*Más de dos centenares de personas han desaparecido en lo que va del año 2024, se contabilizan 30 solo en el mes de junio.
**Estas desapariciones se efectúan en medio de un Estado de Excepción vigente en el todo el territorio nacional desde hace un año y medio.
*** Desapariciones a causa del crimen organizado, pero también conflictos intrafamiliares, informan autoridades.
Sharon Ardon / Expediente Público
253 personas se registran desaparecidas en Honduras de enero a junio del 2024, lo que ha activado las alarmas en todo el territorio hondureño, especialmente debido a los casos de desapariciones colectivas de jóvenes.
Sólo en el departamento de Cortés, se reportaron dos grupos de desaparecidos en una semana, uno de 14 y otro de 12 personas.
En el Distrito Central, alarmó el caso de 5 jóvenes que fueron secuestrados mientras realizaban una mudanza, sus cuerpos sin vida fueron encontrados por las autoridades una semana después.
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Entre 2012 y 2022, la Secretaría de Seguridad reportaba 9,838 hondureños desaparecidos. Solo en el 2022 se documentan 940 desaparecidos, y aunque aún no hay datos actualizados para 2023, el evidente patrón indica que la situación sigue siendo crítica.
Las causas e hipótesis de estas desapariciones manejadas por los entes de seguridad señalan que se debe a diversos factores como la desintegración familiar, migración y hasta posibles operaciones de estructuras criminales.
Este fenómeno se da en medio de un Estado de Excepción vigente en el país durante los últimos 18 meses, una medida que precisamente busca combatir la incidencia delictiva en el país y paradójicamente no ha logrado frenar el número de personas desaparecidas.
“Muy preocupada y triste por los casos de violencia y desapariciones recientes. Todos tenemos derecho a la vida, libertad y seguridad propia”, manifestó a través de su cuenta X, Alice Shackelford, residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras.
Según datos de la Unidad de Desaparecidos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inscrita a la Policía de Interpol, de 2012 a 2022 se han reportaron 9,838 personas desaparecidas en Honduras.
Y de enero al 28 de junio del 2024, Interpol tiene un reporte de 253 casos de desapariciones. De estos casos, 13 han resultado en fallecimiento, 119 siguen pendientes de resolución, y se han logrado resolver 134.
La vigencia del estado de excepción en el país desconcierta ya que se observan casos en todo el territorio, pero sobre todo en el Distrito Nacional (Tegucigalpa y Comayagüela) y el departamento de Cortés.
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Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad anunció la semana pasada en medio de una conferencia de prensa, la extensión del Estado de Excepción por 45 días más en el territorio nacional, el ministro defendió que “es erróneo decir que no ha sido efectivo”.
Aseguró que la medida ha resultado con el 85% de efectividad en órdenes de captura y en cuanto a capturas en flagrancia, se ha llegado hasta el 100% de efectividad. Anudado a ello, destacó que se ha logrado una significativa reducción de homicidios en el país.
“Hemos bajado ocho puntos en la Tasa de Homicidios en dos años, algo que jamás se había visto en nuestro país y proyectamos una reducción adicional de seis puntos para un total de 14 puntos en tres años de Gobierno”, expresó.
Más de 30 desaparecidos en un mes
El 10 de junio en el departamento de Cortés, al norte de país se reportó la desaparición de 12 hombres en el municipio de Baracoa.
Siete días después denunciaron la desaparición de 14 personas en Crique, Las Marías que, según lo monitoreado en los medios de comunicación, se dedicaban a la recolección de la palma africana y fueron privados de libertad por varios “hombres armados vestidos de militares” cuando se encontraban en sus hogares.
Ante esto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recomendó al Estado de Honduras realizar las investigaciones respectivas con la debida diligencia hasta dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Y así mismo, “adoptar las medidas para prevenir y corregir el tráfico y falsificación de indumentaria de agentes del orden público con motivo que la ciudadanía pueda identificarlos plenamente ante cualquier retén, inspección o requerimiento”.
Como respuesta de esto, la Secretaría de Seguridad anunció la implementación a partir del 15 de julio de nuevos uniformes para los agentes policiales de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMCO).
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¿Qué hipótesis se manejan en cuanto a los desaparecidos?
