* El gobierno de Nayib Bukele adeuda casi 53 millones de dólares del presupuesto del único centro de estudios superiores de carácter público en El Salvador.
** Las autoridades de la llamada Alma Mater salvadoreña reconocen que atraviesan una crisis financiera sin precedentes en su historia.
*** La casa de estudios es el símbolo emblemático de los principales movimientos políticos del siglo XX cuando sufrió al menos tres intervenciones militares que cerraron el campus.
Eric Lemus / Expediente Público
El martes 24 de febrero de 2015 fue una tarde que muchos recuerdan en el campus de la única casa de estudios superiores pública en El Salvador. Frente al atrio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional cientos de estudiantes se apretujaron para entrar al edifico.
Nayib Bukele había sido invitado en calidad de candidato a alcalde de San Salvador con la bandera rojiblanca del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y se abría paso entre los admiradores que corearon su nombre. Desde el fin de la guerra, no se había visto algo así.
En aquel momento, Bukele era el alcalde exitoso de un pequeño poblado rural llamado Nuevo Cuscatlán y en ese momento quería gobernar la capital como un paso previo antes de llegar a la Presidencia de la República y dictar el futuro del país.
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Además, el bisoño político era visto como el rostro del posible relevo generacional dentro de una izquierda que nació en los años 60 del siglo XX en esta misma Universidad de El Salvador (UES).
Al grito de ¡Nayib! ¡Nayib!, aquella tarde todos creyeron la promesa del joven alcalde que, si llegaba a la capital, sería después presidente e iba a aumentar el presupuesto de la universidad nacional. Solo una cosa cumplió.
Nueve años después Bukele logró convertirse en mandatario, pero la UES atraviesa una crisis financiera sin precedentes por el impago presupuestario que atrasó el Gobierno sin que haya una posición oficial al respecto.
Además, desde 2020, las aulas de la universidad están vacías. Los estudiantes tienen que seguir las clases en modalidad online, primero a raíz de la pandemia de la COVID-19 y después por auspiciar unas competencias deportivas regionales.
Plazos agotados
El Ministerio de Hacienda adeuda un monto de casi USD53 millones desde 2022, de los cuales USD19.1 millones corresponden al saldo para los proveedores que brindan servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet y el pago de seguro de vida de los trabajadores.
La Asamblea General Universitaria (AGU), que es la máxima autoridad del centro de estudios, emitió un pronunciamiento en el que urge al Gobierno el desembolso de los fondos estatales atrasados desde 2022.
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“Históricamente el Gobierno no ha transferido el monto total del presupuesto asignado para la UES, sin embargo, nunca se había tenido una falta de pago con la magnitud que actualmente se tiene”, reiteró la AGU.
La AGU confirmó que el total por las transferencias atrasadas asciende a USD52,624,667.45. Hasta el momento, la Rectoría maniobra con lo que recauda de trámites administrativos.
La catedrática Arely Franco, quien funge como coordinadora de la comisión especial ‘La UES se niega a morir’ que surgió en la AGU, detalló a Expediente Público que el Gobierno debería transferir un promedio mensual de USD11 millones para que la universidad cumpla con todas sus obligaciones, pero desde hace dos años recibe lo básico, por lo que la mora aumenta mes a mes.
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De acuerdo con la Ley General del Presupuesto de la UES, el año fiscal 2023 preveía USD122,637,472.
En El Salvador, el presupuesto es aprobado por la Asamblea Legislativa según la distribución que realiza el Ministerio de Hacienda cada año conforme la disponibilidad en el Fondo General de la Nación.
El Congreso está bajo control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), que tiene mayoría.
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“Las consecuencias derivadas por la falta de esos fondos se traducen en limitar y suspender el acceso a la educación superior gratuita, que ya se ha constituido en un derecho para miles de estudiante salvadoreños”, recalcó la AGU.
La población universitaria asciende a 62,000 universitarios distribuidos en nueve facultades que están en la sede capitalina y tres departamentales. En el último año académico hubo 1,641 graduados, de los cuales la mayoría provienen de las facultades de Medicina y Derecho.
Universidad fantasma
Miles de estudiantes fueron enviados a sus casas a estudiar de forma virtual tanto en el campus central como en las tres sedes regionales en 2020 a raíz del confinamiento derivado de la emergencia por la pandemia de la COVID-19.
Posteriormente, en mayo de 2022, el entonces rector de la UES, Róger Arias, firmó un convenio de cooperación con el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, uno de los hermanos del mandatario.
El documento estableció que las instalaciones universitarias serían la sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio de dicho año.
“Esta es una alianza que me deja contento y satisfecho no solo por lo que recibirá la UES en infraestructura, sino porque también contribuiremos a la reactivación del deporte universitario”, declaró Yamil Bukele ante el aplauso de los presentes.
A cambio, la UES sería remodelada gracias a un proyecto de modernización que fue prometido con el mismo aspaviento que ofreció Bukele en febrero de 2015.
Pero las obras nunca llegaron y muchas de las aulas son utilizadas como bodega de materiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que es la institución que utilizó el gobierno de Bukele para acondicionar las instalaciones universitarias para las justas deportivas que hubo en 2022.
Ahogo financiero ¿táctica política?
Un catedrático de la Facultad de Ingeniería que conversó con Expediente Público reconoce que en la vida política del país nada es circunstancial.
“Las manifestaciones históricas del estudiantado, que tuvimos en la década de los 80 y 90, exigiendo mayor presupuesto, no van a ocurrir en el contexto actual”, vaticina el docente, que prefiere no identificarse públicamente.
“No creo que sea sólo por las autoridades universitarias, sino porque también los movimientos estudiantiles están desarticulados por factores externos. La pandemia mantuvo fuera del campus a los estudiantes por casi dos años. Luego vinieron las remodelaciones por los Juegos Centroamericanos, que también obligaron a mantenerse en educación remota”, analiza el académico.
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“Esto ha hecho que movimientos estudiantiles organizados tenga menos oportunidad de articulación para plantear en el espacio público los problemas que les aquejan”, añade.
Además, “al no identificarse con la universidad no desarrollan los arraigos que antes llevaban a defender, manifestarse y exigir sus derechos como estudiantes de la principal universidad de este país”.
“Mantener a los estudiantes fuera del campus, atomizados, sin conocerse unos a otros y sin crear comunidad universitaria, parece una estrategia para evitar la articulación de esfuerzos y la identidad universitaria, crítica y humanista”, remata.
En opinión del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el jesuita José María Tojeita, “en un estado eficiente, que sabe que no se llega al desarrollo al margen del conocimiento, una universidad como la UES debía ser la institución más protegida y apoyada por los gobiernos”.
“Pero no es así. Desde hace años el presupuesto no es el indicado. Al contrario, se le pone un presupuesto bajo y no se le paga a tiempo lo que se le debe”, fustiga.
