* Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios penales sin garantías y ataques a la libertad religiosa es el patrón que mantiene el régimen en Nicaragua.
** Los testimonios de las víctimas son claves para sustentar las denuncias, asegura el defensor de derechos humanos, Salvador Marenco.
Expediente Público
El espacio cívico en Nicaragua sigue “gravemente erosionado” en medio de continuas denuncias de represión, lo que hace que el ejercicio de los derechos civiles y políticos sea cada vez más complicado, concluye un informe de Naciones Unidas.
La situación en el país centroamericano no solo “ha seguido deteriorándose gravemente”, sino que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución” contra los opositores y quienes son percibidos como voces disidentes.
Así lo destaca el informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, que publicó este 3 de septiembre la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La restauración de los espacios cívicos y democráticos, y el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho, facilitarán la recuperación de Nicaragua de la profunda erosión de los derechos civiles y políticos que viene sufriendo desde 2018”, detalla el informe.
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) destaca que cualquier proceso político para resolver la crisis en Nicaragua debe basarse en los principios de la “justicia transicional”.
Eso significa que, “solo garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición”, cualquier acuerdo podrá sacar a los nicaragüenses de la crisis sociopolítica, refiere.
ONU obtiene más evidencias contra Ortega
El informe abarca un período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023. Naciones Unidas entrevistó a 120 personas, entre víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos.
Además, recogió información de representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Este nuevo documento será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
El defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, participó en la pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, y en entrevista con Expediente Público destaca el valor de la denuncia internacional.
“Independientemente de las trabas del Estado, siguen teniendo una relación directa con las víctimas y siguen teniendo información de primera mano (…) Eso es importante de cara al Examen Periódico Universal”, dijo Marenco.
Documentar las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en el país centroamericano es clave.
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“Es importante porque hay un mandato de seguimiento específico de la Oficia del Alto Comisionado para Nicaragua. Y para que el Estado sepa de que las violaciones que está perpetrando, aún de forma confidencial, las víctimas siguen denunciando las graves violaciones que pasan en el país”, destacó.
Detenciones arbitrarias en Nicaragua
El informe documenta casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y detenciones arbitrarias.
Según datos de Naciones Unidas, hasta mayo de este año 131 personas consideradas opositoras sufrían detención arbitraria, 54 personas más con respecto a un año antes de la presentación de este informe.
No obstante, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta julio de 2024, reconoce la existencia de 151 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 25 son mujeres y 126 son hombres.
Además, se identifica que las detenciones se llevan a cabo “sin orden judicial ni información sobre los cargos”.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la existencia de un “patrón recurrente de detenciones breves de personas”. Después de estar detenidos unas horas, antes de ser liberados, se les informó de acudir a una estación policial a diario, dos veces al día.
Según cifras de la sociedad civil, 41 mujeres y 59 hombres fueron sometidos arbitrariamente a esta “forma de control policial”, entre mayo de 2023 y mayo de 2024.
Naciones Unidas destaca desapariciones forzadas
La ONU informó sobre casos de desapariciones forzadas como ocurrió con el comerciante de 70 años, Douglas Acevedo Castillo, uno de los 25 adultos mayores presos políticos.
Acevedo Castillo fue encarcelado, el 10 de octubre de 2023, por criticar al régimen en “conversaciones informales” en su tienda ubicada en Terrabona, municipio del departamento de Matagalpa, al norte de la capital del país.
Durante más de un mes se le negó a su familia información sobre su paradero, por lo que la ONU considera que su caso es un ejemplo de “desaparición forzada”. Acevedo Castillo fue condenado a una pena de siete años de prisión por tráfico de armas en un proceso que no garantizó su derecho a un juicio justo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgó medidas cautelares a Acevedo Castillo, constató que éste “duerme en el suelo, sobre una colchoneta y solo puede bañarse cada dos o tres días por falta de agua”.
En la actualidad, el paradero del profesor y excatedrático nicaragüense, Freddy Antonio Quezada, de 66 años, “sigue siendo desconocido” desde su captura el 20 de noviembre de 2023, destacó Naciones Unidas.
