* Más de 80 casos de exiliados entre operadores judiciales independientes, defensores de Derechos Humanos y periodistas es el saldo de la politización de la justicia en Guatemala.
** «El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya«, anunció el presidente Bernardo Arévalo al presentar una reforma al Ministerio Público para destituir a la actual fiscal general.
*** ¿Podrá el presidente Bernardo Arévalo restablecer el Estado de Derecho con la próxima elección de cortes?
Expediente Público
Aproximadamente hay 86 exiliados por persecución política en Guatemala. Entre ellos se encuentras exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del Ministerio Público, estudiantes, extrabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), periodistas y exjueces, según monitoreos de Expediente Público.
El presidente Bernardo Arévalo, quien gobernará hasta 2028, tiene la posibilidad de restaurar el Estado de Derecho y reparar los daños provocados por la politización de la justicia en el país, señalan expertos consultados por Expediente Público.
La Fiscalía y el Poder Judicial de Guatemala se han caracterizado por la judicialización de actores críticos u opositores a las cúpulas de poder, incluyendo en su lista de ataque a jueces y fiscales independientes, periodistas o defensores de derechos humanos, algunos en el exilio e incluso presos.
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Reformas para destituir a Consuelo Porras
Para Arévalo quitar a Consuelo Porras al frente de la Fiscalía de la República es prioridad. Este 6 de mayo de 2024 tomó acciones para eliminar a quien el presidente considera su enemiga política y una amenaza para su agenda corrupción.
El presidente junto a sus principales ministros introdujo en el Congreso de Guatemala una propuesta de reforma al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Artículo 14. Remoción. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por causa justificada debidamente establecida», es la esencia de la reforma.
Durante la cadena nacional del domingo 5 de mayo en la noche, Arévalo acusó a Porras de que «por sus decisiones, en Guatemala el Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo».
«Su permanencia en el puesto genera temor en quienes han visto cómo las herramientas de investigación y acusación a su disposición son utilizadas para extorsionar y amedrentar a quienes luchan por la transparencia, por la democracia, por la justicia y por la libertad», afirmó.
Fiscal general, la figura intocable hasta ahora
El sistema de Justicia guatemalteco mostró sus tentáculos con un intento de golpe de Estado contra el mismo presidente electo y su partido en el periodo de transición del poder.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dejó un legado importante, con casos como “La Línea” que involucraban al presidente y la vicepresidenta del país, quienes actualmente están en prisión por corrupción.
Corrupción en Guatemala
La Comisión y el Ministerio Público a cargo de la hoy exfiscal general Thelma Aldana (2014 al 2018), tuvieron desaciertos que dejaron en Guatemala dudas si los funcionarios perseguidos eran prófugos o exiliados.
La Ley Orgánica del Ministerio Público se reformó tras una campaña promovida por Aldana. Uno de los cambios profundos es que la remoción no fuera fácil.
Exiliados políticos de Guatemala
El periodismo es uno de los sectores más atacados en la última década según un informe de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA).
Gerson Ortíz, exjefe de redacción del extinto medio de comunicación, ElPeriódico, narró a Expediente Público cómo vive su exilio.
“Yo era jefe de redacción en el momento que detienen a José Rubén Zamora (director del medio) y yo creo que lo que hizo el Ministerio Público fue ver el directorio y criminalizar a todos los periodistas que aparecíamos ahí y que fiscalizábamos”, narró Ortíz.
El periodista ahora vive en Estados Unidos y explicó que varios de los acusados por el Ministerio Público (MP), por miedo a no tener un debido proceso y al fallido Estado de Derecho del país, también tuvieron que exiliarse.
Miedo a la fiscal general de Guatemala
Expediente Público contactó a varios periodistas que viven casos parecidos al de Ortíz, sin embargo, se negaron a dar declaraciones por miedo a las represalias por hablar del Ministerio Público o la fiscal general, Consuelo Porras, funcionaria sancionada internacionalmente por intento de socavar la democracia de Guatemala.
