* Expertos consideran que la megacárcel Mocorón es innecesaria y recomiendan apostar por reestructurar el sistema penitenciario en Honduras.
** Penales deben estar en manos civiles, no militares, critican fuentes consultadas por Expediente Público.
*** Pueblos originarios temen que cárcel propicie la criminalidad en territorios comunitarios.
Sharon Ardon y Yarely Madrid / Expediente Público
El gobierno hondureño anunció la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en la Mosquitia para aislar a los criminales peligrosos, al estilo de El Salvador.
Sin embargo, los análisis indican que sería más costosa e innecesaria una megacárcel en una zona tan alejada, y que lo mejor es reestructurar y modernizar el sistema penitenciario actual.
El Gobierno de Xiomara Castro planifica una cárcel para 20,000 reclusos en el Fuerte Mocorón, a 55 kilómetros de Puerto Lempira, cabecera del departamento de Gracias a Dios, en el Caribe. La cifra corresponde al aproximado de toda la población carcelaria de Honduras.
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Esta región es habitada por comunidades indígenas como misquitos, pech y tawahkas, además de garífunas, quienes se oponen a la construcción por temor al incremento de la criminalidad, como la expropiación de sus tierras.
La cárcel de Mocorón se anunció previa a la cancelación de la megacárcel en Islas del Cisne, cuya licitación quedó desierta, aunque también tuvo un amplio rechazo de la población.
La ministra de Defensa y Seguridad, Rixi Moncada, expresó el 12 de diciembre de 2024 en una actividad con militares, que, aunque la construcción en esa isla se suspendió debido al “boicot”, al CRE en Mocorón “nadie lo detiene”.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, acusó en ese mismo contexto a los opositores a la construcción de la cárcel como “cómplices del narcotráfico”.
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Proyecto de la cárcel en confidencialidad
Cabe destacar que no existe información concreta sobre costos de construcción, estudios previos y licitaciones. Esto porque el centro penitenciario está dentro del “Plan de Seguridad Contra el Crimen” en el que se establece que los proyectos son confidenciales por carácter de “seguridad” nacional.
Únicamente se conoce que será ejecutado por las fuerzas armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y que estará diseñado para albergar 20,000 reclusos de alta peligrosidad.
Expediente Público trató de comunicarse con el jefe del sistema penitenciario en Honduras, coronel Ramiro Muñoz, para conocer los criterios de elegibilidad en esta zona ancestral, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
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Respuesta a crisis de hacinamiento
Estos proyectos carcelarios surgen como respuesta a la crisis de hacinamiento actual en el sistema penitenciario de Honduras.
Un informe del 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con datos del INP detalla que hay una sobrepoblación del 149% con más de 19,000 personas privadas de libertad distribuidas en los 25 centros penitenciarios de Honduras.
Mirna Flores, experta hondureña en temas de seguridad, señaló a Expediente Público que, si se busca abordar el problema de la sobrepoblación y los motines en las cárceles, es fundamental evaluar primero el funcionamiento de las prisiones de máxima seguridad existentes.
En Honduras, ya existen cárceles de máxima seguridad como El Pozo 1, ubicada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, así también La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
Flores tampoco cree que necesaria una mega cárcel «porque eso dificultaría su manejo”, recomienda una más pequeña, “pero dotada de más tecnología”.
Rol del Ejército con las cárceles
Además, se deben separar las personas que están condenadas de las que todavía no lo están y, particularmente, atacar el enorme problema de corrupción.
Flores criticó que estén las fuerzas armadas al frente del sistema penitenciario, en su lugar, sugirió formar y capacitar al personal del Instituto Nacional Penitenciario.
“Las cárceles tienen que volver a manos de civiles y ser dirigidas por civiles y por guardias de seguridad formados en el sistema penitenciario”, puntualizó Flores.
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Sobre el respaldo del ejército al sistema carcelario, Wendy Funez, directora del medio digital Reporteros de Investigación explicó a Expediente Público que precisamente los militares buscan mantener su influencia política para justificar su existencia.
Justamente el 26 de noviembre del 2024, la ministra Moncada, en compañía de los militares encabezado por el general del Ejército Roosevelt Hernández, realizó una inspección en los terrenos de Mocorón donde se construiría la cárcel.
