* La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. recibió pruebas y testimonios que sustentan investigación histórica contra el régimen de Ortega y Murillo.
** Riverside Coffee expuso cómo la invasión de paramilitares del régimen acabó con las inversiones de la empresa estadounidense en Nicaragua.
Natalia López / Cobertura Especial
Expediente Público
El 16 de enero de 2025, la ciudad de Washington D.C., fue el escenario de una audiencia crucial organizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, siglas en inglés). Esta instancia, parte de una investigación iniciada en diciembre de 2024 por la administración de Joe Biden bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que examinó las prácticas y políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La investigación aborda violaciones a los derechos humanos, laborales y el desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua, lo que podría tener profundas implicancias para la relación comercial entre ambos países.
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Riverside Coffee, testimonio clave
La audiencia reunió a activistas, organizaciones no gubernamentales, expertos en derechos humanos y representantes de sectores afectados, quienes presentaron testimonios que evidencian el deterioro en diversas áreas bajo el régimen de Ortega. Entre ellos, destacó el testimonio del profesor Barry Appleton, de Appleton & Associates International Lawyers, quien representa a Riverside Coffee.
Esa empresa estadounidense demandó al régimen de Ortega y Murillo por casi 700 millones de dólares. Appleton brindó una declaración en exclusiva para Expediente Público.
“La audiencia de hoy fue absolutamente crítica porque abrió una nueva área en la que Estados Unidos puede usar su propia ley comercial para promover mejores derechos humanos, mejores derechos laborales y una mejor comprensión del Estado de derecho y el cumplimiento de los acuerdos internacionales», explicó el abogado.
Riverside Coffee exige la indemnización millonaria alegando que paramilitares armados del régimen destruyeron su inversión en una plantación de aguacates en el país centroamericano. La demanda fue presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Empresas de EE.UU. se benefician del régimen
La ausencia del Estado de derecho fue un tema recurrente del cual también habló Appleton a las autoridades de la Oficina Comercial de Estados Unidos.
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«Riverside Coffee se vio afectada. Su negocio y todos sus trabajadores perdieron sus empleos, además de décadas de inversiones, sin ninguna razón justificada. Esta es una buena oportunidad para compartir nuestra experiencia y ayudar a que Estados Unidos interprete mejor su legislación en el futuro», afirmó Appleton.
Por otra parte, aseguró que en la actualidad hay empresas estadounidenses beneficiadas por el régimen Ortega-Murillo, lo que la administración de Joe Biden como la del próximo gobierno de Donald Trump deben investigar.
«Se benefician del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del gobierno de Nicaragua. Esta situación es compleja. El Gobierno estadounidense está muy descontento debido al impacto de la migración masiva resultante de estas políticas fallidas. Muchas personas aman Nicaragua, pero la abandonan porque no ven un futuro allí. Si tuvieran esperanzas de un futuro, no se irían», afirmó Appleton.
Represión y deterioro institucional
El régimen de Ortega y Murillo ha sido objeto de denuncias internacionales por un patrón sistemático de represión. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas ONG han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas para disidentes.
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Este clima de represión ha permeado al ámbito laboral y ambiental, donde se observan violaciones graves que afectan tanto a comunidades vulnerables como a los recursos naturales de Nicaragua.
Uno de los focos de la investigación de la USTR es el impacto de las políticas del régimen nicaragüense en el comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial.
Lo que el Gobierno de Estados Unidos examina tiene sustento en la Ley de Comercio de 1974, que está por encima del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR Cafta, por sus siglas en inglés).
Tras estas audiencias no se suspenderá a Nicaragua del DR Cafta, pero sí permitirían una investigación más exhaustiva, que de encontrar indicios de violaciones por parte del régimen se podría decidir revisar o renegociar el tratado de libre comercio. Pero también, por ejemplo, sanciones comerciales o nuevos aranceles.
Migración, tema en la audiencia
La migración fue otro de los temas que resonó en la audiencia.
