* “Me lo mataron”, denunció la madre de Manuel Guillén Esplugas, el último preso político que falleció en manos de sus custodios.
** Organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex denuncian que la situación de los presos políticos se suma a la crisis alimentaria y de salud en Cuba.
***El régimen de Díaz Canel no investiga estos casos.
Expediente Público
La represión del régimen en Cuba contra los detenidos en las protestas del 11J, como se conoce a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, no solo ha resultado en encarcelamientos arbitrarios, sino también en un trágico saldo de al menos cuatro presos políticos que fallecieron bajo custodia.
Manuel de Jesús Guillén Esplugas es el más reciente preso político del 11J que murió en la prisión del Combinado del Este, un centro carcelario de máxima seguridad ubicado unos diez kilómetros del centro de La Habana, en Cuba.
Guillén Esplugas cumplía una condena de seis años por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021.
“Me le dieron golpes y me lo mataron”, denunció su madre Dania María Esplugas Falcó en un video en redes sociales donde aparece al lado del cuerpo inerte de su hijo que tenía 29 años.
Oficiales del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba llegaron a la puerta de su casa y le informaron del fallecimiento de su hijo.
La versión de que su hijo se suicidó no convence a esta madre cubana, quien denunció que lo mataron los golpes que presuntamente le propinaron los custodios de esa prisión.
“Eso no es ahorcamiento (…). Me mataron a un hijo mío, pero lo tengo vivo aquí en mi pecho”, grita Esplugas Falcó en el video.
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Guillén, quien era promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se encontraba recluido en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde estuvo con otros presos comunes.
Otros presos del 11J muertos en prisiones de Cuba
Las circunstancias en las que murió Guillén Esplugas no son del todo claras. La organización Justicia 11J en su sitio web denunció que, otras fuentes, informaron que la agresión ocurrió en una celda de castigo, cuando los custodios descubrieron un “intento de fuga”.
A la fecha, según informes de Justicia 11J, se elevó a cuatro la cifra verificada de manifestantes cubanos muertos en prisión entre 2023 y 2024.
Hace tres meses, el 27 de agosto, Yosandri Mulet Almarales falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió al lanzarse de un puente durante un pase del campo de trabajo en la prisión donde se encontraba recluido.
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El régimen cubano lo encarceló por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera en La Habana. Allí, en la prisión, desarrolló una conducta suicida porque “no quería estar preso”.
Ocho meses antes, Mulet Almarales, quien cumplía una condena de 10 años por el cargo de “sedición”, ya había intentado quitarse la vida.
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Deplorables condiciones carcelarias
En octubre de 2024, los organismos de derechos humanos también denunciaron la muerte de Gerardo Díaz Alonso, preso político de 35 años, condenado a 14 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
Durante su encierro, Díaz Alonso comenzó a sufrir desmayos y a padecer de la presión arterial.
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Estos casos, revelan que las condiciones en las prisiones cubanas continúan siendo alarmantes, con evidencias de torturas, tratos crueles e inhumamos, y una grave falta de atención médica que contribuye a las muertes bajo custodia, denunció Leonardo Fernández Otaño, representante de la organización Justicia 11J.
“Una situación realmente compleja es lo que vive en las prisiones cubanas”, señaló Fernández Otaño, investigador en Justicia 11J en entrevista con Expediente Público.
El 19 de noviembre de 2023, Luis Barrios Díaz, condenado a una pena de seis años de prisión, falleció en el hospital Salvador Allende víctima de negligencia por parte de las autoridades penitenciarias en Cuba.
Barrios Díaz permanecía en prisión desde las protestas del 11 de julio de 2021, donde desarrolló complicaciones respiratorias que no fueron atendidas oportunamente por sus carceleros.
Muertes bajo custodia
Los casos de estos prisioneros políticos no solo exponen la crueldad del sistema penitenciario en Cuba, sino el abuso sistemático de quienes salieron a las calles hace tres años a pedir un cambio en la isla.
“Previo a que se conocieran los casos de estas cuatro personas que han fallecido lamentablemente, ya se habían tenido noticias de sus condiciones (…), se ha documentado el deterioro de la violencia carcelaria, las golpizas. Además, no es una práctica nueva”, señaló Fernández Otaño.
Alain Espinosa, abogado de Cubalex, señaló a Expediente Público que las cárceles en Cuba son escenarios de graves y continuas violaciones de derechos humanos.
