*Juicio concluye con veredicto de culpabilidad a Juan Orlando Hernández por traficar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas.
* Hernández podría ser sentenciado a cadena perpetua por cada uno de los cargos.
Expediente Público
Cobertura Especial/ Nueva York
Después de 17 días de iniciar las audiencias y dos de deliberaciones, un jurado neoyorquino declaró culpable de narcotráfico y posesión de armas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH).
La decisión de los 12 miembros del jurado expone al expresidente a ser sentenciado a cadena perpetua. Esa misma condena recibió su hermano Antonio Tony Hernández en 2021.
Juan Orlando Hernández fue la figura política más influyente de Honduras en lo que va del siglo XXI, primero como presidente del Congreso (2010-2014) y luego como Presidente de la República durante dos mandatos (2014-2022).
Sin embargo, su gestión estuvo empañada todo el tiempo por la corrupción, el crimen organizado, la violencia e investigaciones por nexos con el narcotráfico.
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Pruebas hundieron a JOH
Para demostrar los cargos en contra del exmandatario hondureño, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York usó a testigos claves y 3,500 piezas de material.
A último momento la Fiscalía de Nueva York decidió no subir al experto en temas de Honduras, Darío Euraque, que estuvo entre los asistentes, en la banca destinada a los fiscales, durante tres días.
No quisieron subirlo para no someterlo al contra interrogatorio que seguramente se iría a lo político, su supuesta vinculación con el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Defender lo indefendible
El juicio se postergó por última vez por la abogada defensora, Sabrina Shroff, quien optaba por levantar las restricciones impuestas por la Fiscalía para acceder a la información clasificada en el caso de Juan Orlando Hernández.
Shroff argumentó que estas restricciones se aplicaron tardíamente y criticó las “posiciones inconsistentes” de la Fiscalía respecto a la divulgación de la misma, calificando las restricciones de “inaceptables”.
La defensa trató de convencer al jurado que el expresidente Hernández era “un aliado confiable” del Gobierno de Estados Unidos contra el crimen organizado.
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Durante el juicio, aunque no se presentaron pruebas concluyentes como videos o audios, el jurado fue convencido por los testimonios de notorios narcotraficantes que, en busca de beneficios carcelarios, declararon contra Hernández, exponiendo un entramado de corrupción, sobornos, y violencia que implicaba al exmandatario directamente en las operaciones de narcotráfico.
La danza de testigos
El primer testigo de los fiscales el 20 de febrero fue un contador cuyo testimonio salpicó también a los exgobernantes Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya.
José Sánchez, nombre ficticio con el que fue presentado el testigo protegido, un excontador de la empresa arrocera Graneros Nacionales, fue clave en la condena a cadena perpetua más 30 años que recibió el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
A Sánchez le siguió el narcotraficante Alexander Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala, y uno de los principales testigos en el juicio contra “Tony” Hernández.
Ardón dijo que conoció a JOH alrededor de 2009 y que este “impidió que me investigaran. A cambio, le ayudé política y económicamente” y que en una sóla reunión le dió un millón de dólares.
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Reveló que Juan Orlando Hernández traficó cocaína con su hermano «Tony», y que estuvo presente cuando el narcotraficante Joaquín Guzmán, alias el Chapo Guzmán, pagó sobornos a la campaña política del expresidente.
La defensa de Hernández intentó retratarlo como víctima de una venganza por parte de narcotraficantes y asesinos confesos, resaltando las leyes aprobadas durante su administración para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, la fiscalía desmontó esta narrativa, argumentando que la supuesta lucha de Hernández contra la narcoactividad no era más que una fachada para sus operaciones criminales.
Narcolibretas contra Hernández
La semana dos del juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño tuvo momentos claves como el contrainterrogatorio del exagente de la Dirección Nacional de Lucha Contra el narcotráfico (DNLC) de seudónimo Miguel Reynoso, quien el viernes 1 de marzo acreditó la operación que dio captura al fallecido narcotraficante conocido como Magdaleno Meza.
Reynoso realizó la revisión de los vehículos en los que Meza se transportaba en 2018 y fue quien procesó como evidencias las famosas “narco libretas”, que sirvieron de prueba en el juicio a Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano del expresidente Hernández, sentenciado a cadena perpetua más 30 años en octubre de 2019.
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Las maras
En la operación Avalancha en 2015, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) de Honduras interceptó una serie de llamadas entre líderes de la Mara Salvatrucha MS13.
Esas llamadas fueron confirmadas por Andrea Santos (seudónimo de), la expareja de Alexander Mendoza, alias Porky, que emigró a Estados Unidos en 2016 por temor a su vida.
La señora Santos explicó que no era miembro de la Mara Salvatrucha, sin embargo, su condición de novia del líder de la pandilla le permitió estar en varias reuniones en donde se habló de asesinatos, narcotráfico y sobornos a funcionarios policiales.
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Testimonio de El Cachiro
El séptimo día de audiencias contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, la sala del tribunal del Distrito Sur de Nueva York tuvo de testigo a Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias “El Cachiro”, de quien se atribuyen 78 asesinatos, torturas y el tráfico de entre 130 y 150 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.
El Cachiro detalla cómo su organización sobornó a una amplia gama de protectores: políticos, militares, policías, jueces, fiscales y alcaldes, asegurando así la impunidad de sus operaciones.
Específicamente, revela un soborno a Hernández, de 250,000 dólares en 2012, a través Hilda Hernández, hermana del expresidente, buscando protección y contratos gubernamentales para el cartel.
La condena de Hernández resalta la complejidad de las operaciones de narcotráfico que afectan tanto a Estados Unidos como a América Latina, revelando cómo estas redes criminales no solo socavan la seguridad y el estado de derecho en sus propios países sino que también representan una amenaza transnacional, fueron los primeros análisis de expertos y periodistas tras el veredicto.
