* Exilio, amenazas y muerte sufren los defensores del medio ambiente en Honduras.
** Expertos consultados por Expediente Público señalan que todavía no hay intenciones reales en Honduras para proteger a los ambientalistas.
Yarely Madrid / Expediente Público
La violencia contra defensores ambientales mantiene sus niveles alarmantes en los casi tres años de administración de la presidenta de Honduras Xiomara Castro. Algunos son asesinados, perseguidos u obligados a exiliarse.
Cuatro ambientalistas fueron asesinados en lo que va del 2024 en Honduras, de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En 2023, Honduras registró 18 asesinatos de defensores, según los datos de la ONG «Global Witness». Esta es la segunda cifra más alta desde el 2012 que se reportaron 25 muertes.
La ONG también señala que Honduras lidera la lista de países con más muertes de defensores del medioambiente, contabilizando un total de 148 homicidios entre 2012 y 2023.
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Intereses económicos de por medio
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodoh), indicó a Expediente Público que, “de cada 100 casos de agresiones, de violencias e incluso de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente, menos de 5 son realmente enjuiciados y castigados”.
Acevedo explica que en la mayoría de los casos lo que ocurre es que empresarios quieren comprar la consciencia del ambientalista para explotar algún recurso y cuando se rechaza la pretensión los amenazan.
“La amenaza primero es a través de familiares, a través de personas allegadas, quienes le dan el mensaje y finalmente llegan a la agresión”, señaló.
Respuesta estatal es insuficiente
El directo de Ciprodoh lamentó que exista “poco interés y pocas posibilidades reales de hacer protección” por parte del Estado.
“Hasta la fecha las principales medidas de protección que se utilizan son brindar algún tipo de asistencia o acompañamiento policial, pero hay medidas que pudieran haberse implementado de hace varios años como las tecnológicas, que no están puestas en marcha”, manifestó.
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Asesinato de López, última cruz en cementerio de defensores
El asesinato de Juan López el 14 de septiembre de 2024 fue sólo la última acción violenta contra los defensores de derechos humanos.
Juan López era un activista ambiental que lideró varias luchas en contra de la minería a cielo abierto en Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras.
Defendió el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y los ríos Guapinol y San Pedro, frente a un megaproyecto promovido por Emco Holdings y sus asociados.
Fue tiroteado por individuos armados no identificados mientras salía de la iglesia.
López fue asesinado a pesar de que, tenía medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que su vida había sido amenazada en reiteradas ocasiones.
Varias organizaciones ambientalistas como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) responsabilizan al Gobierno Honduras por su inacción tras meses de amenazas.
Promesas y más promesas
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió el miércoles 25 de septiembre “capturar y condenar” a los asesinos del ambientalista Juan López, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sin embargo, semanas antes, un fallo emitido el 5 de septiembre del 2024 por la Corte de Apelaciones de La Ceiba notificó la anulación del sobreseimiento definitivo (liberación de cargos) a Juan López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalí Cedillo Menzoza y Marco Tulio Ramos.
Con esto, los ambientalistas volvían a ser señalados por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea de Inversiones Los Pinares.
El juez también mantuvo la acusación contra los ambientalistas por violar la seguridad interior del Estado de Honduras.
Cabe señalar que, Los Pinares pertenece a Lenir Pérez, un empresario señalado por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) de depredación ambiental y de utilizar la violencia para expandir sus propiedades y asegurar depredadores proyectos de minería.
Otros dos ambientalistas defensores de la Comunidad de Guapinol en Tocoá también fueron asesinado, el 7 de enero del 2023, también relacionados con el proyecto Los Pinares. Se trata de Aly Domínguez (34 años) y Jairo Bonilla (28).
Domínguez era hermano del también defensor Reynaldo Domínguez, y también es una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
Deslice para más información
Berta Cáceres
Xiomara Castro ordenó imprimir billetes de 200 lempiras con la cara de la defensora lenca Berta Cáceres asesinada el 2 de marzo de 2016.
Cáceres dedicó su vida a la lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara. También luchó contra proyectos mineros y madereros para proteger el medio ambiente.
