* La Unidad de Política Limpia enfrentará elecciones primarias de 2025 en Honduras con limitada capacidad de fiscalizar fondos en la campaña electoral.
*** Expertos urgen garantizar la independencia operativa de la Unidad de Política Limpia.
Sharon Ardon / Expediente Público
Aunque las elecciones primarias en Honduras del 2025 contarán con un financiamiento de aproximadamente 60 millones de dólares, esta cifra contrasta con la reducción a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) conocida como Política Limpia (UPL).
A pesar de los antecedentes de la permeabilidad de dinero ilícito y proveniente del narcotráfico en las campañas políticas de Honduras, esta unidad encargada de evitarlo no solo enfrenta una reducción de su presupuesto, sino que todavía no recibe su aprobación necesaria para operar.
Desde abril del 2024, la Unidad de Política Limpia envió un anteproyecto de presupuesto de 124 millones de lempiras (unos 4.9 millones de dólares) a la entidad a la que está adscrita, el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero, no fue sino hasta a inicios de noviembre que el CNE remitió el presupuesto con una reducción de casi 14 millones de lempiras (equivalentes a 553 mil dólares) al Congreso Nacional para su aprobación.
Un informe publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) titulado “¿Seguirá el crimen organizado financiando la política hondureña?” detalla que pese a los antecedentes de corrupción, Honduras es el tercer país con menos regulaciones de financiamiento político.
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Atrasos en fiscalizar el dinero de primarias en Honduras
En ese contexto, los comisionados de la UFTF critican el atraso en la aprobación del presupuesto, porque impide iniciar los proyectos de fiscalización de financiamiento de campañas políticas que empezaron en agosto del 2024.
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Según el comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, las acciones de capacitación para los precandidatos, auditorías in situ y el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales son cruciales para garantizar la transparencia en los próximos comicios.
Además, deben crear expedientes a los candidatos para su rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de recursos pone en riesgo la implementación de estos.
Hércules dijo a Expediente Público que toda esa “enorme tramitología burocrática por la cual pasa la unidad para instrumentos como lo es el presupuesto deja en total evidencia la enorme necesidad de independencia que tiene”.
Ante lo anterior, expertos coincidieron en la necesidad que la unidad no dependa más del CNE de Honduras.
Necesidad de independencia
Expresó a Expediente Público el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, que uno de los mayores problemas radica en la dependencia administrativa de la UFTF hacia el CNE.
A su consideración, esa tramitología por la que pasa el anteproyecto de la unidad y la falta de accionar por parte del CNE “me parece personalmente una omisión perniciosa y cuando yo expreso perniciosa es que puede tener alguna premeditación, alevosía y ventaja”.
Actualmente, en el Congreso Nacional se está discutiendo una iniciativa de reforma a la Ley de Política Limpia, propuesta por el diputado Rosario Tejeda del Partido Liberal (PL) que busca independizar a la unidad del CNE.
“Instamos al CN que le dé celeridad administrativa a ese proyecto de ley para que esta (UFTF) pueda operar como lo manda la ley con total independencia y autonomía”, expresó el comisionado Hércules.
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Elevarlo a rango constitucional en Honduras
Además, para el director de Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, por el nivel de importancia de la función que realiza la unidad es menester darle un rango constitucional a la institución.
“Si este instituto tuviera un rango constitucional evidentemente el peso que tendrían sería mucho más grande”, manifestó Aguilar a Expediente Público.
El experto de la ASJ también explicó que, además de la falta de presupuesto adecuado, la unidad enfrenta muchas debilidades que observaron de cerca por el acompañamiento y capacitaciones que brindan a la asociación unidad.
Una de ellas es la falta de personal. Hoy cuenta con 70 funcionarios. Lo que a Aguilar no es cuantificable con la cantidad de trabajo que deben realizar de cara a las elecciones primarias electores.
Esto a consecuencia de que, hasta el momento, son 20 movimientos internos de los tres partidos mayoritarios; ocho del Partido Libertad y Refundación (Libre), cinco de Partido Liberal (PL) y siete del Partido Nacional (PN) los que participarán en el proceso primario del 2025.
Fiscalizarán aproximadamente 8,000 informes de los precandidatos en las primarias a celebrarse en marzo de 2025 en Honduras.
Sin herramientas legales
Las deficiencias aumentan al considerar la cantidad de precandidatos que estarán bajo la vigilancia del escaso personal de la unidad. Y, además, de ese personal no recibe capacitaciones desde el 2018, cuando dicha unidad se creó en 2017.
La unidad carece de herramientas legales coercitivas para sancionar a los candidatos que no presentan informes de rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas.
El experto de la ASJ denunció que la unidad no está conectada con entidades de control como el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia.
Políticos ignoran a Política Limpia
Según el Informe de Rendición de cuentas de la Unidad de Política Limpia 2017-2023, de 4,789 sujetos obligados, 1,619 no presentaron sus informes correspondientes.
El gasto de campaña en las elecciones generales 2021 fue de 875.4 millones de lempiras, equivalentes a 34.5 millones de dólares, según el Resultados del Ciclo Electoral 2021 de la UTFT.
De esa cantidad, 262,625,212.74 lempiras (10.3 millones de dólares) corresponden a los sujetos obligados que no entregaron sus informes financieros.
La ley de la Unidad de Política Limpia en Honduras exige sancionar a candidatos que no entreguen informes financieros, pero los funcionarios que incumplen quedan impunes.
Las sanciones por no presentar los informes financieros requeridos únicamente se limitan a multas equivalentes a los salarios mínimos.
Por ejemplo, el precandidato a presidente deberá pagar 15 salarios mínimos, los diputados 10 y los alcaldes 5. Sin embargo, no se establecen medidas más severas como la inhabilitación o cárcel.
“Incluso algunos de ellos van a competir nuevamente dentro del proceso electoral sin llegar a tener algún tipo de sanción”, explicitó el experto de ASJ.
Instan fortalecer a la Unidad
La ASJ urge dotar a la UTFT de herramientas legales para sancionar a candidatos que no rinden cuentas sobre el dinero usado en sus campañas.
“Si no se le brindan las herramientas legales y si no se tecnifica también el personal, muy difícilmente la unidad se puede dar a basto como para generar una verdadera rendición de cuentas”, sentenció Aguilar.
De su lado, el exmagistrado del TSE insta que se mejore el funcionamiento de la unidad, de no ser así “podríamos estar ante un escenario de posibilidades para que el dinero producto del narcotráfico siga influenciando en el tema de las campañas”, auguró.
Además, ve necesario revisar la ley de la UFTF, actualizarla y reforzarla porque si está la ley, pero no se aplica “sirve de placebo nada más pero no tiene efectividad”, sentenció.
