* Nicaragua cumple este 18 de abril seis años de la “Rebelión de Abril” que dejó 355 personas asesinadas.
** Madres de asesinados, excarceladas políticas y exiliados conversaron con Expediente Público y mantienen vivo su anhelo de volver a una Nicaragua en democracia.
Expediente Público
Sin justicia, perseguidos, encarcelados o exiliados. Desterrados, desnacionalizados y confiscados. Bajo hostigamiento y sin libertad. Nicaragua ha recorrido seis años desde aquel abril que dejó un saldo de 355 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2018 Nicaragua se vio sacudida por una ola de protestas. Unas reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social las causó, pero fueron reprimidas violentamente. Los nicaragüenses han recorrido 72 horas fueron asesinadas 44 personas, reportó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Las manifestaciones de miles de nicaragüenses con cortes de carreteras, calles y ciudades. Pedían la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante el derramamiento de sangre. Los policías y fuerzas de choque sandinista masacraron al pueblo, según organismos de derechos humanos.
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Desde entonces, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha consolidado el estado policial, el clima de persecución y vigilancia. Esto ha llevado a un éxodo masivo de nicaragüenses, unos 700 mil, el diez por ciento de la población.
Seis años después, en cada rincón del mundo donde hay nicaragüenses, se sigue demandando justicia por los crímenes cometidos por Ortega y Murillo.
Julia Hernández, la defensora de las presas políticas
En la prisión, Julia Hernández tuvo que sacar su lado más fuerte para no sucumbir frente a las presas comunes o el yugo de la opresión de las funcionarias de “La Esperanza”. Se convirtió en protectora de las otras presas políticas amedrentadas por las sentenciadas por delitos comunes.
En la cárcel les decían que eran “tranqueras, golpistas terroristas, asesinas”.
En tres ocasiones se agarró a los golpes con internas del penitenciario. Las dos primeras veces sólo recibió un llamado de atención, pero a la tercera la mandaron a una celda de castigo, sin derecho a “patio y sol”.
Nuevamente tuvo que ser fuerte, aunque hubo momentos que se desmoronaba pensando en su hijo, que en ese entonces solo tenía nueve años, y en su madre.
“Me encerraron en una celda, donde me volé (estuve) nueve meses. En esa celda yo aprendí a reflexionar y ser mejor persona”, recuerda Hernández.
A finales de 2019, Hernández fue detenida luego de un operativo en Masaya en el cual fue asesinado José Isaías Ugarte, un opositor conocido como “Chabelo”, pero la liberaron después de algunos días en prisión.
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Desde que estalló la crisis sociopolítica en 2018, Hernández tuvo un papel muy activo en las protestas que se realizaron en Masaya contra el régimen y seis años después su demanda no ha cambiado.
“Sigo exigiendo la libertad de mi pueblo nicaragüense, mi gran anhelo es que mi pueblo sea completamente libre y se haga justicia por todos los ciudadanos asesinados por las manos criminales de la dictadura Ortega Murillo”, señala Hernández.
Las torturas en “El Chipote”
El 7 de enero de 2021, la Policía ingresó de madrugada a casa de Hernández en busca de “armas” que supuestamente tenía. La llevaron inicialmente a las celdas de “El Chipote”, en Managua, donde la interrogaron en varias ocasiones y luego la trasladaron a “La Esperanza”.
“Al ver ellos que no les decía nada comenzaron a sedarme y la vez que me rehusé, me amenazaron y dijeron que no dejarían pasar a mi mamá”, recordó Hernández.
En “La Esperanza” las visitas eran cada 21 días y las llamadas vigiladas. “A veces lloraba” y soportó el acoso de las otras presas comunes que le gritaban: “¡Viva Daniel Ortega!”. A finales de 2021 conoció a otras presas políticas que fueron encarceladas en el contexto del fraude electoral de ese año como Evelyn Pinto y Samantha Jirón.
El 9 de febrero de 2023, el régimen excarceló a Hernández y la subió a un avión junto a otro grupo de presos políticos que volaron a Washington D.C. A esa nueva realidad se ha adaptado, pero no ha sido fácil, porque no ha logrado reencontrarse con su hijo.
