* Un análisis del centro de pensamiento Expediente Abierto revela que las 153 alcaldías de Nicaragua solo recibirán el 8% y no el 10% en concepto de transferencias de ley. Castigo persiste a pesar que Daniel Ortega con el FSLN controla todas las alcaldías de Nicaragua.
** La capital Managua se lleva casi el 13% del presupuesto para los municipios, según el Presupuesto General de la República 2024.
*** Las alcaldías del Caribe Sur de Nicaragua son de las más castigadas.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo destinó 10,356 millones de córdobas (US$282.97 millones) para las alcaldías en el país, lo que representa el 8% de los ingresos tributarios y no el 10%, como corresponde en la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios.
Lo anterior confirma que las transferencias municipales en Nicaragua siguen bajo una “medida transitoria”, a pesar de que el régimen ejerce un control total en las 153 alcaldías desde el fraude electoral de 2022, señala un análisis que realizó el centro de pensamiento Expediente Abierto.
Entre el año 2019 y 2022, el régimen Ortega Murillo redujo temporalmente al 4% las transferencias municipales, una asignación que por ley es 10% de los ingresos tributarios, y se distribuye entre las 153 alcaldías del país centroamericano.
En 2023, la asignación fue del 6%, y, en 2024 será el 8% de los ingresos tributarios, según el estudio que el centro de pensamiento hizo al Presupuesto General de la República (PGR).
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FSLN oficializó fraude en Nicaragua
“Según se argumenta en la exposición de motivos del proyecto de PGR 2024, esta medida es temporal, pero ya se ha extendido por casi 7 años”, señala en su análisis el centro de pensamiento.
En noviembre de 2022, el Consejo Supremo Electoral (CSE) adjudicó las 153 alcaldías del país centroamericano al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero eso no eleva la asignación a las alcaldías.
El régimen amplió el control a nivel de la totalidad de los gobiernos locales, con unas cuestionadas elecciones sin oposición.
Las tijeras del régimen de Daniel Ortega
Desde que Ortega llegó a poder en el 2007, el poder político, administrativo y financiero de los municipios, cuya gobernanza se basa en la Ley 40 o Ley de Municipios, quedó a un lado y todo el funcionamiento se centralizó.
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Antes de 2022, cuando el régimen asumió el control en los 153 municipios, los cinco gobiernos municipales de la oposición se mantuvieron trabajando sin fondos del PGR. Pero los despojaron de sus cargos sin respetar la voluntad popular, como evidenció Expediente Público en una serie de reportajes.
“Las transferencias municipales bajo el mandato de Daniel Ortega han sido un instrumento de premio y castigo para los gobiernos municipales”, añadió Expediente Abierto.
Por el contrario, las alcaldías sandinistas tenían grandes ventajas y pagaron el favor con un rol protagónico en las acciones contra manifestantes y activistas en 2018, y posteriormente en la persecución selectiva, señalan diversas investigaciones como la del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Presupuesto premia a represores
Varios alcaldes, principalmente de Masaya, Estelí, León, Jinotega y Matagalpa, son señalados de estar al frente de la represión en sus municipios durante las protestas de 2018 en Nicaragua. Se les vincula de organizar las fuerzas de choque que constituían los paramilitares.
El documento presupuestario detalla precisamente que las municipalidades de Masaya, León, Matagalpa, Estelí, Chinandega y Jinotega son los otros gobiernos locales que se verán favorecidos con las transferencias municipales 2024.
En 2018, en el año del estallido social que sumergió al país en una crisis sociopolítica, el régimen destinó 6.789,05 millones de córdobas (US$215.18 millones) a las alcaldías.
A partir de 2019, sin embargo, metió tijeras al presupuesto y redujo las transferencias a las municipalidades.
En contexto: El rol de las alcaldías sandinistas en represión
En 2019, producto de la contracción económica, los recortes presupuestarios afectaron a las transferencias municipales que se redujeron a un 4% con una partida de 2,553.12 millones de córdobas (US$77 millones), es decir, 4,235.93 millones de córdobas (US$127.89 millones) menos con respecto a 2018 y así se mantuvo hasta 2023.
No hay oposición
En 2023, el régimen incrementó el techo de las transferencias municipales a un 6%, pero sin entregar lo que corresponde; siguió limitando los ingresos que por ley debe entregar a los gobiernos municipales.
El techo para las municipalidades que antes de 2022 eran opositoras recibirán este año un porcentaje mayor, pero limitado. La alcaldía de San Pedro de Lóvago, por ejemplo, que era controlada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) recibirá este año una partida de 39.9 millones de córdobas (US$1.0 millones), es decir 29.9 millones de córdobas más que los que recibió en 2022.
“Actualmente, todas las alcaldías de Nicaragua son controladas por el partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de modo que las asignaciones municipales han dejado de fungir como un instrumento de castigo para la ya inexistente oposición. Sin embargo, siempre se gestionan con la discrecionalidad y arbitrariedad que caracteriza al régimen Ortega-Murillo», expone Expediente Abierto.
Las alcaldías represoras favorecidas
Según el PGR 2024, la alcaldía de Managua que dirige la sandinista Reyna Rueda, es la municipalidad que más recursos recibirá este año. En total 1,307.38 millones de córdobas (US$35,720.9 millones) en concepto de transferencias.