En relación con las 26 personas desaparecidas en Cortés, el abogado penalista, Carlos Chajtur presume que “podría haber una vinculación de esta banda con personal activo, dentro del Ejército puesto que la misma banda está conformada por expolicías, y exmilitares”.
Asimismo, sostiene que se desconoce el número de personas que conforman esa banda, pero confirma que se han identificado “a un par de miembros que pertenecieron a la policía y a las Fuerzas Armadas”.
“Ya están identificados algunos miembros de esa banda y según investigaciones han sido parte de la policía y parte del ejército, incluso hay fotografías de estos supuestos miembros de la banda y cuando esta persona que ha pertenecido”.
Por su parte, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva manifestó que los casos de personas desaparecidas “pareciera que es el último modus operandi para generar miedo y temor en Honduras” por parte de grupos criminales.
La Secretaría de Seguridad asegura que esto es respuesta de los aciertos y logros que están teniendo en el combate contra el crimen organizado.
“Estos raptos son hechos debido a la atomización en sus estructuras por los golpes que hemos dado, entiéndase capturas con fines de extradición, están surgiendo nuevos mandos en estas estructuras criminales”, expresó Sánchez.
Ante esto, Xavier Callejas agente de investigación de Interpol también dijo a Expediente Público que para establecer si la desaparición tiene que ver con maras y pandillas deben realizar un arduo trabajo individualizando al desaparecido, investigando sus antecedentes, amistades, dónde estudió; una gran perfilación tanto de él como de su familia.
“Sí hay casos, pero se dan sobre todo en el litoral atlántico, aquí en esta zona central sí hay casos, pero uno que otro, aquí lo que más se da es por desintegración de la familia y rebeldía de los menores”, sostuvo.
“También ha habido casos vinculados a estructuras criminales como el más mediático que ha habido el de los 5 jóvenes que se trabajó arduamente para encontrarlos”, dijeron. Estos jóvenes desaparecieron en la capital y fueron encontraron ejecutados el 29 de junio del 2024 en un solar baldío de un municipio del distrito Central.
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Conflictos familiares
Fernando Martínez, también agente de investigación de Interpol explicó a Expediente Público que la causa principal de las desapariciones en la zona central se debe a conflictos familiares.
“Una de las causas de desaparición es por problemas en la familia. No hay una buena comunicación y el joven sale a la calle sin avisar a sus familiares, lo que provoca su búsqueda”, explicó.
Martha Gómez relató a Expediente Público el angustiante episodio de tener a su hija desaparecida por más de una semana y no sentir el apoyo de las autoridades.
Su hija, menor de edad, desapareció luego de haber sido castigada por su madre, le había dicho que estaría con su tía, pero no fue así.
Gómez se presentó a la posta policial del Core 7 donde le dijeron que debían pasar 24 horas para reportarla desaparecida, por lo que reunió a familiares y amigos para buscar a la jovencita.
Ya no se deben esperar 24 horas
No obstante, el portavoz de la DPI, Juan Sabillón, comunicó a través de un medio oficialista que, a partir del martes 2 de julio de 2024, se ha abolido el protocolo de espera de 24 horas para reportar a una persona desaparecida.
Explicó que cuando las personas detectan un comportamiento atípico, no deben esperar 24 horas para alertar a las autoridades, “de hecho entre más rápido se alerte a las autoridades, más rápido se puede actuar”, expresó.
Debilidades para investigar
Los agentes de la DPI afirmaron en su entrevista que tienen recursos y personal limitado para investigar los casos de desaparecidos en Francisco Morazán y Cortés, pero que ellos “trabajan con las herramientas que tienen”. Intentan maximizarlas para darle una respuesta al ciudadano.
Asimismo, abogan por la aprobación del proyecto de Ley de personas desaparecidas, “si lo aprueban nos ayudarían”, explicaron que en él se establecen reformas al Código Penal para que se tipifique como delito y así realizar “una amplia gama de diligencias para poder dar con el paradero” de las personas de desaparecidas.
También, mencionaron que requieren de apoyo logístico, recurso humano y capacitaciones a los agentes de investigación y sobre todo socializar la cultura de denuncias.
