* La segunda etapa de Surf City es el proyecto turístico más anunciado de Bukele, pero involucra el desalojo de miles de campesinos.
** El gobierno de Nayib Bukele desoye las denuncias de amenaza y persecución de sujetos armados contra los pobladores.
*** Pescadores artesanales de El Salvador están siendo acosados por empresas de desarrollo turístico e inmobiliario que invaden áreas naturales protegidas.
Eric Lemus / Expediente Público
El Icacal, a 142 kilómetros al este de San Salvador, empezó a ser asediado desde hace un año por empresas que reclaman la pertenencia del litoral, aunque no tienen un título que valide su reclamo.
La población vive frente a una playa de aguas tranquilas y paradisíacas en el distrito costero de Intipucá, en el departamento de La Unión Sur, en el extremo este salvadoreño, que abarca el Golfo de Fonseca.
Ahí existe una comunidad de pescadores desde hace seis décadas, junto a un área natural protegida, un bosque de mangles que equilibra el ecosistema marino.
La organización no gubernamental Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), que adentró a Expediente Público al lugar en disputa, relató que la comunidad de pescadores artesanales vive atemorizada por las acciones de la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A. de C.V.
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Expediente Público confirmó que la información de esta empresa no está disponible en el registro de comercio que enlista la base de datos del Centro Nacional de Registros (CNR).
Población vulnerable por Surf City
El Icacal alberga un millar de habitantes derivado de 75 grupos familiares que residen ahí desde hace tres generaciones. Muchos de sus pobladores originales huyeron de la pobreza emigrando a EE. UU., pero siempre retornan al rincón donde crecieron o dejaron a sus seres queridos.
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Carlos Hernández, habitante y representante de las familias perjudicadas, lamenta a Expediente Público que “históricamente hemos sufrido la usurpación de nuestras propiedades por hacendados y ahora por empresas inmobiliarias y turísticas”.
“Están utilizando personal de seguridad privada que llega con hombres encapuchados a intimidar a los pobladores para que desalojen sus casas”, confirma uno de los pescadores artesanales afectados.
Desarrolladora de Surf City sin título de propiedad
El coordinador de MILPA en la zona oriental, Ángel Flores, explica a Expediente Público que ellos han investigado la titularidad que esgrime Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A. de C.V.; sin embargo, descubrieron que no tienen escrituras de propiedad de las tierras que reclaman.
“A partir de indagaciones que nosotros como organización hemos realizado vemos que todo el sector no aparece con escritura (de propiedad) producto de toda la situación que históricamente se ha dado ahí en la zona”, dice Flores.
“Pero tampoco aparece la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico con ninguna escritura a su nombre. Si saliera (un documento a su favor) sería extraño e implicaría la complicidad de instancias del Gobierno”, añade.
Un tesoro escondido
Expediente Público se internó en el área natural protegida y confirmó la colocación de vallado con alambre de púas y la tala de mangle adentro de la reserva natural.
El acceso a esta playa escondida era una calle rústica, pero el 12 de mayo de 2024, el presidente Nayib Bukele envió al personal de la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que asfaltara 2.4 kilómetros y la convirtiera en una vía rápida que incluso surca la reserva de manglares.
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Humberto Gómez, que llegó aquel día en nombre del Gobierno, dijo que “con esta nueva calle sí se podrá movilizar adecuadamente los productos de los comerciantes de la pesca”.
La ejecución de la DOM, que tuvo un valor de 1.4 millones de dólares, también colocó tres túmulos, dos badenes, señalización y un cordón cuneta a lo largo de 4.7 kilómetros para beneficiar a 11,000 habitantes a través de la promoción del turismo.
César Artiga, que pertenece a la Asociación Generaciones de Paz (Asdepaz), relata a Expediente Público que esa obra entusiasmó a los pobladores.
“Ellos creen que el presidente Bukele ignora que los quieren desalojar cuando en realidad él es quien ordena las obras de Surf City”, comenta.
Un tesoro biológico marino
El bosque salado tiene árboles de hasta 20 metros de altura que constituyen una barrera que protege la degradación de las riberas. Y al mismo tiempo, es el hogar de una importante biodiversidad de especies costero-marinas, así como 78 tipo de aves, de acuerdo al conteo de eBird, el proyecto del Laboratorio de Ornitología de Cornell.
Sin embargo, una cuadrilla de mozos cortó en abril de 2024 al menos 100 árboles del bosque salado que luego utilizaron para colocar los cercos con alambre de púas que detiene el paso de los campesinos a sus áreas de cultivo.
El caso fue denunciado a las autoridades debido a que El Icacal es uno de los 33 sitios calificados como área protegida, según el registro del Atlas de Protección Marina realizado por el Instituto de Conservación Biológica Marina (MCI, por sus siglas en inglés).
El MCI es una organización no lucrativa con sede en EE. UU. que fue creada para identificar y proteger los ecosistemas oceánicos vulnerables en todo el mundo.