“El ejército no tiene razón de ser en Honduras y su razón para querer existir y justificar su existencia es meterse en política”, lo que deriva en el empeño de mantenerse en temas de seguridad cuando no son ellos quienes deberían hacerlo, afirmó la periodista.
El predominio de las fuerzas armadas en seguridad ciudadana contradice la promesa de la mandataria Castro de “desaparecer la policía militar” en el país y enviarla a sus cuarteles, indicó.
Fúnez observó también que, tras la destitución del Ramón Sabillón como ministro de Seguridad , en junio del 2023, los militares avanzaron en recuperar el control presionando al Gobierno para mantener influencia en políticas de seguridad.
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Reforma al sistema carcelario
El exdirector de centros penitenciales en Honduras, Danilo Orellana propusó una reestructuración profunda del sistema penitenciario, donde se adhieran centros de diagnóstico para clasificar a los reclusos según el tipo de delito.
Orellana refirió a Expediente Público que la segregación debe incluir centros específicos para condenados, reclusos en proceso judicial, haciendo énfasis en desarrollar centros de rehabilitación donde se les preparen para reinsertarse a la sociedad.
Fortalecer la Escuela Penitenciaria para capacitar al personal adecuado y retirar gradualmente a los militares es otra de las medidas sugeridas.
“Hace falta la infraestructura y manejar una mejor legislación y contratar asesores. La solución no es poner militares allí, es fortalecer el sistema penitenciario a través del (mismo) sistema penitenciario”, concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a Honduras en el 2023 pasar de un modelo punitivo a uno de reinserción y rehabilitación para los presos.
Temen aumento de criminalidad
Pese a que las autoridades sostienen que esta cárcel será construida en predios pertenecientes al ejército, pobladores de la Mosquitia desconfían.
«Los militares son más corruptos y están coludidos con el crimen organizado”, afirma a Expediente Público un dirigente misquito que prefirió hablar bajo anonimato. Cuestiona porqué se pretende construir la megacárcel en la zona “sabiendo el trasiego de muchas cosas estando los militares”.
Anudado a ello, para la diputada de Gracias a Dios por el Partido Liberal, Erika Urtecho, la experiencia de otros sectores del territorio hondureño en los que se construyeron cárceles, les da una pauta a los pueblos originarios sobre los riesgos en el aumento de criminalidad e impactos ambientales, sociales y culturales negativos.
Paralelamente, Wendy Fúnez explicó que existen antecedentes que evidencian cómo “las cárceles sirven como economía para que se mueva el crimen organizado”.
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Caso de El Salvador y Colombia
Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP) de El Salvador, en entrevista con Expediente Público respaldó que la criminalidad puede aumentar en la zona con la cárcel Mocorón.
Ejemplificó el caso del municipio de Chalatenango en El Salvador, en el que una cárcel en esa zona demostró el incremento en el índice de homicidios.
Para solucionar este problema, Reyes sugiere a Honduras una medida que se implementó en El Salvador que es la prohibición de visitas, “eliminarlas por completo”.
“Es drástico claro, pero es una solución que aquí al menos ha dado buenos resultados y ha evitado la movilización de familias de pandilleros a los lugares donde están los penales”, dijo a Expediente Público.
Por el contrario, Carlos Barrachina, profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales manifestó a Expediente Público que alejar a los presos de la sociedad está en contra de los derechos humanos.
“Da la impresión de que quieren alejarlos y que nadie se acuerde de ellos”, expresó.
Barrachina recalcó que, los privados de libertad estarían alejados de sus familiares que, en muchos casos no podrán visitarlos debido al difícil acceso del lugar.
Barrachina también vaticinó los problemas básicos, agua y luz, que tendrá la cárcel en Mocorón, pues requiere mantenimiento.
Colombia da la pauta
Igualmente, el exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia, Hugo Acero, considera que una cárcel lejana es más costosa puesto que requiere equipamiento, mantenimiento, alimentos, equipos y materiales entre otras cosas para poder funcionar.
Acero demostró que se pueden construir cárceles en las ciudades sin que aumente la violencia y sin violaciones de derechos humanos de los privados de libertad.
“Las cárceles pueden estar metidas dentro de un barrio y no es un problema, ni ha sido un problema y así hemos construido” aseveró el experto en Seguridad de Colombia a Expediente Público.
Tal es el caso de la cárcel Distrital de Bogotá que tiene una estructura segura, mecanismos de seguridad modernos, manuales de disciplina y control administrativo profesional y formado.
