* Exvocero de la Misión Anticorrupción, Juan Jiménez Mayor, llama a combatir la corrupción “venga de donde venga”.
** El Ministerio Público selecciona casos que parecen “persecución política” frente a un proceso electoral en marcha.
*** Investigación por “el narco video” de Carlos Zelaya sin muchos avances, pero reabre docena de casos.
Sharon Ardon / Expediente Público
Con la reactivación de 12 investigaciones de corrupción, durante la administración de Juan Orlando Hernández, se teme una politización de la lucha por más transparencia, comentaron varios exfiscales a Expediente Público.
Los casos investigados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) se reabren en un contexto electoral y semanas después de un escándalo que salpica al partido gobernante y la misma familia de la presidenta Xiomara Castro.
El exvocero de la Maccih Juan Jiménez Mayor enfatizó a Expediente Público la falta de coherencia en el anuncio de reabrir casos después del “paulatino desmontaje” de la fiscalía anticorrupción.
Relató que en enero del 2023 visitó Honduras y percibió de muchos de sus colegas un sentimiento de desmotivación y desamparo debido a ese desmontaje de recurso humano en la institución.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Asimismo, agregó que la mayoría de los casos que trabajó la misión juntamente con la que antes era conocida como la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y que ahora es la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) “están absolutamente desmontados”.
¿Distracción?
El anuncio de la reapertura de casos en cadena nacional, algo inusitado, se da en un contexto preelectoral es incluye un caso contra del precandidato opositor del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Esto cuestiona la imparcialidad de este poder del Estado en la selección de casos de alto impacto.
Además, se da en medio de la desaparición de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, involucrado en un escándalo de sobornos con narcotraficantes, por un video de 2013.
Puede leer: LA MACCIH: UN INCONCLUSO “MODELO HONDUREÑO” DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Es importante mencionar que el fiscal general Johel Zelaya fue promovido y respaldado en su elección por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), por lo que incrementa las suspicacias de sesgo político de la justicia en el Ministerio Público.
Aunque exfuncionarios aplauden la reapertura de esos casos, no se incluyen casos de figuras allegadas al poder actual, como “El Carretillazo” y el ya mencionado “narco video” de Carlos Zelaya.
Expediente Público se contactó con Luis Javier Santos, fiscal de la UFERCO, entidad delegada para investigar los casos, pero no concedió entrevista.
También: Xiomara Castro protege a su esposo y cuñado señalados de recibir sobornos del narcotráfico
Casos desempolvados
El 21 de octubre del 2024, a través de una Cadena Nacional, el fiscal general Johel Zelaya dio a conocer la reactivación de los casos que dejó la Maccih en el MP.
Son 12 casos en los tribunales con competencia penal y dos en materia civil, detalló el exfuncionario de Maccih, Alex Navas a Expediente Público.
Entre estos casos están la Red de Diputados, Caja Chica de la Dama y el Pacto de Impunidad, que involucran a altos funcionarios y políticos.
Además, se reabren las investigaciones de Pandora, Caja Chica del Hermano, Arca Abierta, y Narcopolítica, en los que se detectaron esquemas de malversación de fondos públicos y vínculos con el crimen organizado.
También figuran el fraude en el proyecto Patuca III y Fraude sobre el Gualcarque, relacionados con irregularidades en obras de infraestructura.
MP defiende imparcialidad
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a Expediente Público que la institución “no ha dejado estos casos en gaveta” y que, por el contrario, han sido trabajados de manera continua desde la salida de la Maccih.
Además, señaló que la orden del fiscal general es poner “mayor diligencia” en estas investigaciones.
Mora subrayó que, pese a las críticas, el Ministerio Público actúa de manera imparcial «cuando tocamos los villanos de un partido, ese partido nos critica, y cuando tocamos los de otro, también».
Puntualizó en que la institución «es objetiva” y que combate el delito en todas sus formas, independientemente del sector, ya sea político, empresarial o de cualquier otro ámbito.
Sobre el caso del «narco video” que involucra a Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, Mora explicó que el MP, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, cita semanalmente a las personas mencionadas en los juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
“Los ha estado citando independientemente de qué color político sean o de qué institución pertenezcan, a todos se les ha ido citando semana a semana justamente para llevar a cabo las investigaciones del caso”, explicitó.
En contexto: ¿Quiénes son los narcotraficantes con los que se vincula a la familia Zelaya en Honduras?