Contexto: Ministerio Público de Guatemala retoma ataques para destruir al partido de Bernardo Arévalo
“En la Constitución y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento dice que ningún periodista puede ser perseguido por sus opiniones y publicaciones en los medios. Entonces, independientemente de las razones del Ministerio Público para criminalizarnos, pasan por encima de las leyes nacionales de la libertad de expresión”, argumentó Ortíz.
Para Ortíz las investigaciones realizadas por ElPeriódico eran incomodas para los corruptos. Los periodistas se sentían respaldados por la CICIG y por el Ministerio Público de poder continuar con su labor sin saber que, al salir la Comisión, la nueva fiscal general Consuelo Porras iría tras ellos.
En Guatemala no se confía en la justicia
Ortíz aseguró también que el hecho que Bernardo Arévalo haya logrado llegar a la presidencia de Guatemala no significa que el cambio sea inmediato ya que los factores que provocan la polarización sistemática del país siguen vigentes.
Para el experto Juan Pappier, subdirector de las Américas de Human Rights Watch, la permanencia de Consuelo Porras frente al MP es incompatible con la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho del país, por ser una funcionaria que no solo ha debilitado la institucionalidad, sino ha facilitado la corrupción.
“El Ministerio Público encabezado por la fiscal Consuelo Porras se dedica más a investigar a quienes investigan la corrupción que en investigar la corrupción propiamente dicha en el país”, explicó Pappier a Expediente Público.
Jueces o políticos
El caso de Amparo Lotán, exmiembro de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ejemplifica también la politización de la Justicia.
“Los delitos de los que me acusaban tenían derecho a medida sustitutiva y, aunque ahora esté libre, sigo padeciendo la muerte civil que me quedó de legado de la difamación que sufrí”, narró Lotán a Expediente Público.
La exdirectiva estuvo tres años y nueve meses en prisión preventiva acusada del delito de fraude, aunque tenía derecho a medida sustitutiva.
“El problema no era que investigaran casos de corrupción, el problema fue que utilizaron los casos como plataforma política”, explicó Lotán.
La exdirectiva se refiere a que la fiscal general, Thelma Aldana, había afirmado a inicios de su mandato que no estaba interesada en buscar cargos políticos como la Presidencia de Guatemala. Meses después, continúo sacando casos de posible corrupción al mismo tiempo que formaba su partido, el Movimiento Semilla, y se postulara como candidata presidencial.
Abusos e indefensión a los perseguidos políticos
Lotán permaneció dos años y medio en la cárcel Santa Teresa, centro de detención para mujeres en Guatemala, que, como todos los centros de detención del país, presenta denuncias de violaciones a los Derechos Humanos como lo destacó en un informe la Procuraduría de Derechos Humanos en 2019.
Luego la trasladaron a la cárcel de Mariscal Zavala, donde permaneció hasta que la declararan inocente.
Sin embargo, Lotán, asegura que violaron sus derechos humanos desde que la capturaron, como su derecho de presunción de inocencia.
Una de las consecuencias que describió, en una entrevista exclusiva a Expediente Público, es que la mayoría de los bancos aún no le permiten abrir una cuenta pese a que la declararon inocente.
Además, el estigma del caso provoca que no encuentre un nuevo trabajo.
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Lotán y su familia contaba con recursos limitados para su defensa y es una situación común en muchos guatemaltecos que viven procesos penales, según la explicación a Expediente Público de Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“La persecución, según las estadísticas, la padecen más las personas que no tienen recursos y que no tiene acceso a un abogado, son las personas a las que más han criminalizado”, expuso Méndez.
Para la experta de WOLA, esta narrativa puede tener un componente político, pero radica en un tema estructural del sistema de justicia del país.
Una futura reforma judicial
“Los poderes públicos no pueden ser cooptados por intereses corruptos en el futuro”, enfatizó Pappier.
El experto recordó que en octubre se llevarán a cabo las elecciones de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y Defensa Público Penal y es una oportunidad que marcará un hito en el futuro de Guatemala y la recuperación del Estado de Derecho.
“Creo que el Gobierno, el Congreso y la comunidad internacional tienen una gran responsabilidad en garantizar que ese proceso se desarrolle de forma independiente, seria y que se elijan a los mejores para estos cargos tan importantes”, explicó Pappier.
