* Gobierno de Xiomara Castro en Honduras finalmente tomó acciones legales contra exfuncionario Ebal Díaz, nacionalizado en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo.
** Castro tiene una postura favorable con los Ortega, por lo que sorprenden los recientes requerimientos que podrían terminar en una petición de extradición.
*** Existe orden de captura internacional contra Ebal Díaz.
Yarely Madrid / Expediente Público
Dos años después que Ebal Díaz Lupián se nacionalizó en Nicaragua, el Ministerio Público de Honduras inició audiencias para confiscar las cuentas bancarias a su nombre. Díaz Lupián era el poderoso ministro de la Presidencia de Juan Orlando Hernández,
Díaz tiene vigente un requerimiento fiscal por el desvío de 294 millones de lempiras (11.8 millones de dólares) destinados al proyecto habitacional “Casas Contenedoras”. El proyecto en Ciudad Morazán es para los afectados por los huracanes Eta e Iota en 2020.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informaron a Expediente Público que este caso dependerá al final de la comunicación de las cancillerías de Honduras y Nicaragua.
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Fiscalía gestiona extradición de Ebal Díaz
Expediente Público consultó al vicecanciller de Honduras en asuntos consulares y migratorios, Antonio García, si existe conversación con el régimen de Nicaragua para que entregue a Ebal Díaz, pero se limitó a contestar que “no estaba al tanto”.
Sin embargo, Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, explicó a Expediente Público que ya se extendió un requerimiento fiscal contra Díaz.
“Lo que prosigue es pedir al juzgado competente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cancillería que haga sus gestiones para ver las posibilidades de cómo se puede extraditar”, indicó.
El exministro Díaz era uno de los hombres de confianza del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Corte Suprema espera captura de Ebal Díaz
Melvin Duarte, vocero de la CSJ, dijo a Expediente Público que Ebal Díaz tiene una “orden de captura internacional” desde el 30 de julio de 2024 y hasta que sea capturado se procederá a solicitar las posibilidades de extradición.
Se consultó al canciller de Honduras, Enrique Reina vía WhatsApp, sobre si hay un proceso de extradición de Díaz pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
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Díaz abandonó Honduras pocos días después que Juan Orlando Hernández entregara el poder a finales de enero de 2022 y se radicó en Nicaragua poco después.
El 17 de junio de 2022 se publicó en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, la constancia de nacionalización de Díaz, su esposa e hija. Ese proceso se aprobó desde el 13 de noviembre de 2020. Díaz aún era funcionario hondureños cuando obtuvo la nacionalidad nicaragüense.
La cédula de identidad nicaragüense de Ebal Díaz en sus redes indica que recibió la nacionalidad el 20 de enero del 2022.
Pero no se conoce que el exministro de confianza de Juan Orlando Hernández tuviera residencia continua en Nicaragua, por lo menos, durante tres años, como demanda la ley.
Por otra parte, el Ministerio Público hondureño anunció el inicio de la investigación contra Díaz en febrero de 2023, en lo que denominó Operación Poseidón II.
¿Extraditable o no?
El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua señala que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
El abogado penalista Marco Zelaya dijo a Expediente Público que si Ebal Díaz no ha infringido ninguna ley no habría la necesidad de despojarlo de su nacionalidad nicaragüense.
“Va a depender de qué peticiones haga el fiscal ( de Honduras) a través de las asistencias judiciales que, una vez admitidas, son remitidas al departamento de Relaciones Exteriores que a su vez las comunica a Nicaragua”, aclaró.
Otra posibilidad es que el canciller de Honduras “solicite el despojo de la nacionalidad de este señor por actos de corrupción que podrían ser la causa de expulsión”, consideró Zelaya.
¿Qué dice el derecho internacional?
En entrevista con Expediente Público el exvicecanciller nicaragüense, José Pallais, hace énfasis en que, según el derecho internacional, la extradición en Nicaragua debe considerarse desde el momento que se cometió el delito en el extranjero.
A pesar de eso, la jurisprudencia en Nicaragua protege a los corruptos. “No importa la fecha en la que se adquirió la nacionalidad, el hecho de ser nicaragüense protege de los delitos cometidos teniendo una nacionalidad diferente”, lamenta.
Pallais comenta que la única posibilidad restante es que “Nicaragua acepte procesarlo en el país». «Es decir, abrir una causa con la denuncia hondureña e iniciar un proceso penal y ser investigado y condenado por las leyes nicaragüenses”.
Esta posibilidad se aleja a la realidad en Nicaragua. Pallais recuerda ue el régimen de Ortega “no cumple con sus obligaciones en cuanto a la lucha contra la corrupción”.
Pallais precisó que Ortega admite este tipo de nacionalizaciones por algún tipo de interés o beneficio.
“Son cosas que no se conocen, son manejos de negociaciones que se hacen por debajo de la mesa y nunca se publican”, mencionó.
Refugio internacional de corruptos
El régimen de Ortega nacionalizó a 130 extranjeros entre el 2022 y 2023, según el medio de comunicación Confidencial.
Entre estas personas se encuentra Mauricio Funes, expresidente salvadoreño (2009-2014) acusado por la malversación de 351 millones de dólares y pagos en sobornos en 2016.
Se incluye el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez (2014-2019) señalado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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Ricardo Leonel Cardona López, secretario privado y jefe de gabinete del expresidente Juan Orlando Hernández, también se le investiga en Honduras por actos de corrupción. Igual obtuvo la nacionalidad en Nicaragua.
El régimen de Ortega no solo nacionaliza a actores corruptos en Centroamérica, la lista va desde funcionarios en Italia hasta guerrilleros en Argentina y Colombia.