En torno a la actualización del “narco video”, justificó que la ley del Ministerio Público prohíbe hablar sobre investigaciones en curso “porque no se quiere entorpecer las mismas”.
Carlos Zelaya no participa de la vida pública desde que estalló el escándalo en septiembre y medios de comunicación local sostienen que abandonó el país desde finales de octubre.
Caso de alcalde
Entre los 12 casos que Uferco retomó sobresale también el desvío de fondos públicos presuntamente vinculado a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y actual candidato presidencial.
La oposición denunció la reapertura del caso como “persecución política”.
Deslice para más información
En la misma transmisión de la Cadena Nacional, el fiscal de la Uferco brindó detalles de la investigación que inició el 11 de febrero de 2019 bajo el caso 013-2018, tras obtener información financiera vinculada al desvío de fondos municipales mediante un fideicomiso.
Santos afirmó que el MP cuenta con sólidas evidencias que fundamentan la acusación contra Asfura por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, con relación al desvío de 28,559,062.20 lempiras.
Además: Alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, el «Papi” de la basura
Combate igual a la corrupción
Exfiscales y exmiembros de la misión internacional consultados por Expediente Público descartan que se trate de persecución política y resaltan que lo importante es ir tras el delito, y los actores de corrupción independientemente del partido político al que pertenezcan.
Alex Navas manifestó que respecto al caso de Asfura, ya venía siendo investigado por la misión internacional por lo que dijo que este caso no tiene “ningún tinte político” sino que se trata de una continuación de la investigación que se dio desde 2018.
Por lo anterior también se refirió a la paradoja que se vive en el país, en el que “queremos que baje la corrupción, pero atacamos al que presenta los casos”.
“Vivimos en una constante paradoja, una confusión que daña nuestro sistema democrático del Estado de Derecho”, reiteró.
De igual manera lo expresó a Expediente Público, el exvocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayor, haciendo alusión a que es preciso combatir la corrupción “venga de donde venga” porque no es ni de izquierda, ni de derecha, está en todos lados.
El olvidado caso “El Carretillazo”
En 2017, Jiménez Mayor, anunció que investigaban casos de corrupción relacionados con el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), incluyendo el “Carretillazo”.
“Existen varios casos en la justicia, y uno de ellos es el caso del ‘Carretillazo’. No es el único, y habrá otros en un informe”, señaló Jiménez Mayor en ese momento.
Este caso consistió en el retiro de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) alrededor de 40 millones de lempiras (USD1.6 millones) para una consulta popular conocida como la “Cuarta Urna” por parte de Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya.
Caso quedará en impunidad
Sin embargo, Flores Lanza fue absuelto de los cargos por corrupción con la Ley de Amnistía Política, conocida como “pacto de impunidad” y que fue aprobada por el actual Congreso Nacional liderado por Luis Redondo, allegado al oficialismo.
Dicha ley que benefició a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, fue declarada constitucional el pasado 8 de octubre por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Al respecto, el vocero del MP explicó que ante eso ya se resolvió jurídicamente «porque tampoco el MP puede ir en contra de las resoluciones que la CSJ establezca”.
En línea: Honduras: Amnistía para funcionarios acusados por corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya
Escogencia de casos, un proceso delicado
El exvocero de la Maccih, abordó también con Expediente Público la complejidad en la escogencia de casos, específicamente en relación con el caso del “carretillazo”, que involucra al exministro de Zelaya.
Jiménez Mayor explicó que durante su mandato, recibieron información y documentación sobre este caso y otros que se encontraban en los archivos de la misión.
Junto al entonces fiscal general, Óscar Chinchilla, y la Ufecic, lo que posteriormente se convertiría en la Uferco, se tomó la decisión de iniciar ciertos casos en función de la actividad probatoria y los indicios disponibles.
El exvocero enfatizó que la selección de casos es un asunto extremadamente delicado para una misión internacional y para la Fiscalía.
“La escogencia de casos no debe estar en función de intereses políticos o de valoraciones que tengan que ver con a quién puedo yo eliminar políticamente”, advirtió.
En su lugar, manifestó la importancia de que la elección de casos se guíe por criterios que reflejen la necesidad de enfrentar el delito y la impunidad en el país.
“Cuando uno tiene casos de enorme relevancia que tienen prueba o evidencia explícita que permita sostener una acusación, uno tiene que optar por ese camino”, concluyó Jiménez Mayor.