O el caso de una mujer que, hasta junio de este año, permanecía detenida «arbitrariamente sin juicio” desde su captura, hace más de 13 meses por «imprimir y distribuir pegatinas con el rostro del obispo Rolando Álvarez”, quien fue desterrado a Roma.
Crímenes de lesa humanidad
Marenco destacó que las desapariciones forzadas de personas que ocurren en Nicaragua son consideradas “crímenes de lesa humanidad”.
Naciones Unidas también documentó la detención de una persona por participar en una procesión católica, en Managua, el 1 de agosto de 2023.
Aunque los familiares consultaron a la policía, éstos “negaron tener a la persona bajo custodia, y solo seis días después la familia logró localizarla en prisión”, describe el informe.
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“La desaparición forzada, básicamente, es aplicada en la mayoría de los casos actualmente, al menos desde hace un año, en donde las personas son detenidas sin ningún tipo de garantías, las llevan a centros de detención sin informarles a las familias”, dijo Marenco.
Se continuó negando sistemáticamente a los detenidos el derecho a contar con asistencia legal y defensa.
“Se agrava porque no se pueden nombrar abogados defensores privados y quienes logran hacerlo no les imprimen el expediente”, explicó Marenco a Expediente Público.
Un ejemplo es el preso político Carlos Bojorge, detenido el 1 de enero de 2024 tras gritar «¡Viva la Iglesia Católica!» al final de la misa dominical. Su familia no pudo identificar su lugar de detención, sino hasta junio de 2024.
Ataques a la libertad religiosa
El régimen Ortega y Murillo también intensificó los ataques a la libertad religiosa en Nicaragua.
La persecución contra líderes religiosos y las restricciones de las actividades es parte de la dinámica.
Al menos 27 de sacerdotes y seminaristas católicos fueron arrestados arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Esos se suman a los 31 religiosos detenidos y posteriormente desterrados al Vaticano entre el 18 de octubre de 2023 y el 13 de enero de 2024.
Entre ellos se encontraba el obispo Rolando Álvarez, detenido desde agosto de 2022.
“Continuó la prohibición de facto de las procesiones católicas, la vigilancia de las misas, incluida la vigilancia de los discursos de sacerdotes durante la liturgia, y la presencia intimidatoria de las fuerzas del orden frente a las iglesias”, resaltó Naciones Unidas.
Clima de terror en Nicaragua
Esta escalada represiva genera un clima de temor y limitaciones severas al derecho fundamental de practicar la religión libremente.
Por otro lado, con datos de la sociedad civil, a mayo de 2024, Naciones Unidas registra 392 organizaciones religiosas canceladas desde 2018.
Daniel Ortega, en el acto del 45 aniversario del Ejército, este 2 de septiembre, repitió su discurso de odio contra los obispos católicos al calificarlos de “terroristas”.
Ortega acusó directamente a los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez, desterrados y privados de su nacionalidad, que participaron en el primer diálogo nacional de 2018, en el que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) fue mediadora.
“El cura (Silvio) Báez y, el otro, el de Matagalpa (Rolando Álvarez) terroristas, que cuando decíamos vamos a votar quiénes están a favor que se levanten los tranques (…) y levantaban la mano todos los bandidos esos que estaban con esos curas y los curas levantando la mano también, no todos, pero sí Báez y el de Matagalpa”, señaló Ortega.
Actuar contra Ortega
En sus conclusiones, Naciones Unidas insta a la comunidad internacional a fortalecer la rendición de cuentas por los “presuntos crímenes internacionales” cometidos desde 2018 en Nicaragua.
En el marco de una investigación que se lleva en Argentina, el abogado, Darío Richarte solicitó hace una semana una orden de captura internacional contra Ortega y Murillo.
Argentina, en 2022, inició un proceso de investigación penal contra Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad a partir de una denuncia que presentó Richarte y otros abogados.
La investigación incluye a altos funcionarios del régimen nicaragüense.
Mientras tanto, Naciones Unidas pide a la comunidad internacional “promover la aplicación adecuada de las jurisdicciones universal y extraterritorial”, así como apoyar a los nicaragüenses despojados de su nacionalidad y a quienes tienen prohibido ingresar al país.
