*El régimen Ortega-Murillo revictimiza por medio del asedio, cárcel, confiscaciones, exilio y hasta muerte civil a integrantes de la Asociación Madres de Abril y sus familiares, porque representan a los asesinados por la represión estatal en Nicaragua.
**Se cumplen seis años desde que Nicaragua se movilizó para apoyar a las familias de los asesinados, sin esperar que aquella “madre de todas las marchas” también fuera reprimida y se convirtiera en una nueva masacre.
Expediente Público
En Nicaragua, nadie olvida la masacre del 30 de mayo de 2018. Ahora, esta fecha en la que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, sirve también para conmemorar a los 355 asesinados de la dictadura y las mujeres que reclaman justicia por ellos.
“¡Las madres no se rinden, exigen justicia!”, es el lema que está vigente desde hace seis años.
Las mujeres, madres, hermanas, abuelas, hijas o tías de las víctimas, en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, se han convertido ellas mismas en víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que las amenaza con confiscarles sus propiedades, les ha impuesto casa por cárcel, las asedia y hasta les declara la muerte civil de facto.
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La defensora de derechos humanos, Tamara Morazán, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) explicó a Expediente Público que en el grupo de madres y familiares de las personas asesinadas por la represión estatal hay una persona a la que el régimen le impuso “casa por cárcel”.
“Cuando a ella la detienen allanaron su casa y se llevaron absolutamente todos sus documentos como partidas de nacimiento, pasaporte, la ropa de su hijo asesinado, todas las fotos que habían de su hijo asesinado”, señaló Morazán.
Debido a la imposición de casa por cárcel esta madre perdió el empleo que tenía en una zona franca y su liquidación por los años de servicio con esa empresa.
“La hacen firmar de lunes a domingo a las ocho de la mañana y hay días que tal vez ella anda firmando y la Policía anda en su casa”, denunció Morazán.
Cárcel a familiares de víctimas
En Nicaragua, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas identifica a 138 nicaragüenses como presos de conciencia del régimen, de los cuales 115 son hombres y 23 mujeres.
Nelly Griselda López García, tía de Erick Antonio Jiménez López, asesinado en Masaya en 2018, es una de las integrantes de AMA que sufre la represión del régimen. Acababa de conseguir un empleo cuando la detuvieron arbitrariamente el 16 de abril de 2023 junto a su esposo, Eddy Castillo.
Azucena López, hermana de la presa política, carga con el dolor de haber perdido a su hijo Erick Jiménez, una de las 355 personas asesinadas por el régimen orteguista en 2018, pero desde el exilio denuncia el encarcelamiento de su hermana.
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“Como madre siempre tengo el sentimiento de que mi hijo no está, tengo también lo de mi hermana que está presa injustamente y mi familia está desunida”, dijo a Expediente Público Azucena López.
Para López, las madres que están a lo interno en Nicaragua viven con “miedo”, debido a la persecución policial.
Congelan cuentas bancarias
El congelamiento y cierre de cuentas, la cancelación de tarjetas de crédito, certificados de depósitos, pólizas de seguro y otros servicios bancarios se convirtieron en parte de los instrumentos represivos del régimen Ortega Murillo, tal y como evidenció Expediente Público en la investigación titulada “Represión financiera bajo la orden del régimen Ortega-Murillo”.
La represión financiera también alcanzó a las madres de abril. AMA constató que un familiar de uno de los asesinados se exilió, tras conocer que le congelaron sus cuentas bancarias en Nicaragua.
“Nosotros casi no hacemos esto público porque hay familias de AMA que siguen en el país y les han echado presos a sus hijos y sobrinos, han recibido amenazas”, afirma Morazán.
Desde 2018, un buen número de personas integrantes de la asociación salieron al exilio por las “amenazas y el asedio constante que tenían en sus casas”.
“A mí me tocó salir de mi casa sin absolutamente nada (…). Salí huyendo sólo con la computadora que era lo que más miedo me daba que me tomaran”, señala Morazán, quien es hermana del joven asesinado Jonathan Morazán y quien salió del país hace ocho meses.
Miedo a sufrir confiscación
La organización también conoce de casos en el que las familias tienen visitas de los simpatizantes del régimen en sus barrios, quienes amenazan con quitarles sus casas.
A Lorna Marina Díaz Baca, la dictadura le asesinó a su esposo José Arturo Gómez García el 23 de junio de 2018. Un mes después de la muerte, en julio de 2018, salió del país a Costa Rica, donde se exilió junto con otras diez personas de su familia, incluyendo hijos e hijas, yernos, nueras y consuegros.
Díaz Baca piensa que, en algún momento, el régimen puede confiscar la casa que dejó en Managua y que está valorada en unos 38 mil dólares.
“Mi casa peligra, porque me han mandado información que han pasado tomando fotos, incluso que ha llegado la Policía y llegan de civiles (…). Esa casa me costó a mí y a mi esposo”, afirma la nicaragüense.
