* La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, visitó durante cuatro días a El Salvador para incorporar la estrategia salvadoreña en el combate al crimen en Argentina.
*** La presidenta de Honduras Xiomara Castro también anunció la construcción de una mega cárcel para recluir a los delincuentes peligrosos.
Eric Lemus y Sharon Ardon / Expediente Público
Argentina y Honduras buscan replicar a toda costa la fórmula mano dura del gobernante salvadoreño Nayib Bukele para enfrentar sus respectivas crisis de seguridad pública, al margen de que las medidas extremas impliquen la violación del Estado de Derecho y el debido proceso, tal como se denuncia en país centroamericano.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, efectuó una visita de cuatro días en El Salvador con el objetivo de analizar cómo se aplicaron las acciones para desarticular el control territorial que ejercieron durante tres décadas las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Mientras que, en Honduras, la mandataria Xiomara Castro anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad y juicios sumarios que emula el concepto represivo aplicado por Bukele en la guerra contra los grupos criminales.
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Fórmula El Salvador: cárcel y juicios sumarios
De hecho, Bullrich visitó las instalaciones de la cárcel donde Bukele recluyó a las llamadas maras y consideradas “grupos terroristas”. Además, sostuvo diversas reuniones con autoridades salvadoreñas a fin de conocer el sistema carcelario, la política de persecución policial y las reformas penales que plantean juicios sumarios.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en el municipio de Tecoluca a 73 km al este de la capital salvadoreña, tiene capacidad para 40,000 presidiarios de alta peligrosidad.
Durante la tarde del martes 18, firmó un acuerdo ministerial con su homólogo salvadoreño, Gustavo Villatoro, para fortalecer la creación de “espacios de análisis especializados para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permita combatir eficazmente a los grupos criminales”.
“Hoy los salvadoreños recuperaron la libertad gracias al enorme trabajo de la Policía Nacional Civil y a un Estado fuerte y decidido a destruir a las mafias”, afirmó Bullrich tras entrevistarse con el presidente Bukele.
Argentina aplaude modelo policial salvadoreño
La ministra saludó la estrategia que aplica la Policía Nacional Civil (PNC), que es clave en las capturas masivas debido al régimen de excepción que aprobó el Congreso salvadoreño en marzo de 2022.
Para Bullrich, “El Salvador pasó de ser un país cogobernado por organizaciones criminales a un país en el que rige el pleno Estado de Derecho”, sin pronunciarse sobre las denuncias y críticas de abusos a los derechos humanos de parte de organizaciones salvadoreñas e internacionales.
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La ministra de Seguridad argentina también visitó la sede de la escuela policial, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Se reunió con el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, para saber de las reformas judiciales que son claves en la ejecución de capturas expeditas.
Una semana previa a esta visita, en la madrugada del 11 de junio de 2024, Bukele ordenó el traslado de 2,000 reos de tres cárceles del país al CECOT. Actualmente esa cárcel tiene 11,532 reos.
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Honduras también replica
Por su parte, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras anunció este 14 de junio las nuevas medidas que pondrá en marcha como parte del plan Solución Contra el Crimen Fase III.
Las medidas incluyen la construcción “urgente” de dos prisiones de máxima seguridad. La primera será en la Isla del Cisne, ubicada al noroeste del mar Caribe a unos 250 km de tierra firme de la costa hondureña.
La otra mega cárcel en el Parque Nacional Patuca, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, destinada para la reclusión de 20,000 prisioneros.
A mediados del 2023, el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, negó a Expediente Público que se estuviese tomando de referencia el modelo bukelista, pero las medidas aprobadas recientemente indican lo contrario.
Ramiro Muñoz, presidente de la comisión interventora en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), anunció que en 18 meses prevén construir esta cárcel, amparada en la aprobación del CNDS.
La construcción de este centro penal está manejándose en completa opacidad y lo único que se conoce es que la inversión está valorada en 2,000 millones de dólares.
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Honduras y 16 meses en Estado de Excepción
El Estado de Excepción fue aprobado el 6 de diciembre de 2022 como medida para acabar con la extorsión, tal como hizo El Salvador nueve meses antes.
Honduras lleva alrededor de un año y medio en Estado de Excepción, tras 12 aprobaciones sucesivas del Congreso Nacional, sumado a medidas tales como la tipificación de los miembros de maras y pandillas como “terroristas” y la realización de juicios colectivos, como hace El Salvador.
Edgardo Mejía, experto en seguridad, manifestó a Expediente Público es escéptico de que al copiarse medidas tan fuertes tengan los mismos resultados alcanzados en El Salvador.
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Juicios sumarios
Sobre la medida de juicios colectivos contra delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, entre otros, dijo que “la controversia radica en que la administración de justicia es un tema que va de la mano en la integralidad de la población afectada”.
“Habría que ver si ese tipo de medidas pueden adoptarse en la realidad hondureña basado en el hecho de que queremos obtener y ver resultados, pero sin que, por supuesto se vea afectado el Estado de Derecho o como país nos veamos afectados nacional o internacionalmente”, señaló Mejía.
Además, el experto explicó que los juicios colectivos pueden tener “rasgos de subjetividad” porque, una de las características del derecho penal es la individualización de los cargos y, en consecuencia, de las condenas.
Mejía aconsejó que “el tecnicismo jurídico debería siempre de respetarse y observarlo de manera fina y enfocada para evitar caer en sesgos o vacíos jurídicos”.
¿Puede Honduras adoptar el modelo Bukele?
Por su parte, el abogado penalista hondureño, Javier García opinó que estas son medidas paliativas que no están atacando el problema de raíz porque “hay que hacer reformas más fuertes y profundas”.
El caso de Honduras es diferente porque el sistema es deficiente, tiene muchas falencias, matizó García.
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“Desde el momento de las denuncias, hay filtración de la información, hay miembros del crimen organizado infiltrados en policías, militares… Entonces ahí está el origen del asunto del por qué está permeado el sistema”, ejemplificó el abogado a Expediente Público.
Para García, es importante que se tomen buenos ejemplos, pero antes considera sanear “el sistema corrupto que tenemos y después, de ahí en adelante, sí se puede pensar en aplicar el sistema Bukele”.
