* Juristas argentinos cercaron al régimen de Nicaragua al pedir orden de captura internacional contra los mandatarios y su círculo de confianza.
** Expediente Público entrevistó al abogado Darío Richarte sobre lo que implica su investigación y lo que se espera del proceso abierto en Argentina contra el aparato represivo nicaragüense.
Expediente Público
“Es crucial que el mundo no olvide lo que sucede en Nicaragua y que se genere una conciencia internacional para presionar por el cambio”, indicó a Expediente Público el abogado Darío Richarte, quien esta semana pidió captura internacional contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Richarte, profesor de Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, encabeza la investigación en Argentina de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua.
Aunque “las dictaduras nunca quieren dejar el poder”, Richarte indicó que estos mecanismos jurídicos visibilizan el drama de los nicaragüenses, también mantienen la presión contra el régimen y servirán cuando el país retorne a la democracia.
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El jurista opina que, en medio de todos los conflictos en el mundo, la comunidad internacional no generando las herramientas para aislar lo más posible a un régimen como el de de Ortega.
Para recuperar la democracia debe existir «un consenso internacional de que hay que terminar con esta dictadura», criticó.
La investigación que inició en agosto de 2022, entra en un nuevo proceso, «después de haber analizado la prueba producida en todo este tiempo, en el marco de la investigación que tramita en Argentina», describió el jurista en la red social X.
A Ortega y Murillo se les responsabiliza por la represión en 2018 que dejó más 355 muertos y miles de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Implicaciones de petición de captura
La investigación de los juristas argentinos que tiene el apoyo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, se fueron sumando nuevos hechos y acusados.
Inicialmente, la denuncia incluía a Ortega, su esposa Murillo y otros 7 u 8 funcionarios, pero a lo largo de la investigación, se añadieron nuevos nombres, que Richarte prefirió no mencionar.
Aunque ahora hay entre 25 y 30 personas investigadas con petición de captura internacional, «esto no quiere decir que el número se limite a ellos; son las que surgen de esta primera etapa», informó.
“Cuando hay tanta prueba en contra de los imputados, como ocurrió en este caso, el fiscal y nosotros, los denunciantes y abogados de algunas víctimas, pedimos que se les tome declaración indagatoria”.
Esto es la oportunidad para que se defiendan, sin embargo, Richarte acusó al régimen no sólo de falta de colaboración, sino, de obstaculizar el proceso.
La dictadura de Nicaragua nunca respondió a los requerimientos de la justicia argentina, por lo cual, pidieron la detención de los investigados para garantizar su comparecencia.
Lo que decidirá el juez
El caso que sigue el el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 en Argentina, pero están limitado a la investigación, no es un juicio.
«El juez de la instrucción del caso lo que tiene que llevar adelante es la investigación», aclaró Richarte.
En un momento cuando hay tanta prueba en contra de los imputados, como sucedió en este caso, el fiscal, los denunciantes y además, los abogados de algunas víctimas, piden que se le tome declaración indagatoria a los señalados de estos hechos criminales.
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Los alcances de este proceso judicial, según Richarte, son comparables con el trabajo del fiscal Alberto Nisman en el caso del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.
Nisman determinó que los responsables eran células terroristas organizadas desde Irán. Como los funcionarios iraníes nunca se sometieron a la justicia argentina, el juez ordenó su captura internacional, lo que se traduce en alertas rojas emitidas por Interpol.
El propósito de esta investigación es acumular prueba sustancial que pueda ser utilizada en el futuro. Si, por ejemplo, Nicaragua recupera la democracia, habrá mucha prueba que facilitará el proceso judicial.
“Creo que cuestiones como estas, aunque nunca soñamos con que en Argentina se abriera una investigación de esta magnitud, son importantes”, dijo, ante la evidencia de la falta de voluntad por respetar las leyes y los derechos humanos del régimen Ortega Murillo.
“La justicia argentina en materia de derechos humanos actúa de manera independiente, sin importar la ideología o el estatus de los violadores de derechos humanos”, aseguró.
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Dos años de trabajo
«Las investigaciones aquí en Argentina como esta pueden tardar el doble de tiempo. Además, la dictadura de Nicaragua no para de cometer crímenes», contó Richarte.
La denuncia empezó con hechos ocurridos antes y con abril de 2018, y lo que va pasando en todo este tiempo con los presos políticos, asesinatos, desapariciones, la supresión de la personería de las organizaciones políticas y sociales, y la persecución a la iglesia.
Luego, viene el capítulo donde se envía al exilio forzoso a todas esas personas, después se les suprime la nacionalidad, y se les quita la matrícula a los abogados.
El conflicto de tierras de las comunidades originarias y afrodescendientes del Caribe con los colonos se agregó al expediente tras petición de los afectados.
“A medida que íbamos conociendo nuevos hechos, ya fuera porque sucedían en ese momento o porque las víctimas se ponían en contacto con nosotros, íbamos ampliando la denuncia”, precisó.
No olvidar sufrimiento de Nicaragua
Richarte reitera en diferentes entrevistas que su propósito desde el principio, es visibilizar el problema que sufre el pueblo de Nicaragua en un mundo convulsionado, donde otros conflictos a menudo ocultan su sufrimiento.
“Queremos que la comunidad internacional vea lo que ocurre para generar herramientas que aíslen al régimen y, en última instancia, acabar con la dictadura”, dijo a Expediente Público.