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Las madres y familiares que llevan seis años demandando justicia, también son privados de otros derechos, de sus medios de vida, el trabajo y la obtención de ingresos.
“La familia de los asesinados tuvimos una muerte civil (…). Ellos (los sandinistas) iban a nuestros trabajos y decían que nosotros no debíamos trabajar en ese lugar y que éramos terroristas y que eso ponía en riesgo a la empresa”, denuncia Morazán.
El régimen también ejerció represión económica contra aquellas familias que emprendieron con negocios para sobrevivir.
“También eso era como demasiado incómodo, porque te asediaban y algunas familias tenían puestos en el mercado y a una de ellas le obligaron a vender, tuvo que vender antes de perderlo todo”.
Sin derecho a la salud y educación
La Asociación Madres de Abril tiene conocimiento de familiares a los que se les ha negado el “acceso a la salud, no los atendían bien”.
Josefa Dolores Narváez Ortega era una de las integrantes de AMA que luchó contra un cáncer y murió en 2022, no recibió la atención médica adecuada en Nicaragua.
A ella, “le negaron el acceso a la salud”, dijo a Expediente Público su esposo, Cornelio Rivera López.
Narváez pedía justicia por su hijo Wendell Francisco Rivera Narváez, un adolescente asesinado en junio de 2018. Durante un allanamiento en su vivienda un oficial de policía le advirtió: “Nos dimos cuenta de que estás enferma, que tenés cáncer, te vas a morir con ese cáncer, porque en ningún hospital público vas a ser atendida”.
“Cuando llegamos la primera vez nos dijeron que recibiría atención sicológica, pero nunca la recibió (…). Una inyección para calmar los dolores de cáncer nunca la recibió, ella se murió sin esa inyección, eso fue negligencia médica”, explicó Rivera López.
A otras, el derecho a la educación les fue negado. “Hubo negación de acceso a la educación a las nietas de una madre no les permitieron estudiar en la escuela y nosotros tuvimos que buscar por otros medios para que las becaran en un colegio privado, porque la verdad que no las aceptaban”, señala Morazán.
Esta organización confirmó a Expediente Público que todas las formas de represión aplicadas a opositores del régimen, también se las han aplicados a los miembros de AMA.
“El objetivo del régimen es silenciarnos y que nosotros olvidemos a nuestros familiares o no les mencionemos. Al inicio pensábamos que no iban a tocar a ninguno de nosotros, pero tuvimos cuatro presos políticos y fueron desterrados en el grupo de los 222”, señaló Morazán.
El exilio de las madres y sus recuerdos
El 30 de mayo en Nicaragua, es la fecha en que se celebra el Día de las Madres, pero desde hace seis años sirve para conmemorar a los asesinados del régimen.
Yadira Córdoba es una de las madres que sigue gritando «¡justicia!» por su hijo, Orlando Aguirre Córdoba, una de las 19 víctimas asesinadas el mismo 30 de mayo de 2018 en la “Madre de todas las Marchas”, él asistió en solidaridad con las mamás de los 90 asesinados de los inicios de las protestas.
Aunque Yadira planeó también asistir a la protesta, desistió porque regresó cansada de su trabajo como empleada doméstica. El adolescente de 15 años se fue junto a un grupo de su iglesia que incluía a personas mayores.
“Después de seis años siempre continuamos en la búsqueda y la lucha de justicia y memoria, fueron francotiradores quienes lo mataron (…). Ese día nadie pensó que iban a tomar represalias y pensé iban a respetar el dolor de las madres”, afirma Córdoba.
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Ante el asedio y la amenaza, mientras estuvo en el país se mantuvo clandestina viviendo en casas de seguridad, pero luego se exilió a Costa Rica.
Desde hace dos años, sin embargo, vive en Estados Unidos, donde realiza trámites para lograr su asilo. “Mi vida dio un giro del cien por ciento, había mucho asedio en mi caso”, dijo a Expediente Público.
“Fabiana” es otra madre de abril que se siente frustrada al saber que han pasado seis años y los autores intelectuales y materiales del asesinato de su familiar no son castigados.
“Vemos que cada día hay más represión, ha sido muy frustrante y a lo largo de este tiempo he estado con problemas de salud y por eso me he limitado a seguir en actividades”, menciona.
A la fecha, el Ministerio Público, que está cooptado por el régimen Ortega Murillo, no ha dado respuesta a las denuncias de las madres de abril para que investiguen los crímenes de 2018 y 2019.
Por el contrario, el régimen ordenó “asediar y tratar de querer borrar de tu memoria a tu familiar asesinado”.
“El silencio en Nicaragua es la resistencia y quienes hemos logrado salir de manera irregular, viviendo nuestro exilio, somos las voces de las madres que están dentro y seguimos exigiendo justicia, porque los perpetradores van a pagar por lo que nos hicieron”, apuntó Morazán.