El caso de Berta Cáceres todavía se mantiene impune, pues, aunque en 2018 y 2021 fueron declarados culpables ocho hombres por su asesinato las sentencias están en pausa y no son firmes.
Así lo declaro la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en su último reporte.
Expediente Público se comunicó con Berta Cáceres, hija de la ambientalista, para conocer cómo va el proceso de sentencia contra los asesinos de Cáceres, pero hasta la publicación de la nota no hubo respuesta.
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Exilio forzado
César Luna muestra como Honduras no brinda protección a defensores de derechos ambientales. Pues ha tenido que, huir del país dos veces para salvaguardar su vida y la de su familia de los asesinos de su padre Carlos Luna.
El asesinato de Carlos Luna en 1998 podría estar ligado a una mafia maderera en el departamento de Olancho.
Han pasado 20 años desde el asesinato Luna y a pesar de que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que culpa y obliga al Estado de Honduras a resolver los hechos de muerte no se han enjuiciado los responsables.
Por si fuera poco, en marzo de 2023, mientras Luna se encontraba en el restaurante de su hermano Róger Luna, junto a su tío Daniel Valle, llegaron hombres fuertemente armados y les disparos a quema ropa.
César Luna quedó gravemente herido y fue transferido a un hospital, pero sus familiares no corrieron con la misma suerte y fallecieron.
Hasta el momento nadie ha sido enjuiciado por la muerte de los familiares de Luna y tampoco existen indicios de quiénes son los autores intelectuales.
Luna relató al sitió de investigación Insight Crime los problemas que tenía con el supuesto asesino de su padre, un empresario maderero, que fue alcalde de Catacamas por más de 10 años, Lincoln Figueroa.
Un detective hondureño que trabajó en el caso del padre de Luna dijo a Infobae que las investigaciones ya arrojaban a alianzas entre narcotraficantes poderosos de Olancho y políticos locales.
Protección fuera del Estado y exilio
Keyla Canales, abogada de la organización Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), manejó el caso de César Luna, cuando pidió apoyo para solicitar asilo político.
Canales conversó con Expediente Público e informó que el caso fue transferido a la Agencia de la ONU para los Refugiados en Honduras (ACNUR), además, Luna había salido del país en el 2023.
Expediente Público se comunicó con Danielle Álvarez, responsable de las comunicaciones en ACNUR Honduras, quien explicó que no podía dar información sobre el caso de César “con el fin de garantizar la protección de las personas en situación de riesgo”.
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Sentencias que no se cumplen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió tres sentencias que condenan a Honduras por la muerte de tres ambientalistas, entre ellos, Carlos Luna.
Tres años antes de la muerte de Luna – en 1995- también fue asesinada Blanca Jeannette Kawas, una activista política y defensora del medio ambiente.
Al menos 29 años han pasado desde ese entonces y aún se desconoce quienes fueron los autores intelectuales de su muerte, aunque las investigaciones arrojan a que los supuestos culpables fueron el coronel Mario Amaya, el sargento Ismael Perdomo y Mario Pineda.
Kawas dedicó su vida a la defensa de la Bahía de Tela de Tela en el departamento de Atlántida. También fue presidenta para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Texiguat (Prolansate).
En 2009 la Corte IDH declaró al Estado Hondureño responsable de violar el derecho a la vida y no investigar su muerte.
Deslice para más información
Carlos Escaleras
Otra sentencia de la Corte IDH en 2005 fue la del líder del Valle del Aguán, en el departamento de Colón, Carlos Escaleras.
Escaleras denunció las actividades de empresas que causaban daño al medio ambiente y al ecosistema del valle al derramar sustancias tóxicas en los ríos.
Según el expediente judicial, investigación de la DGIC, folio 161, apartado 3, el fallecido empresario Miguel Facussé había advertido al hermano de Escaleras, Carlos Escaleras, que “por favor aconsejara a su hermano para no siguiera siendo un obstáculo a sus negocios”.
A más de 20 años de su homicidio tampoco se han determinado quienes fueron los autores intelectuales de crimen.
