*Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas registra 145 ataques contra periodistas en 2023 en Honduras, esto supera los 93 casos del año electoral 2021.
**Organización Cattrachas reclama que exista impunidad en mayoría de asesinatos de personas LGTBI+.
Sharon Ardon / Expediente Público
Honduras reprueba en la protección contra grupos de la comunidad LGTBIQ+, defensores de derechos humanos y periodistas, informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante la presentación del informe país, a través de su representante, Isabel Albaladejo Escribano.
“Los desafíos que revela este Informe son enormes. Las causas de las violaciones de derechos humanos en Honduras son estructurales y multicausales”, sostuvo Albaladejo.
El informe abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, fue presentado este martes 19 de marzo en la capital Tegucigalpa, citando los avances y desafíos en la protección y garantía de los derechos fundamentales en Honduras.
Dicho reporte subraya que, a pesar de la vigencia del estado de excepción en parte del país desde el 6 de diciembre de 2022 y su ampliación a los 18 departamentos (provincias), las violaciones de derechos humanos continúan siendo una preocupación.
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La Oficina del Alto Comisionado insta al Gobierno de Honduras a tomar medidas concretas para abordar esta problemática y garantizar el respeto de los derechos humanos.
De la misma manera, el sacerdote Ismael Moreno conocido como “Padre Melo” dijo a Expediente Público, en el contexto de la presentación del informe, que se debe impulsar al Estado a proteger los derechos humanos por medio de la participación ciudadana y la presión social.
Violencia contra mujeres
Según datos oficiales, la tasa de homicidios experimentó una reducción de aproximadamente el 17% en comparación con el año anterior, situándose en 31.14 por cada 100,000 habitantes en 2023, siendo la mayoría de ellos perpetrados con arma de fuego (74.8% de los casos).
Sin embargo, en las muertes violentas de mujeres hubo un alarmante aumento del 24.2 %, alcanzando 380 casos en el mismo período.
A pesar de las restricciones impuestas por el estado de excepción, renovado en ocho ocasiones durante 2023, “se continúan reportando violaciones de derechos fundamentales”.
Este estado de excepción suspende seis derechos, que incluyen la libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, y otorga a las fuerzas de seguridad y defensa la facultad de realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, lo que hace un planteamiento serio de los desafíos que pueden significar para la protección de los derechos humanos en territorio hondureño.
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Comunidad LGBTIQ+ vulnerable
La OACNUDH registró un aumento de los ataques contra defensores de derechos humanos, principalmente contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, y periodistas y miembros de la comunidad LGTBIQ+ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer).
La comunidad LGTBI+ sufrió 499 muertes violentas documentadas desde 2009 hasta 2024, pero sólo 121 casos fueron judicializados.
En 2023, el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas reportó 50 casos de muertes vinculadas a la orientación sexual de la víctima.
Indira Mendoza, directora de Cattrachas expresó a Expediente Público que “los gobiernos no tienen que hacer borrón y cuenta nueva cada vez que termina el 31 de diciembre… es un acumulado de muertes violentas y la mayoría quedan en impunidad”.
Mendoza agregó que desde la organización que lidera ya no se habla de muertes violentas por año, sino por acumulado, es decir, “cuántas van en el gobierno de Xiomara (Castro), cuántos en la narco dictadura, porque no creo que debamos ser cómplices silenciosas de la impunidad”.
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“Van un montón de muertes de personas LGTBI+, y no sólo son un montón, sino que, son nuestras amigas, amigos, amigues que conocemos y nos duele, y nos duele mucho más que queden en impunidad (los asesinos)”, lamentó.
Ante este escenario de impunidad, la OACNUDH recomendó fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar con diligencia casos de violaciones de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBI+.
Deslice para más información
Libertad de prensa amenazada
El organismo señala la persistencia de problemas estructurales y prácticas institucionales que conllevan una indebida restricción del espacio cívico en el país. Todo esto impacta negativamente la labor de defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Según el informe de la OACNUDH, se han registrado al menos 363 ataques dirigidos contra 453 individuos u organizaciones. De estas, 308 están relacionadas con la defensa de los derechos humanos y 145 con el ejercicio del periodismo.
