* Ciertas precandidaturas políticas podrían representar un obstáculo para la democracia en Honduras y perpetuar el statu quo, a menos que surja una fuerza externa sólida respaldada por una oposición unificada.
Sharon Ardon / Expediente Público
Aunque las elecciones primarias de los partidos hondureños están programadas para marzo de 2025, ya hay varios políticos que manifestaron su intención de postularse para la Presidencia de Honduras.
Pero lo que más sorprende a los hondureños son las precandidaturas presidenciales para el mandato 2026-2030 de personas que enfrentan investigaciones activas, figuran en listas internacionales de corrupción y tendrían vínculos directos con el narcotráfico.
En el Partido Nacional, la postulación de Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenando por narcotráfico por los Estados Unidos ha suscitado muchas críticas y ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema electoral hondureño si permite su participación.
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¿Quiénes son los precandidatos de Libre?
Por otro lado, en el Partido Libertad y Refundación (Libre), las tensiones se elevan con la presencia de tres candidatos fuertes: Jorge Cálix, considerado disidente dentro del partido; Rixi Moncada, respaldada por la familia presidencial Zelaya Castro y la reciente entrada en la contienda del vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. Este último está incluido en la llamada Lista Engel de EE. UU. por supuestos actos de corrupción.
Con lo anterior, los analistas consultados por Expediente Público observan el surgimiento de una corriente opositora dentro de Libre. Esto abre la posibilidad de que, con el tiempo, debilite el control que la familia Zelaya Castro mantiene desde la fundación del partido en 2011.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha publicado el cronograma electoral para el año 2025. Según este calendario, en junio del 2024, los partidos políticos serán llamados a presentar los listados oficiales de sus candidatos. Posteriormente, el CNE convocará a elecciones primarias, mismas que están programadas para el 9 de marzo del 2025.
El CNE establece que los resultados finales de los comicios primarios y la declaratoria oficial se anunciarán el 8 de abril del 2025.
Expediente Público contactó a los precandidatos presidenciales mencionados en este artículo para ahondar un poco más sobre sus aspiraciones, pero ninguno tuvo a bien el responder.
Moncada, la ungida por la familia Zelaya Castro
Al inicio del año 2024, justo el 1 de enero, el panorama político en Honduras dio un giro inesperado, cuando Rixi Moncada, hasta entonces ministra de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), anunció su renuncia al cargo para postularse como candidata presidencial para el periodo 2026-2030.
Lo anterior fue sorpresivo para la población, que especulaba sobre la posible sucesión familiar, con el hijo y secretario privado de la mandataria Xiomara Castro, Héctor Zelaya, debido a su acompañamiento y participación en temas y eventos importantes.
La imagen de Moncada ha sido reforzada constantemente por cuatro movimientos internos del partido oficialista, que son el Movimiento 28 de junio (M28), la Fuerza de Refundación Popular (FRP), Somos+ y Pueblo Organizado en Resistencia (POR). Asegurando de esa manera la “continuidad al proyecto de refundación de la patria”.
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La aspirante no ha dejado pasar ni un solo instante para promover su campaña política, la cual, según analistas, fue muy prematura. Moncada, hasta el momento ha recorrido diversos departamentos del país realizando actividades de proselitismo político.
Pese a los esfuerzos por parte de Expediente Público por establecer una entrevista con la precandidata para discutir sobre su aspiración política, no se logró respuesta de su parte.
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Salvador Nasralla no desiste en ser presidente
La presidenta Castro, a través de su cuenta de X (antes Twitter) instó a los funcionarios públicos a presentar una Declaración Jurada confirmando su renuncia si buscaban postularse para un cargo político de elección popular.
Ante la fecha límite del 1 de abril, alrededor de 150 ministros de distintas secretarías del gobierno presentaron lo solicitado por la mandataria en donde confirmaban su compromiso con el servicio público.
Sin embargo, Salvador Nasralla, líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó hasta el 10 de abril la renuncia a su cargo como designado presidencial, esto evidentemente para aspirar a la presidencia del país en el próximo período.
La renuncia fue presentada ante el Congreso Nacional, donde Nasralla espera que sea leída y aprobada por los diputados.
Una vez leída, deberá ser sometida a consideración y, finalmente, votada y aprobada por mayoría simple, requiriendo 65 votos o más. El aspirante asegura que ya cuenta con “el respaldo necesario”.
