*Expertos critican que un gobierno, supuestamente “popular”, eliminara los espacios de consulta, incluso para fiscalizar el uso del dinero público.
**Encuesta de Presupuesto Abierto revela que la participación en Nicaragua es casi nula.
Expediente Público
Nicaragua obtuvo 7 de 100 puntos en el Índice de Participación, esta es la penúltima nota más baja en un grupo de 18 países de Latinoamérica que participaron en la edición 2023 de la Encuesta Presupuesto Abierto (OBS por sus siglas en inglés).
Además, el país bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo está por debajo de la media global entre los 125 países que incluyó la encuesta.
Ortega consolidó en los últimos años un sistema que anula la posibilidad de diálogo y crítica, y convirtió a Nicaragua en el segundo país latinoamericano con la menor participación ciudadana, superado sólo por Venezuela.
Así lo refleja el Índice de Participación Pública de la edición 2023 de la Encuesta Presupuesto Abierto (OBS por su sigla en inglés), en el que Nicaragua obtuvo 7 de 100 puntos; esta es la segunda calificación más baja entre el grupo de 18 países de Latinoamérica que lideró República Dominicana con 48 puntos.
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República Dominicana está a la cabeza de la región en participación ciudadana en la discusión del gasto público; y refleja los esfuerzos realizados en los últimos años por ampliar la inclusión de sus ciudadanos, ya que en 2012 consiguió 25 puntos y tras una década duplicó la calificación.
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En cambio, Nicaragua que en la edición 2012 obtuvo 3 puntos y llegó a 11 puntos en la edición de 2017, en 2019 retrocedió a 7 y desde entonces la calificación se mantiene estancada y superada sólo por Venezuela que en 2023 obtuvo cero tras un acelerado deterioro que empezó después que en 2015 consiguió 23 puntos.
Desde 2006 la International Budget Partnership (IBP por su sigla en inglés) o Asociación Presupuestaria Internacional, realiza la OBS cada dos años con el apoyo de una red de organizaciones aliadas.
La encuesta OBS mide tres dimensiones del proceso presupuestario: transparencia, participación y vigilancia formal. En la edición 2023 participaron 125 países, 18 de ellos de Latinoamérica.
En el caso particular del Índice de Participación Pública, hay 18 indicadores alineados con los Principios de Participación Pública en Políticas Fiscales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal.
En este acápite se examinan las prácticas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las entidades fiscalizadoras, para evaluar las “oportunidades formales que garantizan la participación significativa de los ciudadanos en las diferentes etapas del proceso presupuestario”, dice el informe de resultados de la OBS 2023.
Población sometida no tiene voz ni voto
“En Nicaragua no hay ningún mecanismo de participación por parte del Ejecutivo, ni del Ministerio de Hacienda durante la formulación o la implementación del Presupuesto. Lo que hay es un mecanismo, una audiencia pública en la Asamblea Nacional”, dijo a Expediente Público Alexandre Ciconello, oficial de programa de IBP.
“Sabemos que son audiencias a las que no hay una invitación abierta, van algunas organizaciones e instituciones, pero no hay una divulgación de los debates. La otra cosa es que la Contraloría General (de la República) tiene un mecanismo de denuncia sobre los usos de los recursos públicos. Lo consideramos como en pequeñito mecanismo de participación”, indicó Ciconello.
Sin embargo, esto no siempre fue así. El economista y exdiputado desnacionalizado, Enrique Sáenz recuerda que antes de 2007 cuando Ortega retornó al poder, se estaban consolidando distintos espacios de participación.
Existía el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), cuyo propósito era favorecer la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, explicó Sáenz a Expediente Público.
Incluso en los primeros años de mandato de Ortega, cuando la Asamblea Nacional tenía una composición más plural, la aprobación del presupuesto suponía un proceso de consultas en la que participaban organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicatos y las entidades públicas que llegaban a defender sus asignaciones.
Para Sáenz, esto enriquecía la democracia, fortalecía la legitimidad del Presupuesto y fortalecía la capacidad ciudadana para consolidar la democracia.
