* La cárcel en las Islas del Cisne que planifica el Gobierno de Honduras está en una zona sísmica, además, los costos de mantenimiento serían más elevados.
** El Colegio de Biólogos de Honduras también advierte que la construcción de un centro penitenciario destruiría un archipiélago con un ecosistema único en el país.
Sharon Ardon / Expediente Público
La decisión del Gobierno de Xiomara Castro de construir una cárcel en las Islas del Cisne, considerado un valioso santuario natural en Honduras, está envuelta en opacidad al desconocerse cuánto costará y cómo será el proceso de construcción. El proyecto enfrenta fuertes críticas por parte de la sociedad civil.
El Gobierno aprobó la licencia ambiental para la construcción de la cárcel de máxima seguridad, prevista a iniciar el 2 de agosto del 2024. Sin embargo, se oculta información crucial sobre los expertos que supuestamente respaldaron que sea en las Islas del Cisne la construcción de esa cárcel.
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) se negó a brindar a Expediente Público detalles de su construcción, estudios de factibilidad y costos del proyecto.
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Islas Cisne de Honduras amenazadas
Las Islas del Cisne son un archipiélago a 150 km de la costa hondureña. La administración de Castro recibe críticas de distintos sectores porque planea una maga cárcel en una zona protegida, propensa a terremotos, huracanes y que además eleva los costos de construcción y mantenimiento.
El geólogo hondureño, Aníbal Godoy explicó a Expediente Público que este proyecto es inviable ya que la isla está ubicada en el límite de la placa tectónica de Norteamérica, una zona de fallas y subducción propensa a terremotos de gran magnitud y tsunamis.
Por otra parte, el biólogo Gustavo Cabrera recordó a Expediente Público el caso de la famosa prisión federal estadounidense de Alcatraz, un penal de máxima seguridad también construido sobre una isla, pero a escasos dos kilómetros de las costas de la ciudad de San Francisco, pero que fue abandonada por los costos de mantenimiento.
También el Colegio de Biólogos de Honduras (CHB) criticó el proyecto en un archipiélago con lagunas invernales y manglares, arrecifes de coral bien conservados, así como especies de peces comerciales que usan estos ecosistemas como refugios y áreas de reproducción.
Sobrecostos de mantenimiento
Cabrera afirmó que el referente de Alcatraz muestra que esta cárcel era tres veces más cara de mantener que las demás prisiones de Estados Unidos, debido a los costos diarios por prisionero y los daños estructurales causados por la exposición a la sal y al viento.
Tras un tiempo iniciaron las reparaciones del centro penitenciario en 1959, pero al cabo de un par de años en 1961, los ingenieros concluyeron que prisión era un caso perdido.
En ese sentido, Cabrera remarcó que “si ni siquiera Estados Unidos, con toda su tecnología, pudo mantener una prisión en esas condiciones”, nada garantiza que Honduras pueda hacer frente a los elevados costos de construcción y mantenimiento de una cárcel similar.
Riesgo por sismos y huracanes
Godoy detalló que este entorno geológico inestable representa un riesgo para cualquier infraestructura construida en la zona.
Además, la isla principal, con una altura promedio de 3 metros sobre el nivel del mar y su punto más alto a 18 metros, sería vulnerable a huracanes categoría 5, cuyas olas podrían superar los 6 metros, arrasando con todo a su paso.
Sostiene que, desde el punto de vista atmosférico, las características de la isla tampoco favorecen la construcción, ya que cualquier edificación tendría que ser antisísmica y anticiclónica, lo que resultaría extremadamente costoso.
Destruiría por completo un ecosistema único
Desde el punto de vista ambiental, las Islas del Cisne albergan fauna y flora únicas, incluyendo tortugas marinas, aves migratorias y cangrejos.
La presencia de una prisión y la actividad humana asociada, con su iluminación y ruido, afectaría gravemente a estas especies, muchas de las cuales son sensibles a la luz y al ruido.
El biólogo Gustavo Cabrera coincidió a Expediente Público en que “la construcción destruiría este santuario, y afectaría a especies migratorias y grandes mamíferos marinos que usan este lugar para descansar”.
Además, Cabrera señaló que el impacto ambiental incluiría derrames de petróleo y materiales de construcción. Incluso desde una perspectiva económica, científica y social, considera que el proyecto es inviable.
Pese a estas advertencias, el Gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA), aprobó el 4 de julio del 2024, la licencia ambiental que permitirá avanzar legalmente con esta construcción.
Desde Serna justifican que dicha licencia fue respaldada por unos 40 expertos en medio ambiente y que dicho proyecto carcelario conservará “su valioso ecosistema, porque será instalado un Centro de Monitoreo Biológico que cubrirá ciencia, seguridad y soberanía”.
El proyecto carcelario es parte del Plan de Solución Contra el Crimen presentado en cadena nacional por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el 14 de junio del 2024.
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Proceso de construcción
Expediente Público intentó contactar al ministro y otros funcionarios de Serna para obtener detalles y pormenores sobre la construcción del centro penitenciario en las Islas del Cisne.
