* Una falsa normalidad copada de miedo, persecución y un férreo control estatal, son señales de la dictadura en Nicaragua.
**Los nicaragüenses conmemoran seis años de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 en silencio, debido a la prolongación de la represión.
***Nicaragua se convierte en “un país de viejos”, casi todos tienen un familiar que se ha ido por persecución o falta de empleo.
Expediente Público
Ondear tu propia bandera está prohibido en Nicaragua desde hace seis años. La azul y blanco es el más importante símbolo de la nación centroamericana, pero portarla puede llevar a cualquiera a la cárcel. No es un secreto.
Si ondeas la bandera en público corres el riesgo de que te acusen de “vandálico” o “golpista”. Peor aún, te pueden acusar de “terrorista”.
El nicaragüense sabe que debe atenerse a las consecuencias por esta ley no escrita.
Sólo una vez los nicaragüenses han roto esta prohibición desde 2018, cuando ocurrió algo épico para el país.
La noche del 18 de noviembre de 2023 miles olvidaron el miedo y se volcaron a las calles para celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios como Miss Universo.
Esa noche la “azul y blanco” volvió a ser libre y adornó las calles del país, también se entonó el himno nacional en las calles.
Fue algo espontáneo y sin distingo político. Incluso gente que dentro de sus vehículos portaba la bandera roja y negra se unió a la celebración y gritaban: “¡Viva Nicaragua!”, constató “Manuel”, un nicaragüense que no dudó en celebrar esa noche el triunfo de la Miss Universo.
La algarabía “reavivó un poco los sentimientos de 2018”.
Los acontecimientos ocurridos en el contexto del concurso Miss Universo, realizado en el país vecino El Salvador, son solo un ejemplo que ilustran la intensidad de la persecución y la dura realidad política y social que se vive en el país centroamericano.
El régimen no esperaba el triunfo de la nicaragüense, a quien había prohibido su retorno. Consideró los actos espontáneos como una amenaza, por lo que expatrió a la propietaria de la franquicia en Nicaragua, Karen Celebertti, y a parte de su familia.
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Acomodarse a una dictadura en Nicaragua
En 2018 ocurrió un baño de sangre, que incluyen crímenes de lesa humanidad perpetrados por la Policía, paramilitares y grupos de choque sandinistas contra manifestantes civiles.
Desde entonces, Nicaragua está sumergida en un estado policial sin derechos fundamentales y un profundo deterioro de derechos humanos.
Las protestas iniciadas en abril de 2018 reflejaron el descontento social acumulado por varios años en el país centroamericano.
Las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social provocaron que miles se manifestaran, pero la Policía y los grupos parapoliciales bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimieron las manifestaciones pacíficas usando fuerza letal.
Al menos 355 personas fueron asesinadas y más de dos mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, más de dos mil ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente; cientos de profesionales de la salud fueron despedidos; se registran 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios.
Uno de cada diez nicaragüenses abandonó el país desde 2018 en el mayor éxodo poblacional de la historia.
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Ciudadanía no habla de la crisis sociopolítica
“Hay una aparente normalidad porque la gente necesita seguir su día a día. Necesita trabajar, comer, necesita mandar sus hijos a la escuela”, señala “Manuel”.
“La gente prefiere quedarse callada y vivir el día a día como si no ha pasado nada”, afirma “Manuel”, comerciante del mercado Oriental, un populoso centro de compras, ubicado en Managua.
Quien hable de los asesinatos o el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país puede recibir “represalias” o puede ser “fichado como gente opositora”.
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“Cuando voy al mercado la gente dice ‘este viejo pelón nunca se fue’ y se refieren a Ortega, pero siempre lo dicen con sigilo o en broma. Antes de 2022, la gente todavía se expresaba más sobre la situación del país”, explica “Manuel” a Expediente Público.
En su intento por borrar los recuerdos de abril, la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa de ley que declara abril, “mes de la paz”. Desde la maquinaria de medios de comunicación oficialistas, promueven actividades recreativas y religiosas para vender una situación de normalidad.
El silencio de los trabajadores del Estado
Para “Marina” hablar de las consecuencias derivadas de la crisis sociopolítica “no es tema de cafetería, ni tema para abordarlo con compañeros de trabajo o familiares. Menos con los vecinos”.
Esta mujer está pronto a jubilarse y lleva 14 años laborando en una institución del Estado.
Para erradicar toda forma de oposición y crítica, el régimen amplió las formas de persecución y represión. Todo intento de crítica, incluso a lo interno de sus bases, es reprimida.
En algunos casos, el régimen prohibió el ingreso al país de voces consideradas críticas, despojándolas de su nacionalidad y arrebatando todos sus derechos fundamentales. Además, sigue con el acoso, amenazas y vigilancia contra quienes permanecen a lo interno del país.
En Nicaragua se estableció un sistema de control y vigilancia de la ciudadanía.
¿Cómo sobreviven los nicaragüenses en la dictadura?
Los miembros de las estructuras de participación ciudadana conformada por los llamados Gabinetes de Familia, antes Consejos del Poder Ciudadano, o los Comité de Liderazgo Sandinista, los grupos armados progubernamentales y la misma policía ejercen la labor de vigilancia y hostigamiento sistemático contra toda actividad “sospechosa” o reconocido opositor.
“Marina” no encuentra palabras para definir como está Nicaragua seis años después, pero lo resume de esta forma: “Incierto y sin futuro en un país donde no podés opinar”. “Las cosas han cambiado para que todo el mundo se quede callado”, señala esta trabajadora del Estado.