En el primer semestre de 2024, Cubalex identificó un total de 26 muertes bajo custodia, lo que evidencia que las condiciones en las prisiones cubanas siguen siendo alarmantes no sólo para los presos políticos.
Hay reportes de torturas, tratos crueles y falta de atención médica entre todos los privados de libertad, en instituciones psiquiátricas, e incluso algunos casos de femicidios que ocurrieron en estaciones de policía o campamentos de prisioneros.
“Lejos de mejorar cada día se van agravando más (la cantidad de fallecidos). También hay otros casos que constituyen muertes potencialmente ilícitas, porque están relacionadas con el tratamiento que se les da a estas personas mientras están detenidas”, manifestó Espinosa.
Cubalex denunció la muerte de Jorge Luis Torres Vaillant, alias “El Trillizo”, cuyo deceso se conoció el 9 de diciembre, tan solo un día después de que las autoridades le otorgaron una “licencia extrapenal”.
“Registramos que someten a la persona a la negación de acceso a la salud durante mucho tiempo y cuando la situación es irreversible le otorgan una licencia extrapenal. La persona va a su casa en una situación de salud muy delicada, y este es otro método represivo”, argumentó Espinosa.
Presos políticos como “monedas de cambio”
En Cuba, donde nueve de cada diez cubanos viven en la extrema pobreza, la situación de los presos políticos es solo una cara visible de la “ola represiva” que se vive en la isla.
Andy García Lorenzo es un manifestante del 11J que inició una huelga de hambre en la prisión de Guajamal, en la ciudad de Santa Clara. Es la tercera huelga de hambre desde que está encarcelado.
Roxana García Lorenzo denunció en sus redes sociales que su hermano hace más de 15 días inició la huelga de hambre para exigir la devolución de cartas personales confiscadas por las autoridades carcelarias.
“Le están violando sus derechos en la prisión (…). Hacemos responsable a la seguridad del Estado por la salud física y emocional de Andy”, denunció en un video Tahirí Lorenzo Prado, madre del preso político.
“Sobrevivir a la violencia política realmente es una realidad desesperante. A eso, hay que sumarle los que permanecen en miedo por silencio en un país que vive una emergencia humanitaria compleja, porque es un país que ha tocado fondo”, señaló Fernández Otaño.
Fernández Otaño agregó que una mala práctica del régimen cubano es usar a los presos políticos como “moneda de cambio”.
“Es terrible, porque son vidas humanas que se destruyen. El paso inmediato para una democratización y para el fin de la dictadura en Cuba es lograr la liberación de esas más de mil personas”, agregó Fernández Otaño.
La organización Prisoners Defenders (PD) cifró en 1,148 la cantidad de presos por razones políticas en Cuba al cierre de noviembre de 2024.
Régimen cubano no investiga
A pesar de que la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones constituye un pilar fundamental en la protección del derecho a la vida, tras conocer las muertes bajo custodia, el régimen no sigue un proceso.
Espinosa considera que lo ideal sería en conocer cuál es “la responsabilidad que tiene el Estado cubano en cada una de las muertes”.
La falta de investigación es un “incumplimiento” por parte del Estado en Cuba.
“Lo que impera en la realidad cubana es que es todo un entramado represivo donde la mayoría de estos casos se dan por negligencias ordenadas por el propio Estado y que finalmente el Estado las menosprecia, no las investiga y les garantiza impunidad”, denunció Espinosa.
Largas condenas
El sacerdote cubano, Alberto Reyes, de la Arquidiócesis de Camagüey, en entrevista con Expediente Público, lamentó que el Estado cubano “le echa tierra” a este tipo de investigaciones, porque al régimen “no le interesa saber qué pasó”.
Reyes, un fuerte crítico del régimen cubano, lamenta que cuando las familias de los presos políticos comienzan a denunciar, lo que hacen es “amedrentar” para que no hablen del tema.
“Ellos no van a hacer ninguna investigación (…). Vamos a suponer que estas muertes han sido por torturas y malos tratos, eso, ellos (el Estado) no lo van a reconocer, nunca, jamás. Aquí la política de ellos es que estas cosas se silencien lo antes posible”, criticó Reyes.
Tres años después, al menos 554 cubanos siguen en prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, algunos de ellos cumpliendo condenas de más de 20 años.
El 11 de julio de 2021, los cubanos salieron a las calles, pidiendo libertad, en una de las mayores protestas populares de la historia comunista de la isla.
El régimen, sin embargo, usando a la Policía y sus partidarios, los recibió con represión.