Appleton, de Appleton & Associates International Lawyers, expresó que se expuso que uno de los mayores impactos en las finanzas de Nicaragua es causado por la emigración masiva.
«Las remesas enviadas por los migrantes son utilizadas para equilibrar los pagos del país. Esto es una historia terrible, ya que indica que el país está castigando a su gente y obteniendo beneficios de ello. Nadie debería querer que eso suceda, ni siquiera las empresas responsables de Estados Unidos», agregó.
De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2024 se habrían recibido más de 5,000 millones de dólares en remesas, superando los 4,600 millones que ingresaron en 2023.
A su vez, el abogado Appleton, analizó lo que podría pasar con la investigación de la Oficina Comercial a pocos días del cambio de Gobierno de Estados Unidos.
“Este proceso ahora depende de un comité de la agencia y de los representantes de Estados Unidos, quienes luego asesorarán al presidente. Con el cambio de administración presidencial en unos días, es probable que el próximo mandatario, que aparentemente favorece las represalias comerciales, aproveche esta oportunidad para imponer medidas en respuesta al incumplimiento de acuerdos comerciales¨, afirmó.
Appleton fue claro en que Ortega “actúa con impunidad, no cumple con los acuerdos y piensa que no habrá consecuencias”.
Sin embargo, esto podría cambiar con el resultado de la investigación. “Es probable que enfrente consecuencias significativas. Dada la gravedad de la situación, este podría ser el mejor uso de la legislación comercial estadounidense en lugar del peor. Este proceso tomará algunos meses y dependerá del nuevo Gobierno, por lo que habrá que esperar para ver cómo evoluciona», dijo.
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Ejes de la denuncia
El sector minero de Nicaragua, el más grande de Centroamérica, ocupó un lugar prominente en la investigación. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la industria sigue creciendo, con exportaciones mayoritariamente dirigidas al mercado norteamericano.
Sin embargo, detrás de este crecimiento se oculta un panorama alarmante.
«El gobierno (de Ortega) reporta exportaciones de oro un 30 % superiores a las cifras oficiales de producción, lo que genera cruciales preguntas sobre las entidades gubernamentales no declaradas que se benefician de estas exportaciones», destacó Julio Martínez, quien representó al centro de pensamiento Expediente Abierto, Fundación del Río y la Patrol Campaign.
La industria ganadera también estuvo bajo denuncia. Nicaragua exporta alrededor de 140 millones de libras de carne de res anualmente a Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones revelaron que parte de esta carne proviene de ganado criado en tierras deforestadas ilegalmente, incluidas áreas protegidas como la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera Bosawás.
«Las tierras utilizadas para la ganadería son a menudo arrebatadas a comunidades indígenas mediante violencia y despojo. Desde 2018, 46 líderes comunitarios y guardaparques han sido asesinados, mientras que otros 12 permanecen encarcelados por defender sus territorios», afirmó Martínez durante su testimonio.
Desde el retorno al poder de Ortega en 2007, Nicaragua ha perdido el 29% de sus bosques primarios, siendo la ganadería ilegal el principal factor.
La investigación también abordó el deterioro de los derechos laborales. Bajo el régimen actual, las instituciones destinadas a proteger a los trabajadores han sido desmanteladas, dejando a miles de personas expuestas a condiciones de trabajo precarias y sin mecanismos efectivos de defensa.
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Relaciones comerciales en juego
La audiencia en Washington, D.C., marcó un momento crucial en la lucha por los derechos humanos, laborales y ambientales en Nicaragua. Los testimonios y evidencias presentados buscaron no solo exponer las prácticas abusivas del régimen de Ortega y Murillo, sino también impulsar medidas concretas que protejan a las comunidades más vulnerables y garanticen un comercio justo y responsable.
Las acciones que surjan de esta investigación podrían definir el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países y enviar un mensaje claro sobre el compromiso con los derechos humanos en el ámbito global.
