo hicieron, debían de prevenir esos crímenes y adoptar medidas para hacerlos cesar, para pararlos y para castigar a sus subordinados que los estaban cometiendo y obviamente remitirlo a las autoridades competentes”, manifestó.
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La justicia tardía
“Estos 15 años han sido de sufrimiento, de dolor (…), pero aquí estamos pidiendo justicia”, dijo Silvia Mencia, madre de Isy Obed en una conferencia de prensa del 6 de enero.
Chajtur lamenta la dilatación de la justicia en Honduras y el hecho de que el caso de Isy Obed apenas esté iniciando, 15 años después de su muerte.
“Nosotros como Estado le quedamos debiendo a la gente la parte de la justicia y hay un dicho que dice que justicia tardía no es justicia. Entonces lo que lo que debemos nosotros procurar y exigir es una justicia efectiva y una justicia pronta y expedita y no tener que esperar 15 años para procesar a alguien y para que un juez determine si es culpable o inocente”, apunta.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) reconoció el avance para resolver el caso de Isy Obed, pero reiteró que el país centroamericano tiene una “deuda histórica” con las víctimas de los 80, el Golpe de Estado del 2009 y la crisis post electoral en 2017.
