Masacre en cárcel de Honduras: Fiscalía acusa a 15 reclusas, pero omite responsabilidad estatal

Masacre en cárcel de Honduras: Fiscalía acusa a 15 reclusas, pero omite responsabilidad estatal

* La sentencia en contra de las 15 acusadas de perpetrar la masacre de 46 mujeres en un centro penitenciario femenino en Honduras se dará a conocer el 10 de diciembre. 

** La fiscalía presentó como evidencia a testigos, armas y documentos, pero no investigó la responsabilidad de las autoridades penitenciaras.


Yarely Madrid / Expediente Público

Aunque el Ministerio Público de Honduras acusó a 15 reclusas por la masacre del 20 de junio de 2023 en un penal de mujeres, no investigó ninguna responsabilidad del Estado o de las autoridades penitenciarias. 

46 reclusas murieron en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) durante un motín el año pasado. 

Entre las pruebas determinantes en el juicio está un arma perteneciente a la Policía Nacional, además, la fiscalía hondureña tiene más de cien pruebas contra las 15 implicadas en el violento acto, por ejemplo, 11 pistolas de calibre nueve, también de 380 y de 45 milímetros. 

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Además, armas de uso prohibido como subametralladoras y fusiles. 

Sin embargo, hasta el momento, no hay investigaciones ni acusaciones en contra de ningún policía, funcionarios del PNFAS, ni se responsabilizó a la junta interventora. 

Expediente Público entrevistó en agosto del 2023 al ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, quien admitió que los funcionarios policiales tenían responsabilidad por “acción u omisión”. 

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¿Quiénes son las acusadas de los asesinatos en el penal? 

Según las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Dirección Policial de Investigaciones de la (DPI), la muerte de las mujeres -que pertenecían a la Mara Salvatrucha- fue planeada días antes por las integrantes de la banda rival conocida como Barrio 18.  

Las imputadas por la masacre son Claudia María Lemus Aceituno alias “La Saico”, detenida en 2013 por asesinar a cuatro personas en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. 

Asimismo, Cherry Darling Guevara de sobrenombre “Pepa Loca”, una de las delincuentes más buscadas por buscadas por las Fiscalía en 2014. 

También son acusadas Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva y Francis Margarita Chavarría Ávila. 

Igualmente es sometida a juicio Kenia Patricia Salinas Rivera conocida como Flavia Marlene Tercero, alias” La Tremenda, supuesta cabecilla de la pandilla 18, detenida en el 2019.  

Tercero era la encargada de coordinar, dirigir y ejecutar delitos de extorsión en al menos 10 colonias de la capital hondureña, Tegucigalpa. 

Eran miembro de la pandilla 18

Además, están acusadas María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”, capturada en 2019 en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida con armas, dinero y celulares.

Otra mujer acusada es María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”, y Any Dayann Barahona Mejía, alias “la Vagabunda”, arrestada en el 2018 por extorsión. 

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Por último, está Dania Jakeline Maradiaga Flores alias “La Inquieta”, detenida en 2022 junto a otros pandilleros con armas prohibidas, chalecos antibalas, libretas de extorsión y dinero en efectivo. 

La fiscalía hondureña acusa a estas mujeres por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitidas. 

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Sometidas a un juicio de una semana –del 25 al 29 de noviembre- las pandilleras del Barrio 18 tendrán que enfrentarse a las acusaciones del Ministerio Público de Honduras. 

Se incluyen en el juicio pruebas documentales, testigos, periciales y científicos de lo ocurrido el fatídico día. 

A un año, ¿qué se sabe de lo que ocurrió? 

A las siete de la mañana, del 20 de junio del 2023, las acusadas se encontraban en los módulos 6 y 7 con armas de fuego y navajas. 

Se dirigieron hacia donde estaban cuatro policías penitenciarias, las sometieron y les quitaron las llaves de los módulos y los tableros con los listados de la población penitenciaria. 

Amenazándolas con las armas, las obligaron a entrar en el módulo seis y a acostarse boca abajo para finalmente encerrarlas. Luego deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal. 

Acto seguido, se dirigieron a los módulos 1 y 4 donde se encontraban las mujeres que pertenecían a la Mara Salvatrucha, golpeando con una almágana los candados de los portones para entrar. 

Al estar adentro comenzaron a dispararles a quema ropa a las 23 mujeres que se encontraban en el lugar.  

Otras 23 reclusas huyeron atemorizadas cuando escucharon los impactos de las armas y corrieron a esconderse y a encerrarse a el lugar “Hogar 1” de la cárcel. 

Las acusadas, al ver que sus víctimas estaban fuera de su alcance, procedieron a rociar el interior con un líquido inflamable y les prendieron fuego.  

A las reclusas que intentaron salir del incendio les disparaban.  

Al menos 23 mujeres murieron por arma de fuego y las otras 23 calcinadas o asfixiadas por la inhalación de monóxido de carbono. 

¿En qué contexto ocurrió la masacre? 

La masacre ocurrió un mes después de que distintos enfrentamientos armados entre maras ocurrían paralelamente en varios centros penitenciarios del país, por lo que se ordenó a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el 12 de mayo del 2023, intervenir el sistema carcelario. 

Se colocó a enfrente de una junta interventora a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. También eran integrantes Mario Chinchilla, exfiscal contra el crimen organizado y la excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP- CONAPREV), Sandra Rodríguez. 

Luego de la tragedia en PNFAS Villanueva fue destituida de la comisión, pero su cargo como viceministra de Seguridad sigue intacto. 

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, cuestionó en sus redes sociales la falta de responsabilidad por parte del Estado de Honduras.  

“Solo se está conociendo una parte de las responsables, ¿y la responsabilidad estatal?, ¿quién dirigía la interventora?, ¿dónde están las autoridades de PNFAS y las de Seguridad de esos días?”, expresó.