* Una fuente policial denunció a Expediente Público la existencia de una fosa clandestina en una zona rural del norte de la capital de El Salvador.
** La policía no notifica a las familias de los desaparecidos, a pesar de que un documento científico forense confirma que realiza estos hallazgos desde 2023.
*** La policía y la fiscalía excavan desde el 4 de octubre de 2024 en un barranco que estuvo bajo control de las pandillas, pero la información está restringida.
Eric Lemus / Expediente Público
Las autoridades salvadoreñas están realizando excavaciones en busca de víctimas de las pandillas, pero sin informar a las familias de los desaparecidos, según un informe de febrero de 2022 elaborado por la Subdirección Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil (PNC) y obtenido por Expediente Público.
Durante 30 años las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 facción sureños o revolucionarios aterrorizaron este país centroamericano mediante el control territorial en vecindarios populosos y zonas rurales.
Ambas organizaciones criminales recurrieron al uso de cementerios clandestinos desde el año 2009 como un método para evitar ser enjuiciados al esconder el cuerpo de sus secuestrados.
El documento sobre las fosas, compartido por una fuente policial a Expediente Público, revela que en febrero de 2023 personal forense excavó en un escampado en busca de los restos de cuatro personas de sexo masculino y reportados como desaparecidas un año antes.
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Hallazgo de fosas clandestinas en Tonacatepeque
En otro caso, a principios de octubre de 2024, oyentes de Radio YSUCA, la emisora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), avisaron de la incursión de la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) a un vecindario rural que estuvo bajo control de la pandilla Barrio 18.
Los vecinos informaron a Expediente Público que reos del Plan Cero Ocio son escoltados mientras excavan en una hondonada que limita con la colonia Cumbres de San Bartolo, jurisdicción de Tonacatepeque, en el distrito de San Salvador Este.
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Llevan a los reos al fondo de una quebrada de considerable profundidad, donde escarban en un área de cinco por ocho metros en un terreno arcilloso. Desde arriba, se observa una treintena de orificios que abren para detectar algún volumen mientras siguen removiendo la tierra.
Hasta hace tres años, este vecindario estuvo bajo estricto control de la pandilla Barrio 18 facción sureños que utilizó el predio como fosa para eliminar los cuerpos de sus víctimas, según confirmaron los lugareños a Expediente Público.
“Hasta encontrarte, hijo”
Eneida Abarca es madre de uno de los rostros de desaparecidos más difundidos hasta la fecha en El Salvador. Su hijo, Carlos Santos Abarca, es un universitario que salió a ejercitarse la mañana del 1 de enero de 2022 en una zona residencial de San Salvador, pero nunca regresó a su casa.
La historia de Carlos Santos es uno de los innumerables casos de jóvenes desaparecidos que ocurren de forma cotidiana en El Salvador, sin que las autoridades logren esclarecer el desenlace o su paradero.
“Como madre llevo una espada atravesada en mi corazón y mi alma”, dice Eneida a Expediente Público.
“No he parado de buscar a mi hijo de municipio en municipio, he visitado 30 delegaciones de la policía a lo largo de todo el país y he hecho recorridos por parques, plazas y zonas públicas, hospitales, cementerios, cárceles, sin que las autoridades tengan interés en nuestro sufrimiento”, relata la señora Abarca.
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Ella, junto a otras víctimas, pertenecen al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una iniciativa ciudadana para cruzar información en busca de un indició acerca del paradero de sus seres queridos.
Eneida no descansa en pegar afiches con el rostro sonriente de su hijo en paredes, autobuses, postes o cualquier lugar visible donde lean la descripción de Carlos y puedan ofrecer información.
Fosas activas en la era Bukele
Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), fustigó a Expediente Público que el Gobierno maneja con reserva la información acerca de las fosas donde los pandilleros ocultan los cuerpos de sus víctimas.
“Los cementerios clandestinos fueron ubicados entre los años 2019 al 2021: 51 fosas clandestinas en diferentes puntos del país, con énfasis en las zonas rurales, fincas o en algunas casas”, sostiene Reyes.
En El Salvador no hay una base de datos oficial que unifique las denuncias de la ciudadanía; sin embargo, un estudio realizado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) totaliza 6,443 personas desaparecidas entre 2019 y junio de 2022.
La investigación de FESPAD reportó que no han logrado localizar a 2,400 personas.
“Crean una falsa idea de que están disminuyendo los crímenes porque en 2019 los homicidios diarios pasaron de 15, 14 a seis o cinco. Entonces cuando entra el gobierno de Nayib Bukele se genera esta grada de 14 a cinco homicidios”, afirma Reyes.
“Pero no era cierto. Lo que estaba pasando era el ocultamiento de los cuerpos en esos cementerios clandestinos gracias a la estrategia de la misma pandilla”, agrega.
Patrón: sin cuerpo no hay delito
El documento forense, cuya copia Expediente Público obtuvo, revela que personal de la PNC y la fiscalía iniciaron el “Protocolo de Acción Urgente para la búsqueda de personas desaparecidas», lo que llevó al descubrimiento de una fosa clandestina en el caserío Las Huertas, cantón Las Delicias, municipio de El Paisnal, al norte de la capital.
“Es así como el 2 de febrero de 2021 se inició la excavación en fosa clandestina en dicho lugar y a las 18:00 horas del mismo día se encontraron cuatro fosas iniciando así los hallazgos”, describe.
Una fosa tuvo ancho de 90 centímetros, largo 1.30 y profundidad 1.40 metros; mientras que una segunda tuvo un largo y profundidad de 1.60 metros y un ancho de 70 centímetros.
Las autoridades buscaron los restos de cuatro personas identificadas como Fredy Alberto Calderón Polanco, Jorge Alberto Vides de Paz, Moisés Alexander Bran y Enrique Silvano Tejada Santamaría, que estaban reportados como desaparecidos desde abril de 2021.
En las fosas solamente encontraron restos no identificadas de más de tres personas, siete piezas óseas y un trozo de un documento de identidad donde se lee Ana María Miranda Bran.
Estos hallazgos contradicen la versión oficial del Gobierno de cero homicidios, en opinión de Reyes.
¿Dónde está Carlos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en El Salvador ninguna institución del Estado tiene un dato exacto acerca de la cantidad de desaparecidos, mientras el Gobierno de Bukele insiste en el éxito de su política represiva con cero homicidios.
En el caso de las dos principales instituciones en el ámbito de seguridad pública, la Fiscalía y la policía, por ejemplo, registran los casos de desaparición forzada como “privación de libertad” y “secuestro”.
La última información oficial disponible llega hasta junio de 2022 porque después de ese mes todos los datos están reservados.
La PNC reconoció 6,932 entre inicio de 2019 y junio de 2022, mientras que la FGR 6,435 entre 2029 y 2021.
La Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) insistió que la fiscalía debe comunicar con transparencia los hallazgos y facilitar la recolección de pruebas de ADN para identificar los restos.
Deslice para más información
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Eneida Abarca, la madre del universitario Carlos Santos, sigue elevando su voz por la búsqueda de su hijo.
En una carta al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la señora Abarca pidió este 16 de octubre que la institución facilite la información que tiene sobre el caso para que ella pueda esclarecer el destino de su hijo y cerrar el círculo del duelo.