Se envió también una solicitud de información a través de la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP); pero hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.
Cabe recordar que, en junio del 2023, se aprobó el PCM 29-2023, decreto que autoriza las compras directas para la construcción de la granja penal en las Islas de Cisne y la finalización del centro en Naco, Cortés, vigente luego de su publicación La Gaceta.
La Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional se encarga de la licitación, adjudicación y construcción del centro penitenciario que albergará a unos 2,000 privados de libertad, según lo confirmado por el ministro de Serna, Lucky Medina.
Un tesoro ecológico
El archipiélago de Islas del Cisne compuesta por Cisne Grande, Cisne Pequeño y Cayo Pájaro Bobo albergan ecosistemas, hábitats y especies raras y valiosas, únicos y de alto valor ecológico, según lo expresado por biólogos hondureños a Expediente Público.
Lilian Rivera, presidenta de CHB dijo a Expediente Público que “la isla tiene características biológicas y ecológicas únicas para nuestro país y por eso nosotros también estamos en contra de la construcción de la cárcel en este lugar”.
Reiteró que no se oponen a las medidas de seguridad de la presidenta Castro, como declaró el ministro Medina, pero sí lo están de que destruya un tesoro natural importante como el archipiélago, que además forma parte de la segunda barrera arrecifal más importante del planeta.
“Somos parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano que viene desde México, pasa por Guatemala, Belice y termina en Honduras”, explicó Rivera.
Área protegida
Estas islas conforme a la Constitución de la República pertenecen y forman parte del territorio hondureño desde el 20 de enero de 1982 (Decreto No.131). Donde han permanecido bajo la custodia de la Fuerza Naval de Honduras.
El archipiélago de Islas del Cisne fue declarado área protegida por Decreto Ejecutivo No. 3056-91 y posteriormente fue ratificado como Parque Nacional Marino “Abogado Agustín Córdoba Rodríguez”, mediante el Decreto Legislativo 128-94.
Esta legislación prohíbe la caza y pesca, regula el uso de la tierra y garantiza la protección de los hábitats y especies marinas y terrestres en la reserva.
“Dentro de las áreas del Parque Nacional Marino ISLAS DEL CISNE queda terminantemente prohibido: el uso de la tierra para fines agrícolas y pecuarios, la caza y la pesca”, reza la legislación.
Ante esto, desde Serna argumentan que dicha declaración no se publicó en La Gaceta, el Diario Oficial de Honduras, lo que según ellos invalida legalmente la protección establecida.
No obstante, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que, al ser reconocidas como territorio de alto valor ecosistémico, cualquier proyecto en ese lugar debe ser autorizado o denegado por el pueblo hondureño. Por lo que, exigen la necesidad que el Estado impulse un referéndum y habilite la toma de decisiones informadas en el desarrollo de proyectos en esas áreas.
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Declaraciones de ministro
El ministro de Serna, Lucky Medina, declaró en semanas anteriores, que la oposición al proyecto busca boicotear el Plan de Seguridad de la presidenta Castro.
“Están opuestos a la propuesta de seguridad ciudadana que impulsa la presidenta Castro, que quieren que reine e impere el crimen organizado aquí en el país”, manifestó Medina.
“Son oposición política, tienen cinismo ecológico y quiere boicotear el Gobierno de la presidenta Castro en materia de seguridad ciudadana”, reclamó.
Precedentes peligrosos
El Centro de Estudios (Cespad) emitió un comunicado advirtiendo que desconocer las salvaguardas legislativas otorgadas a este ecosistema “sentaría un precedente sobre la gestión de reservas naturales”.
La organización señaló que invalidad la protección legislativa podría abrir las puertas a acciones similares en otras áreas protegidas como el caso del Parque Nacional “Carlos Escaleras” o el Parque Nacional “Montaña de Santa Bárbara”.
Igualmente, el geólogo Aníbal Godoy cuestionó el interés detrás de esta construcción, se pregunta si hay movidas ilícitas, ilegales, corrupción o una combinación de ellas, dado que el proyecto no tiene justificación geológica, atmosférica, ambiental, económica ni de ingeniería.
Siendo que el proyecto es inviable desde todos estos puntos de vista, “la verdadera pregunta es: ¿cuál es la jugada detrás de esta construcción?”, preguntó.
Preocupación internacional
La representante de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, advirtió que la construcción de la cárcel en Islas del Cisne podría agravar los problemas de gobernabilidad y violaciones de derechos humanos.
“Construir una cárcel en las Islas del Cisne podría agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”, afirmó Albaladejo.
Por su parte, Alice Shackelford, representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU), cuestionó también este proyecto considerándolo una acción represiva.
“Nos preocupa el enfoque en construir más prisiones, cuando tendría que ser un enfoque más de prevención y naturalmente, la construcción en un área protegida; yo pienso que en estas situaciones es importante mantener el diálogo, mantener el entendimiento y buscar una solución”, sostuvo Shackelford.
