* Los partidos opositores deben llegar a un consenso sobre la convocatoria a próximas elecciones, nuevamente sin garantías.
** La reforma constitucional anunciada por el dictador venezolano es otro punto de debate, señala ex constituyentista Carlos Tablante.
*** La economía venezolana mantendrá un crecimiento discreto, signado por la incertidumbre en torno al futuro de las licencias otorgadas por el gobierno estadounidense a las transnacionales petroleras.
Expediente Público / Especial desde Caracas
La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela intentará consolidar el poder interno fomentando la división entre la coalición opositora, cuyos partidos deben debatir si acudirán a los siguientes sufragios, después del fraude en las presidenciales del 28 de julio del 2024.
Cinco días después de la toma de posesión de Maduro para un nuevo sexenio, el pasado 10 de enero, el parlamento dominado por el oficialismo inició una ronda de deliberaciones con sus fuerzas afines, con el propósito de fijar las fechas de los próximos eventos electorales.
Una de las primeras propuestas en conocerse fue la del diputado José Brito (Primero Venezuela), quien planteó hacer los comicios para gobernadores, alcaldes, concejales y miembros de legislaturas regionales el 20 de julio.
Además, el 7 de diciembre correspondería escoger a los diputados de la próxima legislatura de la Asamblea Nacional.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Los alacranes de Nicolás Maduro
Brito es conocido como integrante del grupo de los “alacranes”, por haber transitado desde uno de los principales partidos opositores (Primero Justicia) a la esfera oficialista.
Según el portal de investigación Armando.info, en este proceso de conversión intervino el empresario colombiano Alex Saab, exfuncionario y preso por lavado de dinero en Estados Unidos, hasta que fue puesto en libertad en 2023 a cambio de prisioneros estadounidenses en Venezuela.
Brito fue uno de los primeros en “proponer” el 28 de julio, fecha de nacimiento de Hugo Chávez, para llevar a cabo la elección presidencial.
El parlamentario fue sancionado en enero de 2020 por el Departamento del Tesoro, después de intentar tomar el control parlamentario, entonces, en manos de los opositores.
En contexto: Rodrigo Chaves sobre Venezuela: “El fraude es un pecado que no sé si Dios lo puede perdonar”
Maduro ofrece sometimiento tras el fraude
La convocatoria a nuevos procesos electorales representa un desafío para los partidos de la coalición opositora.
Si bien la participación en los procesos venideros serviría para confirmar que el madurismo ya no es una mayoría política, las fuerzas que actualmente detentan el poder en Venezuela anuncian que no admitirán a candidatos que no hayan reconocido la victoria de Maduro en la votación del 28 de julio.
Esta es una de las líneas estratégicas adoptadas por el oficialismo tras las elecciones presidenciales, cuyo resultado es ampliamente cuestionado por la comunidad internacional, por no contar con el aval de las actas de votación. En ello coinciden, incluso, antiguos aliados del régimen de Caracas, como la Colombia de Gustavo Petro y el Brasil de Luis Inácio Lula da Silva.
En este sentido, en los últimos cinco meses el oficialismo aprobó un conjunto de leyes que pretende sacar del juego electoral a quienes sean considerados “fascistas” o “neofascistas”, o que sean señalados de promover o favorecer la imposición de sanciones contra el actual régimen.
El último texto legal sancionado, llamado Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, establece prisión hasta por 30 años e inhabilitación política hasta por 60 años para quienes sean señalados de solicitar o favorecer la imposición de “medidas coercitivas unilaterales” (sanciones) contra la dictadura.
“Esta ley tiene una finalidad totalmente política”, explicó a Expediente Público el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.
Se pretende “colocar a las personas que de alguna manera van contra los intereses del Gobierno en una situación de tal gravedad que por supuesto no se atrevan ni tan siquiera hablar ni a pronunciarse ni a decir absolutamente nada”, dijo.
Por el otro lado, “intenta sacar del juego de manera automática a una cantidad de actores que, por supuesto, al Gobierno no le interesa que se sigan haciendo vida política”.