“Se han enfocado en hacerle daño a nuestros jóvenes (…) Yo luchaba por mi hijo, luchaba por lo jóvenes y la zozobra que tenemos es eso. Mi hijo se encuentra todavía en Nicaragua y créame que es triste estar lejos de él, me le negaron su pasaporte”.
“Mi hijo no puede salir y espero en Dios pronto él se vaya de ahí, porque yo sé que Dios va a hacer su voluntad para que nuestro pueblo sea libre”, añade Hernández.
En la cárcel y sin esperanzas
Evelyn Pinto es una veterana defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia. En 2018 se involucró en las manifestaciones pacíficas y fue activa en la labor humanitaria de apoyo a familiares de personas heridas, asesinadas o privadas de libertad.
“Abril siempre va a ser para nosotros un mes de dolor, tristezas por todo lo que pasó en tan corto tiempo, nos arrebataron las vidas de niños, mujeres y hombres (…) Nos arrebataron la ilusión y la esperanza”, manifestó Pinto.
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Su activismo en las redes sociales también era evidente. En espacios privados y cada vez que tenía oportunidad lanzaba una crítica al régimen por el manejo de la crisis que, además de los asesinados, dejó más de dos mil personas heridas.
El 6 de noviembre de 2021 fue encarcelada. A su casa de habitación, en Managua, más de veinte agentes policiales ingresaron para detenerla sin presentar ninguna orden judicial. Y mientras estuvo en la cárcel, confiesa que “no veía salida”.
«No veía posibilidades, realmente, de que fuéramos a salir. Es difícil para ustedes, tal vez, entenderlo, pero para quien está ahí no ve salidas, no ve posibilidades, no ve ni un rayito de esperanzas y que un día para otro aterrizáramos en Washington fue como un milagro”, explica.
Ana Margarita Vijil: “Abril fue de mucho dolor”
A ese mismo avión subió la activista y defensora de derechos humanos, Ana Margarita Vijil, tras permanecer 606 días en “El Chipote”, donde sufrió aislamiento en solitario y estuvo sin derecho a hablar o leer, con escaso acceso a sol y pocas visitas familiares.
Pese a que en esa cárcel sufrió incesantes interrogatorios, inclusive después de ser condenada a 10 años de prisión por “conspiración”, afirma que abril es una huella imborrable en su vida y la de miles de nicaragüenses que quieren el retorno de la democracia en el país centroamericano.
“Yo no cambio abril. Abril del 2018 fue para mí el completo convencimiento que no estaba sola, que éramos miles, millones, los que queríamos un cambio, los que queríamos esa Nicaragua libre, bella, para todos y todas”, dice la nicaragüense en entrevista con Expediente Público.
Mientras iba en el “vuelo de la libertad” de los 222 presos políticos, Vijil fue desnacionalizada.
Han pasado seis años desde la rebelión de abril y es un mes para recordar a los asesinatos y los heridos. Abril es de “mucho dolor” y un mes para exigir justicia, afirma.
“Abril fue también de mucho dolor, fue ver a policías disparándole a su gente, fue ver grupos de paramilitares matando, matando a otros hermanos y hermanas nicaragüenses. Seis años después ese dolor todavía se siente y se va a sentir siempre”, señala.
El 13 de junio de 2021, antes de ser detenida, Vijil advirtió en un video que la policía tenía rodeada su casa. Fue detenida arbitrariamente y sometida a una larga situación de incomunicación.
“Siempre nos reprimen”, afirma Madre de Abril
En el exilio, Azucena López es una de las voces de la Asociación Madres de Abril (AMA) que sigue alzando su voz para demandar justicia sin impunidad.
El 17 de julio de 2018, durante la Operación Limpieza en el barrio Monimbó de Masaya, un municipio ubicado a unos 28 kilómetros al suroeste de Managua, asesinaron a su hijo Erick Antonio Jiménez López.
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“Seguimos exigiendo justicia y trabajando para que no quedemos en silencio y queremos justicia sin impunidad”, explica López a Expediente Público.