Espacios de participación “aniquilados”
“Obviamente en el momento actual en Nicaragua eso se enterró con la aniquilación prácticamente total del espacio cívico, con la aniquilación de la organización empresarial que también tenía un papel, con la aniquilación de los medios de comunicación independientes”, sostuvo.
“Los medios de comunicación estaban afuera de la sala donde se reunía la Comisión Económica y empezaban (los cuestionamientos) a los distintos diputados, pues desde cuestionar, preguntar, el propósito es informar a la ciudadanía”, expuso Sáenz.
El economista considera que estos mecanismos deben recuperarse cuando se restaure la democracia.
Poca participación ciudadana a nivel global
Aunque algunos países implementan prácticas innovadoras que demuestran la posibilidad de una mayor inclusión ciudadana, el informe de la OBS 2023, admite que la participación pública sigue siendo el eslabón más débil de los procesos presupuestarios, ya que el promedio global de participación es 15 puntos sobre 100.
Más de ocho de cada diez países tienen al menos un mecanismo de participación ciudadana, pero estos se limitan a la presentación del presupuesto y no existen en la fase del gasto de los recursos.
Para Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, el índice de participación es el más preocupante de la encuesta, ya que la mayoría de los países no encuentran la forma de garantizar oportunidades verdaderas de participación a sus ciudadanos.
Considera que, incluso República Dominicana con 48 puntos, muy por encima de la media global, necesita implementar mayores y mejores mecanismos de participación.
En cambio, “no hay en Nicaragua mecanismos para que la sociedad civil pueda participar y esto se ha dado históricamente desde que el gobierno sandinista está en el poder; y peor ahora con la presión que existe y el cierre completo de espacios”, enfatizó Labarca a Expediente Público.
La Ley de Participación Ciudadana y los espacios que implementa la Asamblea Nacional son los únicos permitidos, pero ya sabemos que esa participación está supeditada a las instituciones gubernamentales y a ciertas asociaciones sin fines de lucro, que son parte o que reciben dinero del Presupuesto”, explicó Labarca.
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Retroceso récord en transparencia
Por su parte el economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro aseguró a Expediente Público que cuando no existe participación ciudadana en la definición de los presupuestos, los recursos públicos que son los aportan todos los nicaragüenses a través del pago de los impuestos, se gastan de una manera más discrecional que cuando existe cierta auditoría social.
Para Chamorro la calificación que Nicaragua obtuvo en el Índice de Participación, es contundente y refleja la opacidad que caracteriza al régimen Ortega Murillo.
“Incluso todavía me parece alto en comparación a lo que uno podría suponer, porque de hecho no existe ningún tipo de auditoría social y de consulta ciudadana a diferencia de los gobiernos anteriores (en los que) había efectivamente un esfuerzo de Participación Ciudadana”, señaló Chamorro.
El entrevistado estuvo a cargo del Programa de Inversiones Públicas, que anualmente absorbe alrededor del 40 por ciento del Presupuesto General de la República, durante la administración de Enrique Bolaños.
Chamorro precisó que en ese tiempo viajaba a todos los municipios del país, para explicar en que consistían las inversiones, para que la población supiera que el presupuesto incluía obras en el territorio que debían ser auditadas y vigiladas; para que se hicieran en tiempo y forma y no se perdieran.
Ciconello agregó que, si el Gobierno de Nicaragua “se dice popular y que tiene al pueblo en su corazón”, que habilite espacios de participación a las organizaciones ciudadanas, para que sean parte de todas las etapas del proceso presupuestario y puedan verificar que se está implementando de la mejor manera.
El senior program officer de IBP dijo que sería interesante que las organizaciones participen directamente; que se siga elaborando el Presupuesto Ciudadano y que se involucre a la población.
Consideró que la Asamblea Nacional debería retomar las prácticas de participación ciudadana que impulsaron otras administraciones e incluso ampliar las audiencias de las consultas del Presupuesto, ya que siempre hay espacio para incluir personas.