El académico recordó que esta ley se une a otras recientemente aprobadas, como la de Fiscalización a las ONGs, y otra llamada contra el Fascismo y el Neofascismo, que se caracterizan por estar redactadas de forma imprecisa y a veces redundante.
El propósito final es “posicionar amenazas en el discurso público”, y que los actores políticos y de la sociedad civil se inhiban de asumir posiciones críticas.
“Es parte de un proceso represivo que lo que busca es callar y asustar a la gente”, sentenció.
De interés: Marco Rubio: China, Venezuela y Nicaragua son amenazas a la seguridad de EE.UU.
Discusión en medio de represión
En Venezuela, la represión también se ha traducido en detenciones y muertes. Desde la elección del 28 de julio, por lo menos 28 personas perdieron la vida a manos de fuerzas progubernamentales.
Más de 1,900 fueron privados de libertad por oponerse al anuncio sobre la reelección de Maduro.
Las detenciones continuaron en enero. Según el Foro Penal, durante los primeros once días del mes fueron aprehendidas 75 personas, 19 de ellas el día de la investidura de Maduro para un nuevo período.
El 9 de enero, la lideresa opositora María Corina Machado fue emboscada cuando abandonaba una manifestación en rechazo a la toma de posesión. Horas después, fue liberada.
En un mensaje divulgado a través de redes sociales el día siguiente, Machado aseguró que, a pesar de las acciones represivas, “nuestro país está más unido que nunca, en su dirección política y en sus hogares”.
Sin embargo, hay dudas en torno a la actitud que asumirán los partidos políticos de la coalición opositora, al verse ante la encrucijada que plantean las convocatorias a elección, con el requisito de reconocer la victoria del oficialismo en julio.
Tras la toma de posesión, Primero Justicia divulgó en su página oficial un artículo de Julio Borges (vicepresidente de estrategia de la tolda), en el que avala el liderazgo de Machado y reconoce la victoria del opositor Edmundo González.
Esta posición contrasta con la asumida por el excandidato presidencial de ese partido, Henrique Capriles, quien renunció a la directiva de la organización y ha evitado sentar posición con respecto a la consolidación de la autocracia madurista.
Otro que ha asumido una estrategia de silencio es el actual gobernador del Zulia y máximo dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales. Tanto PJ como UNT, junto a Acción Democrática y Voluntad Popular, son los integrantes del llamado grupo de los 4 (G4), las principales agrupaciones de oposición.
Temen fisuras en coalición opositora
La perspectiva de una fisura en esta coalición fue admitida por el exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente (1999) y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante.
Al ser consultado por Expediente Público, Tablante sostuvo que la mejor manera de zanjar las diferencias es mediante la discusión entre quienes representan los distintos factores, con miras en los próximos eventos comiciales.
“Esto es un tema fundamental de la discusión. No podemos. participar en un cronograma electoral cuando se acaban de producir las elecciones para el presidente, que ganamos de manera contundente, con un resultado irrebatible, y se han robado el resultado”, indicó.
“Ahora pretenden que vayamos a una especie de cronograma electoral montado por una estructura de poder fraudulenta es decir por un CNE por un Tribunal Supremo y una Asamblea que han sido cómplices a ese fraude”, agregó.
“Pretenden que nos metamos en un proceso electoral, donde Maduro pueda enchufar a unos y desenchufar a otros”, sostuvo el político.
Tablante invitó a Rosales y a Capriles para que se incorporen a las discusiones de la Plataforma Unitaria, y propongan alternativas de acción frente a la coyuntura planteada por el régimen.
Advirtió que este debate no debe restringirse solamente a los eventos electorales relacionados con las gobernaciones, alcaldías y el Parlamento. En su criterio, también debe colocarse en agenda la discusión sobre una posible reforma constitucional, avanzada por el propio Maduro.
“Allí van a tratar de consolidar el llamado Poder Comunal, y eliminarán el derecho a la propiedad privada”, aseguró.
Si el oficialismo plantea un cambio a la Constitución, tendría que convocar a un referendo aprobatorio, tal y como sucedió en 2007 con la propuesta formulada por el entonces presidente Hugo Chávez. Ese referéndum fue el primer evento electoral en que salió derrotado el teniente coronel.