Una serie de lineamientos que evitan que se dispare la violencia en los alrededores, dijo el exfuncionario.
Aunque en el caso de Honduras, la situación que más se asemeja es la de El Salvador, porque ambos países compartieron durante décadas los mismos problemas de maras.
Riesgo ambiental
Otra situación preocupante, según Ana Velásquez de la Coalición Ambiental de Honduras (COAH) son los desechos sólidos, las aguas servidas y aguas negras que impactarán la zona.
Velásquez detalló que la zona donde se construirá esta cárcel es adyacente con la Reserva de Tawahka Asangni, sección hondureña localizado en el corazón del Corredor Biológico y Cultural Mesoamericano.
“Cuál sería la probabilidad de tener un sistema penitenciario que funcione, si la zona de la Mosquitia es una de las que tiene mayor carencia”, manifestó.
Carencias en la Mosquitia
Son cuatro los pueblos originarios que habitan en este sector de la Mosquitia hondureña que históricamente se han sentido abandonados por los gobiernos de Honduras.
“Somos un departamento postergado por años y hemos seguido viviendo y resistiendo, sin nadie que nos ayude”, declaró a Expediente Público, Mirna Wood vicepresidenta de la Asociación Moskitia Asla Takanka (Masta).
A consideración de la diputada Urtecho, con el presupuesto que se contempla destinar en esta cárcel sería mejor invertirlo en suplir las carencias que persisten en el departamento.
La falta de energía eléctrica, de hospitales, de agua potable, la pobre infraestructura del departamento, pavimentación de pistas de aterrizaje, construcción de canales fluviales son algunos de esos servicios básicos que carecen en esa región.
“Pueden ser destinados a atender problemas estructurales que tenemos en La Moskitia” subrayó Urtecho. a Expediente Público.
Y aunque como parte de este proyecto, el gobierno promete beneficios para impulsar el desarrollo en esta región, los pobladores expresaron no creer en las mentiras de gobiernos que “en 200 años, no han llevado beneficios a esa región”.
Sin consulta previa
Aunque las autoridades aseguran que el proyecto carcelario está en socialización con los pobladores misquitos, fuentes consultadas por Expediente Público desmienten esa versión afirmando que no se ha dado diálogos ni consultas previa e informada.
Este sería el proceso que se debe seguir según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Honduras y el cual protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Al sentirse invisibilizados, la fuente anónima manifestó que “hace mucho tiempo que los gobiernos vienen haciendo este tipo de cosas con los pueblos originarios, no hay negociación”.
En consecuencia, Modesto Morales, directivo de la Asociación Moskitia Asla Tawanka (Masta) sentenció a Expediente Público que “no se va a construir una cárcel, jamás lo van a lograr porque esa es decisión del pueblo y es un rotundo no”.
Indiferencia estatal
Mirna Wood dijo a Expediente Público que habían invitado al general Hernández a dialogar con la comunidad misquita el 6 de diciembre, pero que, la respuesta fue que “estaba muy ocupado”.
Ante ello, “se tomó la determinación de ya no hablar más con él y ahora se dirige hacia la presidenta, Xiomara Castro”, aunque según Wood, hasta ahora no se recibe respuesta de la mandataria.
No obstante, el 12 de diciembre del 2024, las organizaciones misquitas extendieron una invitación dirigida a Castro para que anuncie la cancelación de la cárcel vía cadena nacional.
Además, solicitan que en la misma transmisión anuncien la visita de una comitiva del gobierno a la zona misquita para llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad.
¿Territorios ancestrales o del ejército?
Aunque las autoridades sostienen que la cárcel se realizará en territorio “que está bajo custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras”. Wood aclaró a Expediente Público que el territorio que dicen las FFAA que les pertenece es ancestral.
Detallaron que son territorios misquitos protegidos por los diferentes instrumentos legales como la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, así como al “Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Miskitu”.
El Concejo Territorial de la Federación Indígena Nativos de la Zona de Mocorón y Segovia (FINSMOS) que representa a 23 comunidades indígenas, asegura que esos predios no pertenecen al ejército, y está amparados por títulos definitivos de propiedad bajo la personería jurídica No. 716-2006, otorgada por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Si el Gobierno de Castro construye la megacárcel omitirá estos instrumentos legales. Los lideres misquitos anuncian demandas en las cortes internaciones contra el Estado de Honduras.