Seis años después, el recuerdo y el dolor por el asesinato de su hijo sigue vigente. Después de enterrarlo, Azucena López tuvo que salir de Nicaragua. No podía seguir en el país ante las amenazas de los personeros del régimen Ortega Murillo.
“Las madres que estamos fuera del país podemos todavía hacer el grito de las madres exigimos justicia”, dice con firmeza a pesar de que seis años después sigue siendo víctima del régimen que criminaliza a las progenitoras, tías y familiares de los asesinados.
Nelly Griselda López García, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y tía de Erick Antonio Jiménez López, asesinado en Masaya en 2018, está encarcelada en “La Esperanza”. La encarcelaron arbitrariamente el 16 de abril de 2023.
En Nicaragua, hay más de 121 personas que son consideradas presas políticas del régimen, según organizaciones de derechos humanos. “La familia está desintegrada y mi hermana me ha mandado a decir que no vaya a Nicaragua”.
Azucena vive su exilio en Costa Rica, donde los nicaragüenses buscan protección internacional. Aunque en Costa Rica puede seguir alzando su voz en demanda de justicia, siente que no hay “seguridad”, porque los “tentáculos de la dictadura los tiene vigilados”.
El caso del profesor Gabriel Putoy
El excarcelado político y profesor Gabriel Leonidas Putoy Cano es testimonio de la represión aún en el exilio. El docente refugiado perdió su empleo en Costa Rica, debido a que los bancos de ese país no le permiten tener una cuenta bancaria, porque existe una orden de captura internacional en su contra.
“Los dictadores creen que no hay límites y que más allá de la frontera con Nicaragua pueden ejercer represión sobre nosotros los refugiados”, afirma Putoy.
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Putoy, originario del barrio indígena de Monimbó, es un opositor activo que desde Costa Rica sigue denunciando al régimen.
En julio de 2018, durante las protestas antigubernamentales de Nicaragua, lo encarcelaron acusado de matar a una policía y un civil, pero fue excarcelado el 10 de junio de 2019 por una polémica Ley de Amnistía.
Está en Costa Rica desde el 15 de diciembre de 2019 y gracias a que le aprobaron su refugio en 2023, no lo pueden extraditar, afirma.
Al conmemorar el sexto aniversario de la rebelión de abril siente que “Nicaragua es una caldera de sufrimiento, persecución, situaciones económicas agobiantes, salarios injustos y reivindicaciones sociales perdidas en el camino”.
En el exterior es testigo de cómo el régimen sigue extendiendo la persecución contra varios sectores del país, incluyendo la Iglesia católica.
Sacerdote escapa del régimen
A lo largo de estos seis años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo también se ensañó contra líderes de la Iglesia católica en Nicaragua. Un total de 31 sacerdotes han sido desterrados de Nicaragua, y otros como el padre Harving Padilla que escapó y se exilió en Costa Rica.
El sacerdote Harving Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya, salió a Costa Rica el 28 de septiembre de 2023, tras permanecer dieciséis meses recluido en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, en Managua.
En entrevista con Expediente Público recordó que en 2018 prestó ayuda a los heridos y dio alimentos a quien lo necesitaba. Esa acción humanitaria que se convirtió en un delito para el régimen. En los años posteriores a 2018, durante sus homilías, el presbítero fue un crítico del régimen.
“Si me lo preguntas a mí, como sacerdote, si valió la pena el haber ayudado a heridos, dar alimentación a los hambrientos en ese momento, sí, vale la pena, porque ese es mi ejercicio sacerdotal”, repite el clérigo.
En el exilio, el padre Padilla encontró el apoyo de otros religiosos y está ejerciendo su ministerio sacerdotal.
“Casi dos años voy a cumplir de haber dejado Masaya, me sacaron de la parroquia (…) Siempre la añoranza de estar en una parroquia de Nicaragua, aunque he encontrado aquí ese gran apoyo y lo más importante que agradezco es ejercer mi ministerio sacerdotal”, puntualiza.
El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, fue uno de los últimos líderes religiosos desterrados en enero de 2024.