La riqueza de los bosques salados
A fines de los años 60, según relatan los pescadores, esta reserva fue ocupada por un militar de rango medio que incluso construyó una propiedad suntuosa junto al Esterón, un ojo de aguas salobres y cristalinas.
“El hombre vino con soldados y a nosotros solo nos tocó mirar, pero, al menos nos dejaba seguir viviendo de la agricultura y la pesca”, recuerda a Expediente Público Héctor Moreira, que sobrevive de la pesca artesanal.
La humedad del bosque salado agobia a quien se adentra en este lugar, pero a medida se camina hacia el Esterón, la biodiversidad es rica en crustáceos y moluscos que integran un corredor biológico del que se nutren los 78 tipos de aves que anidan en la zona.
El silencio solo es roto por el vaivén de las aguas del océano Pacífico que acarician esta parte escondida del Golfo de Fonseca, la región en el extremo oriental de El Salvador que comparte con las vecinas Nicaragua y Honduras.
En busca del debido proceso
El 28 de mayo de 2024 pobladores y miembros de la organización MILPA acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia por acoso, persecución e intimidación de sujetos armados, que destruyen el bosque salado.
Expediente Público solicitó información a la institución sobre este caso, pero la fiscalía no respondió.
La Constitución salvadoreña en el artículo 117 define que es deber del Estado “proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible”.
El coordinador de MILPA no vacila en manifestar a este medio que hay un sector inmobiliario que está detrás de las acciones violentas.
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El Gobierno de Nayib Bukele promueve inversión de capital extranjero en la franja costero-marina como parte de la fase dos de Surf City.
Expediente Público confirmó que los sujetos están alojados en una vivienda de un programa gubernamental de protección de medio ambiente.
De hecho, construyeron un portón metálico que cierran discrecionalmente y se desplazan a bordo de motocicletas mientras graban con sus teléfonos celulares. Durante nuestra investigación, los sujetos siguieron nuestros movimientos.
¿Una costa convertida en resort?
La ejecución de la segunda parte de Surf City abarca obras de gran envergadura como el asfaltado de la carretera del litoral. Además, incluye la pavimentación en el acceso rústico a playas prácticamente desconocidas, que están en tres departamentos del este del país: Usulután, San Miguel y La Unión.
Las tres provincias sufren abandono crónico y carecen de desarrollo económico social sustentable, según Ángel Flores, cuya organización atestigua la transformación de comunidades de pescadores a medida que edifican ranchos privados y hoteles como apuesta al turismo extranjero.
Una travesía realizada sobre esta carretera confirmó la instalación de una red hotelera que, incluso, impide el acceso público a las playas.
César Artiga, de Asdepaz, relató a Expediente Público que “incluso están privatizando el ingreso libre de los lugareños, que se quedan sin sus medios de vida porque ya no pueden entrar al mar para ir a pescar”.
Playas ¿de acceso libre?
De acuerdo con la Constitución salvadoreña, el ingreso a las playas no puede ser restringido. Sin embargo, en la carretera paralela a Punta Mango, en el municipio de Jucuarán, en Usulután, los ranchos privados se suceden uno detrás de otro sin acceso al litoral.
El Gobierno de Bukele promueve lo que denomina “migración inversa” a través de la embajadora destacada en Washington, Milena Mayorga, una exreina de belleza.
Recientemente, Mayorga presidió la inauguración de un complejo hotelero en dicha zona que abarca el Golfo de Fonseca.
María José Solís, una salvadoreña residente en Virginia, EE. UU., junto a su esposo de nacionalidad ecuatoriana, invirtió 3 millones de dólares en la edificación de Mariposa Beach Club.
“Este tipo de espacios turísticos es inaccesible para el presupuesto de un salvadoreño cuyo salario promedio es alrededor de $350 dólares al mes. Buscan atraer sobre todo a la diáspora nostálgica que viene al país por un par de semanas. Esa es una apuesta efímera”, opina Artiga, de Asdepaz.
Bukele quiere consolidar el litoral este de este pequeño país centroamericano como un destino internacional.
Un aeropuerto local en el horizonte
Surf City incluye la construcción del Aeropuerto del Pacífico e intervención en el Puerto de La Unión con participación de capital de China.
Sin embargo, el impacto ambiental derivado de las fuertes lluvias que azotan El Salvador está jugando en contra de los planes gubernamentales.
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Varios sectores asfaltados por la DOM no resistieron el avance de los ríos desbordados y aislaron a los residentes.
La organización MILPA denunció el aumento de la vulnerabilidad de los habitantes. Reclaman que “a pesar del interés de promover un turismo de masas en la franja costero-marina, no ha importado las afectaciones a las condiciones de vida de los habitantes”.
El impacto de las primeras lluvias es devastador hasta el momento, según muestra Flores mientras recorre las zonas afectadas.
“Es consecuencia de una mala gestión del uso del territorio con la construcción de infraestructura sin considerar los asentamientos y el entorno natural existente”, lamenta.
