* Líder comunitaria Rode Murcia denunció en foro de donantes la persecución y violencia contra las comunidades garífunas en Honduras.
** Un nuevo incidente violento contra los afrodescendientes ocurrió a inicios de octubre, cuando uniformados hirieron a dos comunitarios en Nueva Armenia.
Sharon Ardon / Expediente Público
La constante persecución y violencia que sufren las comunidades garífunas fue denunciada por Rode Murcia, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (Conaminh) en el contexto del Foro Centroamericano de Donantes (CADF, por sus siglas en inglés).
Murcia expresó a Expediente Público su preocupación por los recientes sucesos en contra de las comunidades garífunas, exigiendo al Gobierno de Honduras que ponga fin a la criminalización y al asedio que enfrentan.
Esta líder comunitaria hizo referencia al ataque perpetuado la noche del 6 de octubre de 2024 por supuestas fuerzas policiales, junto a hombres civiles encapuchados, a la comunidad garífuna de Nueva Armenia, municipio del departamento de Atlántida.
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Dos miembros de la comunidad resultaron gravemente heridos por disparos de arma de fuego. Esto ocurrió a pesar de que, en abril del 2024 en el contexto de protestas garífunas en la capital, el gobierno de Xiomara Castro se comprometió a garantizar el respeto por las tierras ancestrales.
Este ataque armado es interpretado como parte de una política de exterminio que busca silenciar a los defensores de tierra y proteger los intereses económicos percibieron defensores consultados por Expediente Público.
Organismos internacionales piden investigar
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación ante estos “actos de violencia” e instaron al Estado hondureño a “investigar los hechos y sancionar a los responsables”.
Expediente Público asistió este 7 de octubre de 2024 a la inauguración del CADF en Guatemala, donde se discutieron los desafíos a nivel regional.
Ahí, Adriana Beltrán, presidenta de la Fundación Internacional de Seattle (SIF) señaló que uno de ellos es el grave riego que enfrentan los defensores de tierra en Centroamérica.
“Los ataques a la democracia y al Estado de Derecho siguen vigentes en la región, así como la intimidación y la persecución de lideres y organizaciones sociales que defienden la tierra”, advirtió.
Asimismo, mencionó el asesinato del líder comunitario y defensor del medio ambiente Juan López, en Tocoa, Honduras, el pasado 14 de septiembre.
“Este lamentablemente no es el primer asesinato de miembros de la comunidad que defienden el río Guapinol”, dijo.
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El último ataque a los garífunas
El ataque a la población garífuna se produjo en un contexto de lucha por recuperar un terreno ancestral, que según un comunicado emitido por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) les fue usurpado por la empresa Palma de Atlántida.
Según lo detallado, desde la mañana del mismo día, la Policía se había instalado en la comunidad y de forma intimidatoria tomaban fotografías y videos “perfilando y amenazando a integrantes de la comunidad”.
Estas comunidades en Nueva Armenia son parte del territorio mencionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia a favor del pueblo garífuna en el caso “Comunidad Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras”.
“Nos están matando”
“Nos están amenazando, nos están matando, como pasó ayer (6 de octubre) con los compañeros garífunas”, afirmó Murcia, señalando que es inaceptable que esta política de exterminio continúe, especialmente bajo un gobierno que prometió respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Añadió que esperaba una mayor apertura y reconocimiento de la autodeterminación y cosmovisión de los pueblos originarios, pero “la realidad ha sido muy diferente”.
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Continúa la brutalidad policial en Honduras
Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina condenó, en entrevista con a Expediente Público, la brutalidad de los entes policiales hondureños al desalojar de forma violenta a comunidades indígenas y garífunas.
No comprende por qué, además, llegaron con personas encapuchados, “¿es acaso que hay algo oculto?”, se cuestionó.
Según Cruz, este tipo de acciones no solo vulneran los derechos humanos, sino que agravan la situación de injusticia social.
“Las comunidades tienen derechos ancestrales y están siendo despojadas de sus territorios, algo reprochable que genera convulsión social”, afirmó.
Además, la defensora recordó al Estado la responsabilidad de que se respeten los estándares internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el derecho de los pueblos originarios a permanecer en sus tierras.
“No debería haber ningún desalojo violento, las autoridades deben seguir un protocolo que garantice la investigación, un proceso de reubicación”, señaló.
Irrespeto a decretos internacionales
Kevin Isidro analista del Centro de Estudios para la democracia (Cespad) recordó, en una entrevista con Expediente Público, cómo a causa de la movilización que realizó el pueblo garífuna frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa en abril de este año, el Gobierno “se vio obligado a promulgar el decreto 03-2024″.
Bajo el PCM 03-2024 se creó la Comisión Intersectorial de Alto Nivel de Cumplimiento de las Sentencias Internacionales, el cual ordena que se cumplan todas las recomendaciones o exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Si bien, a su criterio fue importante la creación de este grupo intersectorial para atender los problemas que apremian a los garífunas, “esta medida no ha sido lo suficientemente efectiva para detener los constantes ataques, amenazas, intimidaciones que el pueblo garífuna ha venido siendo víctimas y objeto”.
Isidro lamentó que, en la práctica, “el conflicto se agudiza de manera dramática”, y eso debido a que estos territorios “han sido usurpados a favor de las instituciones del gobierno”.
Efectivamente, múltiples veces expertos en la materia denunciaron a Expediente Público como tanto el Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto de Conservación Forestar, el Instituto Nacional Agrario (INA) “han emitido títulos de propiedad de territorios de carácter ancestral a terceros” como empresas, o personas naturales.
“Esto solo evidencia la gravedad del conflicto en los territorios garífunas y la urgencia de acciones concretas orientadas al saneamiento de estas tierras más allá de la mera creación de la comisión que va a atender el caso”, puntualizó.
Deuda histórica
Por su parte, Hedme Castro, directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI- Participa), también coincidió en que “es una injusticia que no se haya aplicado este decreto” en esta comunidad en Nueva Armenia.
Castro explicó a Expediente Público que desde ACI-Participa consideran que “existe una deuda antigua e histórica” por parte del Estado hondureño con los pueblos originarios.
Recordando también que desde el 2012 “se comprometieron a eliminar todas las formas de discriminación racial, pero también a adoptar las medidas para procurar el merecido progreso integral” de estos grupos vulnerables.
Se está condenando internacionalmente
Ofraneh, por medio de su comunicado, lamenta la inacción de las instituciones del Estado ante este suceso, además el silencio por parte de los entes que tienen en su competencia la protección de los derechos humanos de las personas.
En ese sentido, el asesor de Cespad explicó a Expediente Público que el Estado hondureño “en estos momentos está en riesgo de ser nuevamente sentenciado (en la Corte IDH) por el incumplimiento de las sentencias”.
“Lo que podemos prever es que nuevamente el Estado de Honduras va a hacer señalado por no garantizar y no restituir los derechos del pueblo garífuna sobre estos territorios que es el origen de esta violencia y el origen del conflicto en este territorio”, concluyó.
