* Gobierno de Honduras destina US$353 mil a consultorías en 2024, incluyendo un político venezolano cercano al PSUV.
** Consultorías se realizaron de forma directa y evadieron procesos de la Ley de Contratación del Estado.
Yarely Madrid / Expediente Público
En el 2024 la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) de Honduras destinó 8.8 millones de lempiras (353 mil dólares) en consultorías, asesorías de opinión pública y monitoreo de medios.
La organización Justicia y Transparencia explicó a Expediente Público que la SPE debería tener el recurso humano para hacer directamente este trabajo, porque es la encargada de las estrategias de comunicación e información a todas las secretarías de Estado en Honduras.
También tiene la tarea de administrar las comunicaciones del Poder Ejecutivo, según un Decreto Ejecutivo aprobado en 2022.
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Expediente Público revisó las facturas publicadas en la plataforma de Información Pública de la SPE sobre publicidad y encontró que todos estos pagos fueron realizados con fondos del Tesoro Nacional, por medio de contrataciones directas, aunque no son casos de emergencia como demanda la ley.
Además, una de las consultoras es de origen venezolana y en el 2023 esta misma secretaría le pagó 4.2 millones de lempiras (173 mil dólares).
Se consultó al ministro de la SPE, Ricardo Salgado, sobre este tema en el mes de diciembre, pero no hubo ninguna contestación.
Iskra Global, la consultora venezolana
La consultora Iska Global Sociedad de Responsabilidad Limitada fue inscrita en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) el 15 de enero del 2024.
En la ficha de inscripción de la CCIT se describe que su labor es realizar consultorías en planificación estratégica; asistencia técnica; elaboración de proyectos; comunicación política y capacitación de empresas e instituciones del gobierno.
No obstante, las facturas de SPE describen que se le paga para que haga monitoreo de los medios de comunicación, capacitación y fortalecimiento de esa institución.
Esta consultora pertenece al venezolano Jorge Luis Ladera, un político y abogado venezolano que actualmente vive en Honduras.
Ladera perteneció al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así lo describen varias notas de esa fuerza política.
PSUV a base de autoritarismo y sospechas de fraudas electorales se instauró como el partido único en Venezuela y comanda ese país bajo el régimen de Nicolás Maduro.
A Iska Global la SPE le pagó en total 5.6 millones de lempiras (225 mil dólares) durante el 2024, por cuatro consultorías.
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Consultora Cygnus
La Corporación Cygnus Consultores S de R.L fue inscrita como proveedor del Estado en el 2024.
De acuerdo con la inscripción de la empresa como proveedor del Estado, la representante legal de esta empresa es Reina América Rodríguez de Escoto, de quien no se conoce información.
Se dedica a brindar servicios de consultoría empresarial y asesoría legal, según describe su página web.
A esta consultora se le pagaron 2.6 millones de lempiras (106 mil dólares) en tres consultorías del mes de julio del 2024.
En las facturas se describen que estos pagos fueron para elaborar la “publicidad y pauta digital” de la Secretaría de Planificación Estratégica.
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Inversiones Broso, opinión pública
A Inversiones Broso, S de RL, la SPE le hizo tres pagos julio, febrero y marzo valorados en 517,500 lempiras (20,700 dólares).
Estos pagos fueron destinados para que la empresa hiciera mediciones de opinión pública, de acuerdo con las facturas.
Según los registros del Registro Mercantil de Tegucigalpa Inversiones Broso fue inscrita en octubre del 2022.
La dueña de esta empresa es Silvia Marina Brocato Morel, quien fue asistente de estrategia y comunicación de la Secretaría de la Presidencia en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales en 2006.
Gobierno de Honduras aplica “dedocracia”
Todos estos pagos se realizaron como pagos en publicidad, no obstante, se trataba de consultorías, algo que no aplica a realizar una contratación directa.
El artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras establece que, “los contratos de consultoría se adjudicarán mediante concurso, ajustándose a las modalidades de invitación pública o privada”.
El director de Justicia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, considera que lamentable que el gobierno contrate asesores a fines al gobierno y se deje de lado la competitividad que debe tener una licitación pública.
“Es algo que no es adecuado en temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas, no genera competitividad sana y tampoco finalidad primordial que el Estado compre a un buen precio justo, si no al que oferte la empresa que está buscando ser contratada”, resaltó.
Además, destaca que, la Ley de Transparencia a la Información Pública establece que sea cual sea el contrato que se suscribe debe de llevar el uso de cláusulas anticorrupción vinculadas a generar transparencia.
“Esto tiene que ser informado a la Oncae (Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras)”, explicó.
¿Por qué contratar consultoras?
Estudios económicos sostienen que los responsables de políticas recurren a consultores debido a su eficiencia al abordar tareas complejas y estos proporcionan una serie de habilidades técnicas especializadas que son más caras porque se producen dentro de la administración pública.
No obstante, esta práctica es considerada para algunos economistas como derrochadora por el alto costo.
En ese sentido, un estudio realizado por C. Gregory Buntz, director del Programa de Administración Pública de la Universidad del Pacífico, llamada “Proyecto sobre Supervisión Gubernamental” sugiere que lo ideal sería “desarrollar suficiente capital humano interno” capaz de resolver esos problemas.
Eficacia
Aguilar califica como “violenta” y “poco transparente” la administración de Ricardo Salgado como titular de esa secretaría.
“Hemos evidenciado a través de algunos informes que no se están cumpliendo muchos temas de acceso a la información pública (…) y no se está planificando operaciones del Estado, sino por el contrario se ha atacado a diferentes sectores tanto políticos como sociales”, manifestó.
Aguilar dijo que la SPE no potencia el Poder Ejecutivo, ni utiliza mejor los recursos, sino que, “se ve un fuerte gasto con muy pocos resultados”, lo que impacta directamente el accionar del gobierno.