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Este sería el cuarto proceso electoral para Nasralla. Se postuló en las elecciones del 2013 como candidato presidencial por el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC).
Luego, en 2017, formó una alianza con Xiomara Castro quien cedió su candidatura a Nasralla para enfrentarse a la reelección de Juan Orlando Hernández, elecciones que estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral.
Y en el 2021, Nasralla nuevamente formó una alianza con el Partido Libre, pero esta vez presidido por la candidata Castro, quien actualmente ocupa el cargo de presidenta.
Renuncia como Designado Presidencial
Ante los supuestos de que, al renunciar a un cargo como designado presidencial (comparado a vicepresidente), Nasralla quedaría inhabilitado por 10 años para cargos públicos. Argumentos que surgieron de la interpretación errónea del artículo 240 de la Constitución de la República.
Dicho artículo que establece que no puede ser elegido Presidente un funcionario, en este caso designado, que “haya ejercido funciones durante la fecha anterior de las elecciones”.
En ese sentido, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos aclaró a Expediente Público que no existe ningún impedimento legal. “Todos los cargos de elección popular son renunciables, empezando por la presidencia de república, los diputados, los designados, cualquier cargo es renunciable”, acotó.
La Constitución de Honduras en el numeral 4 del artículo 40 establece que un deber del ciudadano es “desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa justificada, los cargos de elección popular”.
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Disidencia en Libre
Jorge Cálix también quiere ser el candidato presidencial de Libre, pese a los roces políticos que ha tenido dentro de partido. El domingo 14 de abril de 2024 hizo oficial su precandidatura.
Expediente Público estuvo presente en el evento donde Cálix señaló: “Los que piensan que hay que pedir permiso para lanzarse están equivocado, este partido no pertenece a una familia, le pertenece al pueblo”.
Ante los rumores en el escenario político respecto a la supuesta expulsión de Jorge Cálix del Partido Libre en 2022, a raíz de un conflicto qué ocurrió en el Legislativo, Expediente Público se comunicó con los dirigentes del partido para corroborarlo.
“Jorge Cálix no ha sido expulsado del partido. Incluso la presidenta lo invitó a ser Coordinador de Gabinete y él no aceptó. Además, es diputado por Libre”, declaró Gerardo Torres, vicecanciller y secretario general de la Corriente M28 del partido.
Pero la postulación de Cálix provoca malestar a lo interno de la organización política, porque se considera un síntoma de disidencia interna. Raúl Pineda, analista político, expresó a que Expediente Público que esta situación podría llevar al partido hacia la decadencia.
“Vemos en Libre, el inicio de una oposición, hasta este momento la disidencia que se va convirtiendo en oposición va a terminar debilitando el control que ha ejercido la familia Zelaya en ese partido”, avizoró Pineda.
Candidatura de Ana García, una “bofetada”
Por su parte, Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico el 8 de marzo del 2024 en Estados Unidos sorprendió al mundo entero cuando 4 días después, el 12 de marzo, anunció su precandidatura presidencial por el Partido Nacional.
Expediente Público trató de entrevistar a García, pero no respondió a nuestras solicitudes.
Fátima Mena, diputada del Congreso Nacional por el PSH, sobre la aspiración García dijo a Expediente Público que, si bien tiene derecho “es una falta de ética y de integridad de la exprimera dama seguir instrumentalizando el poder para beneficio de ella, sus familiares y de su círculo cercano que ya mucho tiempo le han hecho daño al país”.
“Parece una serie de narcotraficantes que no tienen ética. Siguen buscando el acceso al poder para mantener impunidad y creo que definitivamente es una bofetada al pueblo hondureño que ella pretenda lograr una aspiración presidencial”, manifestó Mena.
Criticó que la cúpula del Partido Nacional no haya “aprendido la lección” y no reestructuraran la organización política.
Sin embargo, al observar como “acogen y celebren una candidatura de alguien que evidentemente tiene vínculos directos con una persona encontrada culpable por narcotráfico (…) me parece que es no tener vergüenza, no tener ética y no tener integridad”.
Respaldo del Partido Nacional a Tito Asfura
En contraste, el dirigente de los nacionalistas, Kilvett Zabdiel Bertrand, defendió la candidatura de García. Dijo a Expediente Público que “ella (García) tiene derecho como ciudadana, como nacionalista, a participar en el proceso”.
