* La Asamblea Legislativa de El Salvador, en control del oficialista Nuevas Ideas, aumentó el castigo con prisión por la filtración de datos en Internet.
** Al estilo de Putin, Ortega o Maduro la reforma legislativa arrinconará a los medios independientes y organizaciones críticas.
*** La reforma sucede en medio de sucesivas filtraciones de hacktivistas que revelaron el clientelismo y el nepotismo de los diputados oficialistas.
Eric Lemus / Expediente Público
El Gobierno de Nayib Bukele castigará hasta con 12 años de cárcel a quien publique información reservada y así se suma al modelo de represión digital utilizada por los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El partido oficialista Nuevas Ideas (NI), que controla la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó el 12 de agosto reformar la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, en una medida que es vista como reacción a la filtración de contrataciones arbitrarias en el Congreso.
“El problema es que estas leyes se convierten en un arma en contra de la libertad de expresión. Eso ya lo vemos en Nicaragua, por ejemplo, donde las regulaciones se aplican para perseguir a la disidencia política”, opina Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana.
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El manual represivo de Nicaragua
Por su parte, el coordinador de incidencia y comunicación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, trae a colación que El Salvador busca replicar la ruta autoritaria nicaragüense.
Marenco dice a Expediente Público que el manual autoritario de regímenes dictatoriales como el de Ortega-Murillo traspasa hacia los derechos digitales porque eso le permite ampliar la restricción a la libertad de reunión, de expresión, de investigación, de información, en todos los ámbitos posibles.
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“La mayoría de los gobiernos autoritarios han tratado de incorporar nuevas limitaciones, pero también figuras punitivas, implicando delitos o tipificando figuras ambiguas que puedan servir para la persecución de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, de organizaciones de la sociedad civil”, dice Marenco.
“En esta lógica los estados autoritarios han encontrado una brecha para criminalizar la información que circula en las redes sociales, el uso de la comedia (como crítica política)”, por ejemplo.
Sin embargo, Marenco recuerda que a partir de la experiencia de Nicaragua las leyes represivas “no son iniciativas aisladas, sino que vienen acompañados de reformas, pero también de otras leyes agresivas, por ejemplo, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y luego vinieron las reformas constitucionales para la desnacionalización de 317 personas”.
El modelo de persecución de Cuba
La abogada Laritza Diversent opina que Centroamérica debe mirar la experiencia de Cuba desde 1992, cuando empieza a definir delitos informáticos y regular el acceso a la información a partir de una legislación antiterrorista.
La ley establece cárcel de hasta 20 años a quienes utilicen “equipos, medios, programas, redes informáticas o cualquier otra aplicación informática, intercepte, interfiera, use, altere, dañe, inutilice o destruya datos, información, documentos electrónicos…”.
Diversent, quien es directora ejecutiva de Cubalex, una organización defensora de derechos humanos en Cuba observa a Expediente Público mucha similitud en cuanto a la posición punitiva del Estado en torno a la libertad digital
“Veo mucha similitud por ejemplo en esta ley que (los políticos salvadoreños) acaban de sacar y leyes penales para protegerse”, destaca Diversent.
“En cuanto a libertad digital, es evidente que El Salvador está siguiendo el modelo de Cuba, Nicaragua y Venezuela desde que empezó principalmente a violar garantías de debido proceso, el control del poder judicial y ahora con este voto por unanimidad (para reformar la ley)”, dice.
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“Eso sucede en Cuba con leyes especiales penales para regular la disidencia, la (libertad de) expresión, o cualquier forma en la que la ciudadanía pueda exigir transparencia de la gestión del Gobierno. Pues esto ha sido una práctica común de Cuba”, agrega.
“Quizás la gente puede pensar que porque (El Salvador) es un Gobierno de derecha sería diferente a uno de Cuba, Nicaragua y Venezuela que se venden como de izquierda, pero lo cierto es que estamos hablando de dictadura. Y la historia de la región demuestra que no importa el perfil ideológico que tenga un gobierno dictatorial. Es dictatorial y punto”, insiste la abogada cubana.
“Autoritarismo no necesita leyes”
El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, en conversación con Expediente Público, opina que la tendencia autoritaria dominante en la región. Incluso prescinde de marcos jurídicos. Es lo que sucede en Venezuela tras las elecciones presidenciales donde Nicolás Maduro se declaró vencedor en unos comicios denunciados fraudulentos por la comunidad internacional.
“Al menos desde 2010 tenemos gente que ha sido encarcelada por comentarios en Internet. En 2014 hubo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas que solo habían hecho un tweet, o simplemente nada, porque allanaron un cibercafé y agarraron a una empleada para culparla de terrorismo”, recuerda Díaz.
“El chavismo no necesita leyes ni de ciberdelitos ni de redes sociales ni contra el odio o el fascismo para ir contra quien le dé la gana”, lamenta Díaz. En 2019, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) capturó al periodista y lo recluyó en “El Helicoide”, uno de los centros de tortura del régimen de Maduro.
Díaz, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, estudia el uso de Internet como refugio tras el cierre de los espacios convencionales y, aunque evita comparar la situación salvadoreña, le preocupa su deriva autocrática.
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“Lo de Bukele es extraño, y sé que tiene fans en el continente, pero si ataca a periodistas y ONGs no lo puedo considerar democrático ni deseable, aunque tenga popularidad. Pero al mismo tiempo no es lo mismo que Nicaragua”, matiza.
Leyes contra libertad de expresión
Por su parte, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, dice que el problema de estas reformas en El Salvador es “a quién se le aplica la ley al no tener un órgano judicial y una Fiscalía independientes que investiguen el delito”.
Además, el especialista en contraloría social opina a Expediente Público que “obviamente esto deviene de las filtraciones que se han dado en los últimos días”.
“Es una reacción del Gobierno para que no se siga poniendo en evidencia las cosas que están haciendo, porque algunas han tenido un impacto fuerte en la opinión pública”, analiza.
“El tema de los presupuestos de cada diputado para contratación ha golpeado fuerte entre la opinión pública. Incluso, muchos generadores de contenido que apoyaban a los diputados ahora están dándoles la espalda y están siendo muy críticos”, destaca Escobar.
