*Exgerente para el Caribe del BID, explica por qué los recursos de China resultan atractivos, a pesar, del costo a la institucionalidad de los países acreedores.
** El economista alertó que los fondos chinos no son simples préstamos, sino inversiones con lógica privada, que ponen en riesgo la soberanía de los países receptores.
*** Johnson ve una disyuntiva de los países al tener que elegir entre financiamiento chino rápido o préstamos multilaterales más asequibles, pero con procesos más transparentes y por ende más tardados.
Sharon Ardon / Expediente Público
China presta para proyectos que instituciones multilaterales no otorgaría o daría después de un análisis que podría tardar años, pero la facilidad de estos recursos puede incurrir en sobrendeudamiento, amenazas a la soberanía nacional y riesgo de daño a la institucionalidad.
Así lo pormenorizó Gerard Johnson, economista y exgerente general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Caribe.
“Es mucho más rápido (el financiamiento chino) y se entregan con llave en mano, pero los costos en términos de debilitar las instituciones del país son reales”, alertó el economista de Trinidad y Tobago.
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En el contexto de un encuentro internacional sobre los desafíos que representa China para América Latina organizado por el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Gerard Johnson explicó a Expediente Público las ventajas y riesgos conexos de los préstamos de China.
Soberanía en peligro
Johnson considera que un aspecto particular del financiamiento chino, que a menudo se pasa por alto, es que “no son simplemente préstamos”, sino “inversiones bajo una lógica privada”, y como tales, los bienes de por medio pueden convertirse en propiedad china.
China presta, por ejemplo, para puertos “que son susceptibles a inversión privada (…) y entonces lo que resulta es que esas entidades (chinas) que hacen las inversiones con lógica de inversión privada resultan dueños de la tierra”, explicó.
A su consideración, este es un modelo atractivo a países con deudas altas que no recibirían estos fondos bajo una premisa estrictamente técnica financiera.
Pero a la postre, significa que el dueño del bien es el Gobierno chino, lo que agrega una capa de riesgo a la soberanía del país receptor, ya que cede cierto control, propiedad y recursos a la nación asiática.
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Financiamiento chino en Latinoamérica
Según la Base de Datos de Préstamos Chinos a América Latina y el Caribe, que mantiene el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston y Diálogo Interamericano, los préstamos chinos para el desarrollo en la región han experimentado una recuperación.
En 2022, el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) ejecutaron compromisos por un total de 813 millones de dólares, siendo Brasil, Guayana y Barbados los principales beneficiarios.
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Un artículo del Proyecto Chino Sur-Global sostiene que en Bolivia se prevé el desembolso de un préstamo de 422 millones de dólares para dos refinerías de zinc, mientras que Argentina y Honduras están en conversaciones para un posible financiamiento de energía renovable.
Debilitamiento institucional
Johnson considera que el financiamiento chino, efectivamente, por la forma en que son entregados conlleva un riesgo a la institucionalidad de los países receptores.
Independientemente a si se trata de un régimen autoritario o democrático, el interés estratégico radica en que se puede tener un proyecto a corto plazo, en algunos casos, “hoy o nunca”.
“El país tiene el proyecto y lo tiene más rápido de lo que lo tendrían financiándolo con el Banco Mundial, porque no hay un proceso de licitación”, dijo Johnson.
“El proceso de diseño se hace y es el mismo que financia, es todo mucho más fácil, mucho más rápido y se entrega llave en mano, pero los costos, los costos en términos de no desarrollar o, de vez en cuando, debilitar las instituciones del país, eso sí es real”, admitió.
“Las instituciones débiles nos condenan al subdesarrollo”, manifestó el economista mientras hablaba sobre su experiencia de décadas en el ámbito del desarrollo.
Durante este tiempo, observó cómo países con falta de institucionalidad permiten la infracción de sus normas y reglas.
Por lo que, hizo énfasis en la importancia del respeto a las reglas, subrayando que esto es aplicable independientemente de si el contratista es de China, Estados Unidos o del propio país.
