* Mayoría de magistrados electos en Guatemala fueron ligados en años anteriores a actores corruptos.
** Los magistrados de la CSJ que asumirán el próximo 13 de octubre serán los responsables de analizar las dos solicitudes de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo.
Marysabel Aldana / Expediente Público
La mayoría de los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia de Guatemala están señalados por actos de corrupción, reconocen analistas a Expediente Público.
El 3 de octubre de 2024, el Congreso de Guatemala finalizó la selección de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un proceso que observadores señalaron como una oportunidad para independizar este poder del Estado.
En los últimos años hubo investigaciones constantes por casos de impunidad y corrupción en el país, y “con esta Corte, a mi criterio, la lucha podría detenerse”, comentó Jaime Delgado, analista judicial y catedrático universitario a Expediente Público.
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¿Quiénes son los magistrados de Guatemala?
Los nuevos magistrados de la CSJ que asumirán el 13 de octubre incluyen figuras que han estado en otros cargos, no solo en el ámbito legal y judicial, sino también en el Poder Ejecutivo.
El candidato más votado por los diputados del Congreso de Guatemala fue Carlos Rodimiro Lucero Paz con 159 votos de 160 legisladores.
Flor de María García Villatoro fue la segunda más votada, con una cantidad de 158 votos.
Carlos Ramiro Contreras fue el tercero más votado con 156 votos, pero estuvo vinculado por el Ministerio Público a la “red de jueces de la impunidad”.
Los fiscales investigaron supuestos beneficios de su relación al polémico operador político Gustavo Alejos, lo cual ha despertado preocupaciones en ciertos sectores por su posible alineación con redes de poder.
Gustavo Alejos es una figura clave vinculada a casos de corrupción, entre estos, crear la empresa “4 Carriles Sociedad Anónima”, que mencionaron en una investigación del Ministerio Público por lavado de activos, aunque un juez desestimó el caso en febrero de 2024.
La selección incluyó también a juristas con registros negativos en la opinión pública, como Claudia Lucrecia Paredes, quien recibió 112 votos de 160.
Paredes enfrentó en el pasado controversias también por presuntos vínculos con figuras como Alejos.
Selección entre esperanza y tropiezos
El proceso de selección en el Congreso estuvo marcado por una serie de tensiones y negociaciones entre diferentes bloques legislativos, ya que se requería una mayoría calificada para asegurar el voto favorable para cada candidato.
Durante la votación, varios bloques de oposición manifestaron preocupación por la falta de transparencia en el proceso y por la rapidez con la que se realizaron las votaciones finales, lo que consideran fue producto de un acuerdo entre las facciones más influyentes del Congreso.
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“Lo que más llamó la atención fue que en algunos candidatos como Carlos Lucero todas las bancadas se pusieron de acuerdo para elegir y eso no es común, a menos que tengan un interés particular”, comentó a Expediente Público Alan Fernández, analista político.
Incluso, la extinta bancada Semilla también votó a su favor, “tal vez al final si se alinearon”, declaró Fernández.
Pero, desde la integración de las comisiones de postulación se plantearon dudas, posteriormente, el proceso de su designación que empezó en junio enfrentó obstáculos significativos como las acciones de supuestas ilegalidades que se resolvieron rápidamente por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Organizaciones de sociedad civil mostraron que algunos comisionados presionaron a la CC para que respetaran los plazos, teniendo como base las elecciones de magistrados de 2019, pero con esto favorecían a sus candidatos impugnados.
La comisión de postulación estuvo integrada por los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades de Guatemala, 12 representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y 12 magistrados de Salas de Apelaciones.
En total, 36 personas presentaron una nómina al Congreso para su selección.
Dudan de la nueva CSJ en Guatemala
Diversos analistas han expresado inquietudes sobre la independencia de los nuevos magistrados y sus potenciales alianzas con actores políticos y económicos de Guatemala.
