* Régimen de Nicaragua tienen siete días para refutar las denuncias presentadas en investigación de la Oficina del Representante Comercial de los EE. UU.
** El informe de la USTR será clave en la política que adopte el gobierno de Donald Trump en el tratado comercial con el régimen Ortega-Murillo.
Natalia López / Cobertura Especial
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene, a partir del 17 de enero de 2025, siete días para presentar documentos que contrapongan su postura a lo expuesto en su contra en la audiencia del 16 de enero en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, siglas en inglés).
Dicha oficina activó una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que ha encendido un foco internacional sobre las violaciones en materia comercial de Nicaragua. En la audiencia, se expusieron graves denuncias relacionadas con derechos humanos, derechos laborales y prácticas ambientales destructivas.
En el plazo de siete días, el expediente estará abierto para refutar o ampliar argumentos posteriores a la audiencia. Luego, la Oficina del Representante Comercial elaborará un informe sobre los resultados de la investigación que inició el 10 de diciembre de 2024.
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Relación comercial con EE.UU. a prueba
A partir del informe del panel de investigadores la relación comercial entre Nicaragua con Estados Unidos puede entrar en una fase de tensión.
En el contexto actual, es importante señalar que el 20 de enero de 2025 se producirá un cambio de administración en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Este hecho genera incertidumbre sobre los pasos que se seguirán en la investigación abierta contra el régimen de Ortega y Murillo, especialmente considerando el enfoque político y comercial que podría adoptar el nuevo gobierno estadounidense.
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Barry Appleton, de Appleton & Associates International Lawyers, quien representa a la empresa estadounidense Riverside Coffee, describió la audiencia como un momento crucial en la política comercial de Estados Unidos.
“Anteriormente, las legislaciones comerciales se enfocaban solo en los acuerdos mismos, pero ahora se considera cómo las violaciones de derechos humanos afectan a los negocios y a la sociedad”, explicó el jurista de Appleton & Associates International Lawyers LP.
Según el abogado, esta audiencia marca el inicio de un cambio donde Estados Unidos podría usar su legislación comercial para promover mejores condiciones laborales y democráticas en países como Nicaragua.
Riverside Coffee demandó al régimen de Ortega y Murillo por casi 700 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La demanda invoca el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, en inglés).
La indemnización se exige por los daños causados por la invasión de paramilitares del régimen a la inversión en Hacienda Santa Fe, en el departamento de Jinotega, al norte del país.
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Industria minera y devastación ambiental
Nicaragua se ha convertido en el mayor productor de oro de Centroamérica, con Estados Unidos como principal importador.
Sin embargo, el informe “Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua y su impacto en el Comercio Internacional: Enfoque en las Industrias Minera y de Carne, y en los Derechos Laborales a Nivel Nacional”, presentado a la USTR por el centro de pensamiento Expediente Abierto y Fundación del Río y la Patrol Campaign, detalla cómo las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes provocandesplazamientos, destrucción ambiental y una profunda erosión del estado de derecho.
La situación en la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de la Biosfera Bosawás ejemplifica este problema, donde más de 60,000 hectáreas de bosque primario fueron destruidas sólo en 2023.
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La falta de transparencia también es alarmante. Aproximadamente el 30% del oro exportado por Nicaragua no puede ser rastreado a fuentes legales debido a prácticas contables opacas. Esto implica que gran parte de la riqueza generada por la minería no beneficia a las comunidades locales, sino que se canaliza hacia élites políticas y empresariales cercanas al gobierno.
En palabras de Julio Martínez, director de Programas de Expediente Abierto: “La minería no sólo arrasa con nuestra tierra; también nos niega nuestra identidad y nuestro futuro”.
La devastación ambiental también tiene un impacto directo en la biodiversidad. Reservas como Bosawás son hogar de especies en peligro de extinción y desempeñan un papel clave en el equilibrio ecológico de la región.
La destrucción de estos ecosistemas también afecta a las comunidades indígenas, cuyo sustento depende de la preservación de su entorno natural.
Ganadería y su impacto en comunidades indígenas
El sector ganadero también enfrenta serias críticas. Nicaragua es uno de los principales exportadores de carne bovina a Estados Unidos, pero la Campaña Patrullaje reveló vínculos entre la ganadería ilegal en áreas protegidas y las exportaciones de carne.
Esta práctica no solo fomenta la deforestación, sino que también a las comunidades como los pueblos Rama y Kriol. Desde 2007, Nicaragua perdió el 29% de sus bosques primarios, lo que ha resultado en el desplazamiento forzado de estas comunidades.
Según el informe de Expediente Abierto, Fundación del Río y la Patrol Campaign, el caso de José Solís Durón, un ganadero que opera dentro de la Reserva Indio Maíz, ilustra cómo las tierras protegidas se convierten en zonas de ganadería ilegal.
Estas actividades se realizan con la aparente complicidad del régimen, lo que permite que el ganado sea vendido a los principales mataderos del país y, eventualmente, exportado a mercados internacionales. Este proceso contribuye a la deforestación masiva y al desplazamiento de las comunidades locales.
El testimonio de Martínez resalta la situación: “Las vacas que alimentan las mesas de Norteamérica están marcadas con el sufrimiento de nuestras familias y la destrucción de nuestros bosques”.
Además, 46 miembros de comunidades indígenas han sido asesinados desde 2018 en su lucha por proteger sus territorios, lo que refleja el alto costo humano de estas actividades.
Por otro lado, el impacto de la ganadería en el cambio climático también es significativo. Las tierras deforestadas ya no actúan como sumideros de carbono, exacerbando así las crisis climáticas globales. Esto subraya la importancia de abordar estas prácticas no solo como un problema local, sino también como un asunto de interés internacional.
Violaciones a los derechos laborales
El informe también denuncia la sistemática negación de derechos laborales en Nicaragua. Desde 2018, se han cerrado más de 3,300 organizaciones, incluyendo 562 sindicatos. Las zonas francas, donde se concentran los empleos manufactureros, son escenario de despidos ilegales y acoso, especialmente hacia las mujeres trabajadoras. Estas violaciones contradicen tanto la legislación nacional como los acuerdos internacionales.
Un ejemplo es la explotación laboral en las zonas francas, donde las condiciones de trabajo son precarias y las medidas de seguridad son insuficientes. Las mujeres, en particular, enfrentan una doble vulnerabilidad debido al acoso y la discriminación. Además, la clausura de organizaciones como el Movimiento María Elena Cuadra ha dejado a muchas trabajadoras sin apoyo frente a estas injusticias.
La intervención de Martínez puso en perspectiva el impacto humano de estas prácticas. “Nuestros derechos laborales no son solo líneas en un documento; son nuestra dignidad y nuestra sobrevivencia”.
La falta de transparencia por parte del Ministerio del Trabajo agrava la situación. Muchas denuncias de violaciones laborales son ignoradas o desestimadas, dejando a los trabajadores sin recursos legales efectivos. Esta situación crea un ambiente de impunidad que facilita la explotación laboral y perpetúa las desigualdades.