Asimismo, lamentó que las instituciones débiles en su afán de llevar a cabo algunos proyectos representan un costo significativo para el país.
Menos condiciones, sin control
El experto, con experiencia en el Caribe de negociación de préstamos con representantes del gobierno chino, relató que los países en su mayoría prefieren trabajar con el régimen de Pekín, porque este no impone ciertas condiciones ni se enfoca en los controles nacionales del país receptor, sino que meramente se centra en el proyecto.
“Realmente son proyectos tranquilos”, entregan el diseño junto al financiamiento y no reparan en el manejo fiscal del país, ni estudian si su política monetaria es la adecuada para mantener la estabilidad de la moneda, “no entran en esas discusiones”.
Es por eso que los países prefieren acceder a los recursos de China, porque “de entrada es más fácil”. Incluso un país «con un problema fiscal, con una deuda pública exagerada aun así podría acceder a los recursos de China para un proyecto”, sostuvo.
Falta de transparencia
Los controles nacionales como los procesos de adquisición, protección ambiental, de entrega de informes, licitaciones, son requisitos obligatorios de las multinacionales como el BID y el Banco Mundial, no así con China.
En el caso de China, el que presta y el contratista es la misma persona. En el caso de las multilaterales, el que presta el dinero tiene un interés en la eficiencia del contrato, del proyecto.
Para Johnson esto plantea otros riesgos, porque al ser el mismo quien financia y ejecuta el proyecto, se elimina el control mutuo entre ambas instancias, se pueden exagerar costos y manifestar deficiencias en la realización de obras.
Un ejemplo de proyectos inconclusos chinos sería la ruta 32 entre Río Frío y Limón en Costa Rica, país que firmó un acuerdo con China para su expansión en el año 2012, sin embargo, una década después la obra no ha sido culminada debido a un supuesto “desfinanciamiento y mal diseño”.
“Si quien presta y quien ejecuta es la misma persona, ese control natural se pierde y el riesgo que resulta es que, si la misma persona diseña, financia y ejecuta el proyecto, el riesgo de una sobredimensión existe y no es mitigado”, acotó Johnson.
Préstamos chinos más caros y arriesgados
Johnson, al analizar las tasas de interés del BID y China, remarcó que las multilaterales tienen los intereses más bajos, aunque China tiene tasas menores que el sector privado, “han encontrado como un espacio (intermedio) ahí”.
Por otra parte, el BID tiene una calificación triple A, es decir, sin riesgo, también prestan en moneda local. China ofrece préstamos en divisas extranjeras.
Los países, “en su mayoría están sobre endeudados”, por lo que se enfrentan a la disyuntiva de buscar recursos a un costo en divisas con China, aceptando los riesgos que esto conllevan, o acudir al BID con costos más bajos, pero con un proceso más riguroso, por ende, que tardaría más tiempo.
“Nadie está forzando al gobierno a tomar los préstamos. La responsabilidad es de ellos, no son niños, hay gente muy experimentada en los gobiernos. Entonces al final son representantes del pueblo y la responsabilidad es mirar las opciones y hacer lo mejor para el pueblo”, finalizó.
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Competencia injusta
Otra irregularidad que Johnson ha percibido de las firmas chinas es que las contratistas ingresan al país con “equipo y personal calificada y no calificada”, pero que después de terminar la construcción del proyecto se quedan en país con el equipo “sin pagar impuestos”.
A su consideración, las empresas contratistas chinas, al quedarse en el país sin pagar impuestos, generan una especie de competencia desleal con empresas nacionales que sí cumplen con las normativas tanto fiscales como laborales.
Es decir, que se establecen en el país sin generar ganancias al Estado receptor y además se convierten en una competencia “no justa para firmas nacionales que sí pagan impuestos”.
Anudado a eso, el experto tiene “la sensación de que no se respetan las leyes que se aplican a los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios”.
En ese sentido, Johnson aboga por pasar de “sensaciones a mirar estos temas de manera seria”, al tiempo que manifiesta que no debería haber resistencia para “abrir los libros y confirmar sus las normas nacionales se respetan o no”.
