* Los riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo más allá del autoritarismo fueron analizados en un panel organizado en el marco del Foro Centroamericano de Donantes (CADF).
* El encuentro también abordó el impacto negativo de los autoritarismos en la vida cotidiana de las mujeres en Centroamérica.
Eric Lemus / Expediente Público
En un contexto donde el autoritarismo se consolida como modelo político predominante, los periodistas en Centroamérica enfrentan la difícil tarea de preservar la libertad de expresión y de prensa, mientras luchan contra la represión y la desinformación.
En el caso de Guatemala, la periodista Alejandra Gutiérrez Valdizán, cofundadora y directora del medio digital Agencia Ocote, explicó a Expediente Público que la sociedad en este país centroamericano está «en un momento extraordinario», pese a la crispación política precedente.
La periodista se refiere a la transición que vive este país centroamericano, tras la llegada atropellada al poder de Bernardo Arévalo, el político que sorprendió en los comicios presidenciales al saltar de la última posición a encabezar los sondeos de opinión.
«Exactamente hace un año, hubiéramos dicho, vamos a caer en una dictadura, o sea, porque eran fuertes las posibilidades de tener una regresión democrática», declaró Gutiérrez Valdizán.
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Gutiérrez Valdizán, que está especializada en temas de derechos humanos, mujeres, ambiente, memoria, seguridad y violencia, reconoce que todavía persisten grandes amenazas para consolidar la democracia en Guatemala.
«El sistema de justicia está cooptado y las amenazas vienen desde el sistema judicial, desde el Ministerio Público, y hay todo este esfuerzo por crear inestabilidad política, para atacar al periodismo a través de la judicialización y criminalización», dijo señaló Gutiérrez Valdizán.
Centroamérica y los autoritarismos
La coyuntura política fue parte de los temas que se debatieron en un panel organizado por el Foro Centroamericano de Donantes (CADF) 2024 que se realiza en la ciudad colonial Antigua Guatemala, aproximadamente a 38 kilómetros al suroeste de la capital.
Un grupo de periodistas discutió los retos que enfrenta el periodismo colaborativo ante el ascenso del autoritarismo como modelo político predominante en Centroamérica.
El encuentro, que auspició el CADF, sirvió también para analizar el escenario que atraviesan las sociedades al confrontar el autoritarismo con la información y el retroceso de los principios democráticos como el Estado de derecho y la libertad de prensa.
Oswaldo Hernández, reportero y editor del medio digital nativo guatemalteco No Ficción, participó como moderador del panel, y en entrevista con Expediente Público, alertó sobre los diferentes estilos políticos autoritarios que surgen en la región y amenazan al ejercicio periodístico.
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«Hay diferentes especie de dictaduras en Centroamérica porque la de Guatemala no es tan personalista como la de (Nayib) Bukele o (Daniel) Ortega. Aquí es corporativista. Es decir, no vemos una sola persona que sea el actor principal de esta estrategia de criminalizar a la prensa, sino que es todo un entramado cooptado por redes económicas y políticas ilícitas», afirmó Hernández.
Leyes para criminalizar
Hernández es un reconocido reportero investigativo que integró el equipo de la revista Plaza Pública, un proyecto editorial en el seno de la Universidad Rafael Landívar y considera que los regímenes autoritarios se apoyan en el Poder Judicial.
«Cualquier ataque contra ellos desde una perspectiva democrática, ellos lo ven como una amenaza. Lo primero que hacen es tratar de silenciarlo (…) Lo primero que se les ve es la fuerza que tienen con el poder judicial a tal grado de enmarcar al periodismo dentro de la Ley de Crimen Organizado», añade Hernández.
El Congreso guatemalteco aprobó en 2006 la Ley Contra la Delincuencia Organizada para perseguir a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, secuestros, corrupción en el Estado, trasiego de armas y tráfico de personas.
En febrero de 2023, es decir, 17 años después de su creación, el Ministerio Público utilizó esta herramienta legal para investigar a periodistas como José Rubén Zamora, quien lleva detenido 800 días.
Esta misma ley se usó en contra de seis periodistas y dos columnistas de elPeriódico, el diario que fundó Zamora, a solicitud de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FECI).
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«Si un medio de comunicación de Guatemala hace una nota de seguimiento de un caso de corrupción en Guatemala, rápidamente lo enmarcan como un obstáculo de la justicia y que forma parte de una red de crimen organizado que se dedica a obstaculizar la justicia», ejemplifica el editor de No Ficción.
Sistema judicial débil ante el crimen
Por su parte, Gutiérrez Valdizán destacó que, si bien hay un ambiente más benigno en términos de que no hay un discurso presidencial en contra de la prensa, el riesgo sigue siendo grandísimo en Guatemala.
«José Rubén Zamora sigue en prisión, periodistas van al exilio y todo debido a que el sistema de justicia siempre ha sido muy débil y fue tomado por personas pro impunidad», alertó la periodista en entrevista con Expediente Público.
Desde la llegada al poder de Bernardo Arévalo, en enero de 2024, las expectativas por la liberación del periodista Zamora se han diluido a medida que el sistema judicial sigue dilatando el caso y el Ministerio Público parece robustecerse, en opinión de los profesionales de la comunicación.
«Desde la prensa nos toca seguir denunciando todos los excesos (de poder) como una forma de hacer un archivo para futuro (…) Los jueces que a título personal han tomado decisiones para liberar a delincuentes, a personas vinculadas a la corrupción y que siempre persiguen a los operadores de justicia, abogadas, abogados, fiscales y la prensa», reflexiona González Valdizán.
Impacto en la población femenina
La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), participó en un panel del CADF que analizó el impacto de los autoritarismos en la vida de las mujeres.
La investigadora nicaragüense hizo un recuento de las medidas tomadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la población femenina, que abarca amenazas, vigilancia permanente, exilio, desplazamiento forzado, el despojo de la nacionalidad, confiscaciones y desapariciones forzadas.
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«En este momento hay varias mujeres en condición de desaparición forzada, es una modalidad que el régimen de Ortega-Murillo está utilizando con mucha frecuencia», indicó Cuadra.
Para la socióloga, el caso nicaragüense muestra la capacidad de un Gobierno autoritario para infligir violencia de forma específica.
«Hay una política de violencia en contra de las mujeres y está dividida en particular hacia ciertos grupos como defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, exiliadas», agregó Cuadra.
Cuadra explicó que el régimen también «toma represalias contra las familias» de estas mujeres que todavía permanecen en el país de origen.
La realidad de El Salvador
En Centroamérica, el régimen de excepción en El Salvador, que implementó el gobierno de Nayib Bukele, es criticado por organismos de derechos humanos debido a sus efectos colaterales, entre ellos la creciente violencia contra las mujeres.
La feminista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, declaró a Expediente Público que, mientras se prioriza el combate a las pandillas, los casos de violencia de género y femicidios quedan relegados y no hay «acceso a los datos».
«Estamos viviendo 30 meses en régimen de excepción ininterrumpido y esto significa la anulación de garantías constitucionales, judiciales y procesales para todas las personas, pero para las mujeres también no solo cuando tienen un familiar detenido, sino para ellas mismas», esgrimió Herrera.
