* Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó a Expediente Público que el régimen Ortega Murillo intenta “crear vías para evadir las sanciones extranjeras”.
** El régimen en Nicaragua aprobó en noviembre una ley que busca evadir el impacto de las sanciones internacionales que arriesga a la banca privada.
Expediente Público
El Gobierno de los Estados Unidos se mantiene vigilante sobre las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y responderá ante cualquier intento de evadir las sanciones vigentes, confirmó a Expediente Público un vocero del Departamento de Estado.
“Seguimos monitoreando cualquier actividad que evada las sanciones y respondemos en consecuencia”, dijo el vocero del Departamento de Estado.
A finales de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de leyes que incluye la “Ley de Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas (Ley1224)”, con la que el régimen pretende evadir las sanciones vigentes internacionales, entre ellas las de Estados Unidos.
El texto que aprobó la Asamblea Nacional de Nicaragua señala que las sanciones pretenden debilitar la “soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado”.
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La ley de Ortega y Murillo establece que las sanciones “carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional”, sin importar su naturaleza o alcance.
“Seguimos utilizando las herramientas económicas y diplomáticas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan la represión e impiden el retorno a la democracia en Nicaragua”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.
Estados Unidos reitera: sanciones siguen vigentes
Pese a las maniobras del régimen, el vocero del Departamento de Estado confirmó que “las sanciones y restricciones de visas de Estados Unidos siguen vigentes y son consistentes con el derecho internacional”.
El funcionario estadounidense recordó que, desde abril de 2018, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras de manera específica contra 51 personas y 11 entidades en Nicaragua.
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Por otro lado, el Departamento de Estado también anunció medidas para imponer restricciones de visas a más de 1,750 personas.
“Estas acciones específicas se centran en entidades e individuos que apoyan y facilitan la opresión por parte del régimen de Ortega y Murillo”, señaló la fuente del Gobierno de Washington.
El régimen de Ortega Murillo también enfrenta sanciones de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza. Con estos hay más de cien funcionarios y familiares de la dictadura sancionados.
“Hemos sancionado a quienes en la Asamblea Nacional aprobaron estos cambios legislativos y constitucionales sin revisión ni discusión, y a la Policía Nacional de Nicaragua, que aplica las acciones represivas del régimen, sofocando las libertades básicas y arrestando y deteniendo a cualquiera que Ortega y Murillo consideren que pueda expresar oposición a su régimen autoritario”, añadió el funcionario de los Estados Unidos.
Régimen intenta evadir sanciones
Como parte de su estrategia para consolidar su régimen, Ortega también ordenó una reforma a la Constitución Política de Nicaragua con la que amplía los períodos presidenciales de cinco a seis años y crear la figura de “co-presidenta”.
Del mismo modo se extendió a seis años el mandato del jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, y del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo.
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“La larga lista de cambios legales implementados por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y aprobados por la Asamblea Nacional de Nicaragua hacen explícita su continua consolidación absoluta del poder ejecutivo, extendiendo los límites de mandato de los jefes policiales y militares e intentando crear vías para evadir las sanciones extranjeras”, dijo el vocero del Departamento de Estado.
Según el funcionario de los Estados Unidos, los “cambios a la constitución y esta legislación despojan a los ciudadanos nicaragüenses de sus derechos sociales y políticos y aíslan a Nicaragua”.
Reforma a normativa de la SIBOIF
La Ley 1224 no solo desafía las sanciones internacionales, sino que también pone en una encrucijada al sistema financiero de Nicaragua.
Pero, el régimen reformó cinco artículos de la Norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo.
En el artículo 6, la reforma deja a potestad de la Junta Directiva la posibilidad de definir y establecer una «política de expresa y escrita, no discriminante, de aceptación de clientes y/o segmentos de mercado».
La reforma también modificó el artículo 11, y agrega un nuevo inciso en el que se ordena a los bancos establecer «medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y debe reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)».