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“Dentro del espectro que ha presentado el Alto Comisionado, la libertad de expresión ha sido la más endeble, la más limitada. Muy mal haría el Gobierno si se cierra en sus posiciones”, dijo a Expediente Público, el sacerdote Moreno Coto.
El padre Melo señala que es fundamental que el Gobierno respete el derecho a la libertad de expresión para no crear un ambiente mayor de imposición y rechazo por parte de la población.
“La libertad de expresión es un criterio para poder evaluar si el Gobierno avanza en democracia, si avanza en derechos humanos o retrocede”, puntualizó.
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Sistema de protección ineficiente
Al aumento del riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, se suma la falta de respuesta y efectividad del Sistema Nacional de Protección (SNP), órgano que cubre a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de Justicia.
“Preocupa la falta de respuesta efectiva del SNP, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección”, subraya la OACNUDH en su reporte.
Entre los desafíos que actualmente enfrenta este mecanismo está la falta de personal, carencia de herramientas técnicas, falta de implementación de medidas de protección y falta de asignación presupuestaria, entre otras.
Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos manifestó a Expediente Público que, para fortalecer este sistema, no basta con el cambio de autoridades, sino que es necesario fortalecerse con la dotación de recursos económicos y personales para impulsar el trabajo del sistema.
Por su parte, Angélica Álvarez, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), quien hace un mes asumió la dirección de la institución, expresó que “vamos dando pasos firmes para poder fortalecer este sistema de protección”. También recomendó presentar sus denuncias a esta instancia.
Mejía aludió a que más allá de la voluntad política que pueda tener la nueva ministra de la SEDH, es necesario que desde el Ejecutivo se le otorguen esos recursos al sistema. “Porque al final, la voluntad política se manifiesta sobre todo a través de los recursos que se les otorgan a las instituciones”, recalcó.
Reflexión colectiva
El acto contó con la representación del Estado a cargo de Rodolfo Pastor, secretario del Despacho de la Presidencia, quien en su discurso aceptó que “es irrefutable el informe, diagnostica de manera muy precisa, muy sincera, muy honesta los problemas que nos han afligido, que nos siguen afligiendo y que nos seguirán afligiendo”.
Pastor, recibió el primer ejemplar impreso del informe y ahondó en la necesidad de reflexionar sobre la grave situación que atraviesa el país. “Un llamado a la reflexión de qué está tan mal en nuestro país que nos hace vivir en una situación tan trágica”, expresó.
Señaló que esa reflexión es importante porque “debemos entender por qué estamos en esa situación para entonces de manera conjunta, colectiva, democrática como sociedad y como nación proponer soluciones y buscar construir esa nueva realidad”.
Recomendaciones al Estado
Además de fortalecer a la SEDH, la OACNUDH insta al Gobierno de Honduras a adoptar políticas y reformas legales que aseguren los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de la violencia de género.
Otra recomendación es promover el espacio cívico y la participación ciudadana, garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Indica también que es esencial garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, con enfoque de género e interseccionalidad en los procesos judiciales. Y manda a adoptar las medidas necesarias para erradicar toda forma de discriminación, con especial atención a la discriminación por motivos de orientación sexual y de género.
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Presión social
“Lo que al gobierno le falta por cumplir en derechos humanos tiene que convertirse desde mi punto de vista en presión social”, reiteró el Padre Melo a Expediente Público aludiendo a la necesidad ejercer una vigilancia ciudadana para asegurar que se respeten y cumplan los derechos de todos los ciudadanos.
“La experiencia nos dice que la institucionalidad de los gobiernos sin presión social, se va a mover a lo sumo como una tortuga, y aquí en Honduras no queremos tortugas, lo que queremos es un movimiento firme acentuado hacia el futuro”, manifestó.
A su vez, el padre ejemplificó que, si se quiere que los derechos de género se cumplan, no basta con que el Gobierno diga que sí los va a cumplir, las organizaciones sociales de todos los sectores deben actuar para que haya cumplimiento.