Fernando Contreras, analista político y abogado, dijo a Expediente Público que la inclusión de magistrados como Claudia Paredes y Clemen Juárez, genera dudas sobre la imparcialidad de la CSJ en casos de alto perfil.
Claudia Paredes fue mencionada también por el Ministerio Público de crear la empresa “4 Carriles Sociedad Anónima”, pero la investigación no prosperó durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras.
A Clemen Juárez lo mencionaron en el caso de Comisiones Paralelas por el MP y presuntamente fue de las personas apadrinadas por Gustavo Alejos para formar parte de la nómina de candidatos.
En 2019 la sala que presidía rechazó las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público por el caso de financiamiento ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“La elección de estos magistrados refleja una clara influencia de actores vinculados a redes de corrupción y a grupos de poder que no están interesados en promover una justicia imparcial en el país”, comentó Contreras.
Esperanzas de cambio son nulas
En analista político y experto en temas judiciales Andrés de León mencionó que con esta nueva Corte las esperanzas de un cambio son nulas.
“Esta elección nos deja sin la esperanza que haya un cambio verdadero en el sistema de justicia de Guatemala, porque al final, aunque la comisión de postulación trabajó y se esmeró, fueron los diputados quienes colocaron a los mismos de siempre”, comentó a Expediente Público de León.
Por otro lado, Andrea Reyes, diputada oficialista y defensora del proceso de selección, afirmó que los magistrados elegidos cumplen con los requisitos técnicos y legales y que el proceso incluyó un análisis exhaustivo de sus antecedentes.
No obstante, admite que las negociaciones entre bloques fueron necesarias para alcanzar los votos y garantizar el quórum.
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El nuevo grupo de magistrados muestra, según los analistas, tendencias políticas y alianzas que podrían influir en el rumbo de sus decisiones.
Figuras como Claudia Paredes podrían convertirse en aliadas estratégicas de ciertos actores empresariales y políticos, particularmente aquellos relacionados con los sectores de la construcción, por los vínculos con Gustavo Alejos, su supuesto padrino en las comisiones de postulación.
Por otra parte, Flor de María García, podría responder a intereses de grupos vinculados al oficialismo, según de León, porque a su criterio su ideología política expresada en redes sociales mostraba un apoyo al partido Semilla, pero luego García borró sus redes.
Impacto en la lucha contra la corrupción
Esto podría tener un impacto en temas clave como la lucha contra la corrupción y los casos de justicia transicional, especialmente en aquellos objeto de controversia en el pasado y que requieren una CSJ imparcial y comprometida con la justicia, afirmó la fuente.
La elección de estos magistrados genera desde otras dudas sobre el compromiso de la CSJ en el combate a la corrupción.
Guatemala es testigo de un retroceso en el ámbito de justicia durante los últimos años, especialmente tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en 2019, criticó Delgado.
La esperanza de varios sectores era que la nueva CSJ apoyara la consolidación de un sistema judicial independiente, pero con la selección actual, algunos analistas consideran que los avances serán limitados.
Deben ser transparentes
Por su parte, Gustavo Porras, analista en temas de justicia, subraya la necesidad de monitorear las decisiones de esta nueva CSJ en los próximos meses.
Según Porras, el papel de estos magistrados será crucial en casos que se relacionan con transparencia y corrupción en el sector público, por lo que la presión social y la vigilancia ciudadana serán necesarias para exigir imparcialidad en sus decisiones.
A pesar de todo, Porras no pierde la esperanza que la reciente elección de los magistrados de la CSJ sea una oportunidad, a pesar del reto que representa para el sistema judicial guatemalteco.
Aunque los magistrados son elegidos oficialmente para ejercer sus funciones, la falta de confianza en la independencia de algunos de ellos es una señal de alerta para quienes abogan por un sistema judicial transparente y autónomo, a criterio de Porras.
“Con un entorno político polarizado y una historia reciente marcada por intentos de influencia externa en el sistema de justicia, el desempeño de esta nueva CSJ será determinante para el futuro de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”, finalizó de León.