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En 2018, las rotondas en Managua fueron puntos de encuentro ciudadano y escenarios de movilizaciones para muchas personas autoconvocadas. A finales de ese año, el régimen se las tomó.
Se orientó a los trabajadores del Estado apostarse en las rotondas de la capital, con carteles prefabricados llenos de mensajes alusivos a la paz, para que los manifestantes azul y blanco no ocuparan esos espacios.
Después de la pandemia del Covid-19, en 2020, esas concentraciones se acabaron, observa “Manuel”.
“Desde hace bastante tiempo no se ven concentraciones de trabajadores del Estado en lugares públicos y eso tiene una connotación. Ellos temen de los mismos trabajadores del Estado, es decir, que puedan revelarse”, afirma.
El peligro de ser llevado a la cárcel
Eleazar González es un catedrático universitario que tras su despido en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), obtuvo un empleo en un colegio privado de la capital. No duró mucho tiempo, porque se dio cuenta que, incluso en esos espacios, temen contratar a personas críticas del régimen.
“La gente siempre vive con ese temor y para las personas que fueron críticas al gobierno y las despidieron de alguna institución es difícil conseguir trabajo aun en los espacios privados”, advierte González.
El catedrático originario de Diriamba, ciudad al sur de la capital, coincide que en Nicaragua la gente tiene prohibido expresarse.
“Quisieran opinar, pero si lo hacen, ya saben que lo más barato que les puede salir es la cárcel, perder todo y hasta la vida, porque esa gente (el régimen) es capaz de cualquier cosa”, reitera González en entrevista con Expediente Público.
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La vigilancia policial, con el fin de presionar e intimidar, es una práctica vigente del régimen para causar “temor” o “pánico”.
A González en varias ocasiones le pintaron su casa con la palabra “plomo”, utilizada por grupos oficialistas en amenazas de muerte. Además, cargaba con el estigma de que era considerado un “traidor”, y así le decían en las calles.
“Hay hostigamiento y mucho como parte de amedrentar a las personas”, señala González.
Detenciones arbitrarias
Previo al secuestro del catedrático, Freddy Antonio Quezada, el 29 de noviembre de 2023, González recibió un aviso por parte de un pastor evangélico de que el régimen preparaba una embestida contra varios de sus críticos, incluyendo extrabajadores de la UNAN-Managua. Esa fue una señal clara de que debía abandonar Nicaragua.
“Yo me vine y como a los tres días echaron preso al profeso (Quezada). Eso siempre se filtra y eso significa que dentro de sus mismas filas hay descontento”, afirma González, quien se sumó a la larga lista de nicaragüenses exiliados en Costa Rica.
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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua cifra en 121 los presos políticos que hay en el país, la mayoría detenidos en 2023 acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, la difusión de noticias falsas y/o conspiración para atentar contra la integridad nacional.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se desconoce el paradero de algunos de los presos políticos.
La represión en el Caribe
En el Caribe nicaragüense, los indígenas y afrodescendientes, así como organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de estos pueblos, también siguen siendo objeto de represión.
A algunos se le negó el ingreso al país, como a la miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Anexa Alfred Cunningham, del pueblo miskito.
Otros fueron secuestrados y encarcelados como los líderes de Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.
Para “Indiana”, mujer costeña e indígena de la comunidad creole afrodescendiente de la costa Caribe Sur, la rebelión de abril abrió una “escuela de educación cívica” en Nicaragua, que permite identificar el “discurso falso de la política nacional y partidaria”.
El abstencionismo que se impuso en las elecciones regionales del 3 de marzo de 2024 son una muestra del “descontento” de la población, afirma “Indiana”. “La población le está diciendo al gobierno, no te quiero más”, agregó.
Familias completas forzadas a migrar
Nicaragua es un país de 6.8 millones de habitantes, pero desde el estallido de la crisis social, política y económica al menos el 10% de la población se ha visto obligada a migrar, tal y como evidencia Expediente Público: Ortega causa la peor migración en décadas en Nicaragua.
Eleazar González refiere que al menos dos generaciones de su familia han migrado bajo este contexto de la crisis sociopolítica.
“En mi caso, padre e hijos, por lo menos dos generaciones han tenido que irse de Nicaragua, porque es insostenible la vida en ese país. Los de la tercera edad se quedan”, señala González.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó que, a junio de 2023, había 271,740 nicaragüenses solicitantes de asilo y 18,545 habían sido reconocidos como refugiados a nivel mundial.
Las personas tuvieron que huir por la exposición a un entorno intimidatorio o coercitivo creado por diferentes actos represivos que equivalen a la expulsión u otras formas de coacción, señaló Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas en su informe de febrero de 2024.
En el caso de “Manuel” al menos cuatro familiares también tuvieron que salir del país, pero por razones económicas, porque no encontraron empleo. Mientras que, “Marina” debido a la persecución tiene a un hermano en el exilio.
Desde 2018, el régimen Ortega Murillo ha adaptado y ampliado en distintas etapas la persecución y las formas de represión en Nicaragua.
Pasó de la represión generalizada a la protesta ciudadana a la imposición de un Estado terrorista, criminalización, detenciones arbitrarias, y se encaminó a un Estado de excepción de facto.
Los secuestros exprés, torturas a presos políticos, destierros y desnacionalizaciones se convirtieron en la práctica común del régimen.
