* El Salvador conmemorará el Día Internacional de los Trabajadores con diversas marchas para rechazar los recortes al presupuesto en el área social pública.
** Diversas organizaciones denuncian que la administración de Nayib Bukele utiliza el régimen de excepción para capturar a líderes sindicales.
Eric Lemus / Expediente Público
Organizaciones sociales marchan este miércoles 1 de mayo por las calles de la capital San Salvador, en un nuevo intento por presionar al Gobierno de Nayib Bukele para que no criminalice a quienes reclaman el derecho al trabajo y ponga fin al encarcelamiento de dirigentes sindicales.
La mayoría de las agrupaciones convocadas el Día Internacional de los Trabajadores reúnen a empleados públicos cesados, estudiantes universitarios, familiares de víctimas capturadas por el régimen de excepción y representantes de la sociedad civil preocupados por la consolidación del modelo autoritario.
El Bloque de Resistencia Popular (BRP) trajo a cuenta que hasta la fecha la administración de Bukele eliminó 18 dependencias del gobierno, donde había nueve sindicatos que fueron desmantelados.
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Despidos públicos en El Salvador
“El Gobierno de Bukele desde que llega al poder en 2019 lo primero que hizo fue despedir masivamente a trabajadores de manera ilegal y arbitraria de diferentes instituciones públicas, alcaldías, instituciones autónomas y semiautónomas, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativas”, rememora Sonia Urrutia del BRP.
“En los despidos se ha violentado el derecho que tiene toda persona a un trabajo digno, a la estabilidad laboral y al debido proceso”, dice Urrutia a Expediente Público.
Encarcelados y desaparecidos
Un documento oficiado por el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Cristosal, Amate y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derechos (Fespad) totaliza más de seis mil reportes de abusos cometidos por agentes del Estado entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de este 2024.
Uno de los casos que la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) da seguimiento es la detención de Giovanni Aguirre, quien pertenecía al sindicato de la Alcaldía de San Salvador.
Aguirre fue capturado hace dos años y sigue con paradero desconocido, pese a que cuenta con una carta de libertad emitida por un juez que vio su causa.
“Se tuvo conocimiento de que tiene carta de libertad, pero prácticamente no se sabe por qué (la Dirección de Centros Penales) no le dio la libertad y no se sabe si está con vida o no”, relata a Expediente Público Óscar Rosales, de SJH.
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Según estadísticas oficiales, elementos combinados entre el ejército y la policía han detenido a más de 73,000 personas, incluidos más de 1,600 menores.
Hasta agosto de 2023, las autoridades informaron de 7,000 liberados. Pero muchos siguen a la espera del debido proceso.
Derecho de asociación criminalizado
Las organizaciones coinciden en opinar que el gobierno de Bukele utiliza el régimen de excepción para criminalizar el trabajo de especialistas en derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas.
Entre los hallazgos, hay 34 detenidos por ser dirigentes de instituciones ambientalistas, sindicatos, organización comunitaria o defensores de derechos LGTBIQ+. De ese total, 23 son mujeres.
Rosales, de SJH, trae a colación el desenlace de José Leonidas Bonilla Torres, sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, un municipio populoso del norte de la capital.
Bonilla falleció en el Centro Penitenciario de Mariona en setiembre de 2022 sin que hasta el momento sean claras las circunstancias de su muerte.
“El segundo año del régimen aumentó las capturas de adolescentes de entre 13 y 18 años”, alerta Rosales.
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El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), en este sentido, demandó la liberación del hijo de Silverio Morales que fue recapturado por las autoridades pese a que el joven, que responde al nombre de Levi, demostró que no tiene ninguna vinculación criminal.
Derecho a saber de los detenidos
El representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, anunció a Expediente Público que este 1 de mayo “la marcha es un espacio muy importante donde el pueblo pueda manifestarse junto a las organizaciones sociales y sindicales”.
El MOVIR representa a las familias de las personas detenidas y que carecen de antecedentes delincuenciales.
“Como movimiento le pedimos al Gobierno que autoricen las visitas familiares a los centros penales”, exhortó Ramírez.
“Si quieren que sea para las personas que tienen un problema de salud grave, porque hay detenidos que se están muriendo”, agregó.
Al margen del éxito de Bukele en la neutralización de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, a nivel internacional hay consenso sobre la cantidad de violaciones de derechos humanos, que abarcan detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso.
“Tenemos dos casos en Zacatecoluca que murieron en el penal y la gente no quiere informar, porque tienen miedo. Ahora hasta da miedo decir la verdad de sus hijos, que se los entregaron en una caja sellada”, describe Ramírez.
“Dos años de estar presos y sin saber nada de ellos, creo que en ningún país del mundo pasa eso. Sólo en una dictadura como la que vive en El Salvador puede suceder”, reclamó.
Levantar el régimen
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado salvadoreño a levantar el Régimen de Excepción, que está vigente en este país centroamericano desde el 27 de marzo de 2022.
El SJH contabiliza 240 decesos de reos acaecidos bajo tutela del Estado como fue el caso de Leonidas Bonilla.
La CIDH insiste al gobierno de Bukele respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, pero sin violar los derechos ciudadanos.
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Por su parte, el informe mundial 2024 de Human Rights Watch eleva su preocupación por la deriva autoritaria que atraviesa este pequeño país centroamericano.
“Durante el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos, particularmente en comunidades de bajos recursos”, describe el documento.
“Entre los detenidos se encuentran líderes sindicales, ambientales y comunitarios, así como defensores de derechos humanos”, agrega.