Rueda tiene antecedentes del mal manejo presupuestario y no priorizar inversiones para la población. Expediente Público reveló que, de abril de 2018 a julio de 2022, la alcaldesa por el municipio de la capital Managua, gastó 123.6 millones de córdobas, alrededor de 3.4 millones de dólares, del presupuesto municipal en impresiones, reproducciones y uniformes; eventos sociales y alimentos, comida y refrigerios.
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La alcaldía que dirige la sandinista Janina Noguera Padilla en la ciudad de Masaya ejecutará un presupuesto de 265.8 millones de córdobas (US$7.2 millones).
Masaya fue uno de los bastiones de la lucha durante la Rebelión de Abril. Le llevó semanas al régimen retomar el control en esa ciudad, donde la población se levantó y resistió los ataques de los grupos policiales y paramilitares.
En el PGR se constató que en León, una ciudad ubicada al occidente del país, donde iniciaron las protestas en 2018 por las reformas al Seguro Social, este año recibirá 247.2 millones córdobas (US$6.7 millones) de las transferencias municipales.
El alcalde sancionado por violentar derechos humanos, Sadrach Zeledón, ejecutará en la ciudad de Matagalpa un presupuesto equivalente a 215.9 millones de córdobas (US$5.8 millones), y su par cercano, Francisco Valenzuela, de Estelí, recibirá una transferencia por 214.2 millones de córdobas (US$5.8 millones).
No hay confianza en alcaldes
En 2006, antes de la llegada de Daniel Ortega al poder, solo el 13.9% de la población sentía desconfianza hacia los gobiernos locales.
La confianza en el Gobierno local alcanzó su nivel más bajo en 2023. El 32.6% de los nicaragüenses afirmó que no confía en las municipalidades, según la encuesta del Barómetro de las Américas: Pulso de la Democracia 2023.
Durante una conferencia virtual en la que presentaron los resultados de la encuesta sobre Nicaragua, el politólogo Miguel Cruz, observador político para Centroamérica del Barómetro de las Américas, manifestó que llama la atención que la desconfianza que sienten los nicaragüenses hacia las instituciones “toca de manera directa y clara también a los gobiernos locales”.
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“Las alcaldías o los gobiernos locales, aun cuando hay crisis políticas nacionales, son los que se ven usualmente menos afectados de forma inmediata porque, como saben, los gobiernos locales están más en contacto con la gente”, explicó Cruz.
Al ser consultado por Expediente Público, el observador político para Centroamérica del Barómetro, reiteró que la desconfianza hacia las instituciones suele “tocar de último a los gobiernos locales”. Es precisamente por una relación “más inmediata” que existe entre las autoridades locales y la población.
¿Por qué la desconfianza?
“Lo que nos llama la atención en la encuesta es que esa desconfianza toca de manera directa y clara también a los gobiernos locales. A diferencia de lo que vemos en otros países, donde hay muy poca confianza en los gobiernos nacionales, los gobiernos locales se mantienen y están en algunos casos muy por encima de los gobiernos nacionales. En este caso (de Nicaragua) está a ese mismo nivel”, añadió Cruz.
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El politólogo agregó que la desconfianza hacia los alcaldes y concejales en Nicaragua se relaciona al “desencanto con todas las instituciones públicas y del sistema político. Básicamente ven a cualquier representante oficial y político como representante del régimen”.
La Ley de Transferencias Municipales se creó con el fin de brindar una “cierta autonomía fiscal a los gobiernos municipales”, pero con el régimen Ortega Murillo, según Expediente Abierto, la “naturaleza de esta asignación presupuestaria cambió a partir de 2013, cuando sufrió una reforma dicha ley”.
“Con dicha reforma se daba discrecionalidad a una comisión dirigida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar la distribución de la asignación a las diferentes alcaldías del país”, recordó el centro de pensamiento.
Caribe Sur castigado
Las 12 alcaldías de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur son las más perjudicadas y al menos 5 de ese territorio, históricamente olvidado por los gobiernos de turno, recibirán un presupuesto menor a los 36 millones de córdobas, es decir, menos de un millón de dólares.
La municipalidad ubicada en la Desembocadura de Río Grande (US$982,722); El Tortuguero (US$972,497.2); La Cruz de Río Grande (US$977,310.2); Muelle de los Bueyes (US$966,040.9) y Paiwás (US$972,222.2) son las más castigadas.
Para “Alicia”, una socióloga habitante de esa zona del país hay un “conflicto grave porque algunas alcaldías deben entregar al Gobierno parte de lo que recaudan, pero lo que se les retribuye es menos”.
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“Hay mucha queja de que los fondos no son distribuidos correctamente en los municipios. Como todos son sandinistas nadie se va a quejar, pero la población se va a resentir porque no hay dinero, y eso significa que van a sacrificar a las alcaldías pequeñas”, añadió “Alicia”.
La socióloga resiente mucho que la alcaldía de Managua se esté llevando la mayor parte de las transferencias municipales.
“No se está traduciendo en obras lo que dan y en Bluefields, por ejemplo, hay un proyecto de aguas servidas y de agua potable que tiene tres administraciones municipales y el proyecto no acaba (…) Managua se está chupando todo ese presupuesto”, puntualizó “Alicia”.