“Yo aspiro que en algún momento esos partidos, a través de sus direcciones nacionales, hagan un diagnóstico de lo que nos está pasando y le ofrezcan al país alguna explicación de lo que ellos están pensando y lo que consideran que es la salida o la solución a esta situación de falta de gobernabilidad democrática en la cual se encuentra atrapada Venezuela”, afirmó Tablante.
Puede interesarle: Nicolás Maduro se juramenta y profundiza dictadura en Venezuela
Freno al crecimiento
La incertidumbre en torno a lo que sucederá en el plano político va aparejada con la relacionada al desempeño económico de Venezuela.
En una entrevista con Ignacio Ramonet, Maduro afirmó que el producto interno bruto del país había crecido más de 9% en 2024, y que el comportamiento de la economía sería similar en el año que comienza.
Pero los estimados del Fondo Monetario Internacional son más discretos. De acuerdo con el multilateral, la economía venezolana tuvo un crecimiento de 3% en 2024, y su desempeño será similar en estos doce meses.
Otras entidades, como el Observatorio Venezolano de Finanzas, indicaron que hubo un alza de 3.8%. Aunque no es la cifra vociferada desde el oficialismo, sí pareciera indicar una tendencia al crecimiento, sustentado mayoritariamente en el desempeño del sector petrolero.
¿Cómo se comportará la economía en 2025? Según el economista y experto en materia energética Francisco Monaldi, todo dependerá de las decisiones que se tomen en cuanto a las licencias otorgadas a transnacionales para operar en la industria petrolera.
“Hay dos escenarios: uno es en que se mantiene el régimen actual de licencias, particularmente la de Chevron, y el otro es que se cancelan o se restringen esas licencias”, explicó a Expediente Público.
El experto agregó que “sin duda alguna, el motor principal del crecimiento económico en los últimos dos años fue el crecimiento de la actividad petrolera y ese crecimiento se concentró tremendamente en la producción de Chevron”.
Gracias a los permisos a la transnacional californiana, y en menor medida a la española Repsol y la italiana ENI, entre otras, Venezuela ha logrado elevar su producción, desde 780 mil barriles diarios para finales de 2023 a 988 mil barriles diarios para diciembre de 2024, según lo indicado en el último boletín mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Monaldi explicó que solo Chevron ha llegado a manejar el 25% de la producción petrolera nacional.
Chevron es, además, el principal suplidor de divisas extranjeras para el mercado nacional, toda vez que reinvierte el 30% de sus ganancias en la consolidación de los campos que opera.
Mira sobre el petróleo
Al momento de hacer la entrevista a Monaldi, el senador y próximo Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio afirmaba que era necesario revisar la licencia otorgada a Chevron.
Según el experto, la revocatoria de los permisos a Chevron y otras empresas del ramo sería “el peor escenario”. Aún así, el efecto sobre el desempeño económico general no sería inmediato, pues la estatal petrolera venezolana asumiría por completo las operaciones en esos campos.
“Venezuela tendría otra vez problemas en obtener diluyentes para sus crudos extrapesados. Cuando no había licencias esos diluyentes estaban viniendo de Irán. Venezuela tendría que volver a acordar con Irán la importación de esos diluyentes. Eso tomaría tiempo restablecerlo. Además eso es mucho más costoso que los diluyentes importados desde Estados Unidos”, explicó.
En este contexto, el régimen venezolano tendría que incursionar nuevamente en el mercado negro, donde era un actor conocido hasta que la firma del acuerdo de Barbados (octubre de 2023) le permitió regresar al mercado formal.
La diferencia entre uno y otro, indicó el experto, consiste en la participación de intermediarios en el mercado negro, que descuentan jugosas tajadas de la factura petrolera.
Monaldi indicó que, al estar planteada la discusión sobre las licencias en el plano internacional, los capitales foráneos prefieren esperar o buscar otros destinos, donde se perciba mayor solidez institucional.
Por otra parte, la capacidad para renegociar la deuda externa y obtener empréstitos será prácticamente nula para la dictadura venezolana.