“Hay un sector en el PN que le tiene mucho cariño y aprecio por el liderazgo que tuvo durante la presidencia del expresidente Hernández. Fue una primera dama muy involucrada en temas políticos y en temas sociales”, expresó.
No obstante, la mayoría de la dirigencia, incluyendo diputados y alcaldes, están apoyando a Nasry “Tito” Asfura.
“Es él quien tiene el mayor respaldo dentro del partido, pero no dudo de que ella (Ana García) también puede construir su propio camino”, atisbó.
Precandidatos señalados de corrupción
Dos precandidatos hondureños enfrentan acusaciones de corrupción que ensombrecen sus aspiraciones políticas.
Por un lado, Nasry “Tito” Asfura, exalcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) por dos periodos entre 2014 y 2022 y también precandidato a la presidencia, enfrentó acusaciones en 2020 por malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros cargos.
En respuesta, en 2021 la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público ordenó incautarle los bienes.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que el fallo del juzgado de privación de dominio a favor de Asfura “transgrede la ley y carece de valoración de la prueba en su conjunto”, por lo que posteriormente el 25 de noviembre de 2021, se ordenó devolverle sus bienes.
Ante esto, la Uferco anunció el 26 de septiembre del 2023 que apelaría el fallo, al señalar que durante “la audiencia quedó acreditado como los fondos de la alcaldía fueron utilizados para pago de tarjetas de crédito de familiares, entrega a activistas y otros asuntos personales”, no obstante, no se tomó en cuenta dicha circunstancias.
Y por el otro lado, Rasel Antonio Tomé Flores, actual vicepresidente del Congreso Nacional, fue señalado en la Lista Engel de Estados Unidos en el 2022 por suponerlo responsable de haber malversado alrededor de USD327,000 en fondos públicos durante su gestión como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Tras su señalamiento en dicha lista como supuesto actor político vinculado a actos de corrupción, el Gobierno de EE. UU ordenó la suspensión de la visa al vicepresidente del CN, las repercusiones no fueron las mismas en Honduras, la ciudadanía esperaba que fuese removido de su cargo, pero no fue así.
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Sin relevo generacional
En ese sentido, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) insiste en la necesidad de que los partidos políticos garanticen que los aspirantes a cargos de elección popular sean seleccionados en base a criterios de integridad y capacidad.
Rafael Jerez, representante REDH consideró, en entrevista a Expediente Público, que la receptividad hacia el lanzamiento de nuevas precandidaturas en Honduras parece ser limitada. Tendría que ver el desgaste que han experimentado los partidos políticos.
Jerez advirtió sobre las posibles afectaciones a la democracia que podrían surgir no solo por la candidatura de Ana de Hernández, sino por la “proliferación de candidaturas que no representan un relevo generacional en el alto nivel político” en Honduras.
Con las actuales precandidaturas, “el mensaje que se envía a la ciudadanía es que las decisiones políticas aún por más casos de corrupción, de narcotráfico, incluso por rechazo social que haya, van a quedar en la misma persona”.
Para que se dé el fenómeno de sorpresa en la intención de voto, la cual “no se puede descartar por todos los antecedentes que ha habido en América Latina”, tenemos que esperar el proceso electoral, sostuvo Jerez.
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Status quo
Otra figura en la arena política es Nelson Ávila, quien anteriormente compitió como precandidato por Libre en las elecciones de 2021, enfrentándose a la actual presidenta Castro en las internas.
Ávila formó el Partido Migrante Hondureño. Para el analista Pineda el partido Libre no muestra democracia interna al tratar “como un enemigo Ávila en cuanto a todas sus aspiraciones, en lugar de aprovecharse todos sus conocimientos, que son muchísimos”.
Y es que Ávila destaca como académico que incluyen maestrías, doctorado; es autor de libros y domina varios idiomas.
Pineda subrayó la necesidad de una fuerza sólida que sea respaldada por la ciudadanía hondureña para evitar la continuación del statu quo.
“Si no surge algo inesperado, el curso de los acontecimientos va a seguir con la normalidad que está ahorita y mientras el pueblo no se empodere, la ciudadanía no se actualice, mientras la sociedad civil organizada no deje de ser ambiciosa y bobalicona, las cosas no van a cambiar”, finalizó.
