*El actual gobierno tiene muchas de las mismas prácticas que tenía el de Juan Orlando Hernández, afirma coordinador del Observatorio de Política Criminal del CNA, César Espinal.
**Gobierno reacciona y señala que en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) se tiene una “percepción irresponsable” y funcionarios amenazan al capítulo nacional de Transparencia Internacional en el país centroamericano.
***Analistas sostienen que el gobierno no impulsa medidas concretas para controlar el abuso del poder ni la corrupción.
Expediente Público
Honduras no ha logrado mejorar en la lucha contra la corrupción en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien el pasado 27 de enero celebró dos años en el poder, como revela el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, que publica Transparencia Internacional y provocó que altos funcionarios recurrieran a “las amenazas” y el “discurso de odio”.
El informe publicado el 30 de enero otorgó a Honduras una puntuación de 23, el segundo peor evaluado de Centroamérica, siguiendo a Nicaragua.
La calificación, la misma del 2022 y 2021, el primer año de Castro y el último del presidente Juan Orlando Hernández, respectivamente, se basa en una escala de 0 al 100, en la que 100 equivale a “muy limpio” y 0, “altamente corrupto”.
En la clasificación de 80 países que hace el IPC, con base en la percepción del nivel de corrupción en el sector público, Honduras ocupa el lugar 154 y se ubica junto a Guatemala, Azerbaijan e Irak, que también tienen 23 puntos.
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Reacción visceral del gobierno
El resultado generó una reacción de rechazo ya habitual en el gobierno de Castro, que a través de un comunicado de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción solicitó “ante la gravedad del contenido” presentar las fuentes y sus respectivas pruebas.
El gobierno arremetió también contra la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo nacional de Transparencia Internacional, que denunció amenazas de altos funcionarios y discurso de odio.
En un hecho inédito, también la organización Transparencia Internacional emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por las amenazas al espacio cívico en Honduras.
“En lugar de responder redoblando esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la corrupción en el país, el gobierno ha recurrido a difamar a nuestro capítulo nacional y a la metodología del IPC”, respondió la organización que creó ese índice en 1995.
Alegan daño reputacional
La reacción del gobierno de Honduras no es porque se sienta injustamente evaluado, dijo a Expediente Público el analista político Lester Ramírez, sino porque percibe los resultados del IPC como un daño reputacional a su credibilidad política.
“Yo lo que veo en este gobierno (es que) reconoce que la corrupción perjudica la reputación de los gobiernos, pero no reconoce que la corrupción es un daño para el país y para la sociedad”, apuntó Ramírez.
Entonces, “lo que hacen ellos es reaccionar contra el daño reputacional, pero no reaccionan impulsando medidas concretas para controlar el abuso del poder”, continuó.
El IPC pone al gobierno de Castro en una situación complicada, ya que se suma a los datos de baja aprobación presidencial y a situaciones como la celebración de los dos años de la toma de posesión el pasado 27 de enero, que no tuvo la cantidad de gente que esperaban, añadió.
“Afortunadamente la oposición no tiene cabeza, está acéfala, y eso le está brindando a ellos el oxígeno que necesitan”, analizó Ramírez.
Las mismas prácticas
Para el profesional del derecho, el IPC es resultado de la percepción de las fuentes consultadas, sociedad civil, cooperación internacional, entre otras, de que no ha habido realmente un compromiso frontal para luchar contra la corrupción ni para mostrarse como un gobierno íntegro, capaz de controlar el abuso del poder y trabajar en pro de la confianza que el pueblo le ha delegado.
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Enfatizó también que Transparencia Internacional no conceptualiza la corrupción en términos únicamente legalistas, sino de una manera “donde el que tiene una autoridad abusa de ese poder para fines privados, y ahí implica no solamente violación de leyes, sino violaciones de pactos sociales y pactos políticos”.
“El problema es que (en la actual administración) tienen muchas de las mismas prácticas que tenía el gobierno anterior” en el manejo irregular y sesgado de la administración pública y de concentración de poder, lo que trae resultados como el IPC, declaró a Expediente Público el coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal.
Escrutinio internacional
Calificó como “vergonzoso” que el gobierno de Castro “intente no sólo desmeritar, sino que parece que amedrentar, a organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, porque se están viendo realmente evidenciados en que no hay avance en materia de corrupción”.
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Para Espinal no es de atacar ni sentirse ofendido, sino “entender que hay escrutinio” y es normal sobre toda gestión pública, y lo que deberían hacer es “plantearse nuevas rutas para poder darle vuelta a ese tipo de puntajes”, acotó.
A su criterio, el estancamiento de Honduras en el informe de Transparencia Internacional “también es palpable con solo observar el decreciente funcionamiento de la administración pública”.
Estado de derecho
Este año, el IPC 2023 enfatizó sobre el impacto que tiene la falta de independencia del Poder Judicial en la corrupción y la impunidad.
Transparencia Internacional menciona a Honduras entre los países en los que “la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos ilegales, socava la independencia del Poder Judicial”.
Lo anterior, “fomenta la injusticia y la aplicación de la ley en función de los intereses del gobierno de turno y las élites. También garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la posibilidad de recuperar activos robados”, agrega la organización.
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“El análisis que hace Transparencia Internacional de Honduras focaliza especialmente en la captura de la justicia y que eso ha comprometido la lucha contra la corrupción, al menos la narrativa, y hablan de la captura también del Ejecutivo al Congreso Nacional”, resumió Ramírez, para quien la agenda de ese poder del Estado está bajo control del “clan Zelaya”, es decir, el expresidente Manuel Zelaya y su esposa, la presidenta Castro.
Espinal también recordó que el Congreso Nacional ha dejado mucho qué desear al anteponer los intereses de grupos políticos en elecciones de segundo grado, como la del fiscal general, elegido interinamente por una Comisión Permanente integrada por 9 diputados y no por el pleno con los 86 votos que manda la Ley del Ministerio Público.
Alerta sobre Honduras
En ese contexto de captura de la justicia, el CNA se pronunció el 29 de enero sobre la supuesta pretensión de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia para evitar que el próximo 17 de febrero se cumplan las rotaciones en la presidencia de la Sala Constitucional y las coordinaciones de las salas Penal, Laboral y Civil.
De los cuatro titulares de esas salas, tres son afines al partido Libre, incluyendo la Sala Constitucional, que es el intérprete último y definitivo de la Constitución.
Aunque los votos en las salas se hacen por unanimidad, el presidente o coordinador es el que maneja la agenda de los casos y los expedientes que se asignan.
“Ahí le falta una pieza al clan Zelaya que deben llegar a controlar y eso tiene que ver con asuntos de siempre, ese fantasma de la Constituyente, el tema de extradiciones (…), incluso también acciones judiciales contra críticos, oponentes, disidentes políticos, medios de comunicación”, detalló Ramírez.
La presidenta de la Corte, Raquel Obando, rechazó que fueran ciertos los rumores.
“Esperamos que se mantenga de esa manera”, dijo Espinal, quien recordó que al inicio de la nueva Corte hubo un intento de hacer una reforma orientada a “establecer la continuidad de estas personas en los cargos”, pero la medida no tuvo el apoyo necesario.
El rol de la CICIH
Los resultados del IPC llegan también en momentos en que el gobierno de Castro se apresta a iniciar una ronda de negociaciones con las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Para Ramírez, el rol fundamental que puede tener la CICIH es el de “alinear” a jueces y fiscales para que hagan investigaciones independientes y que investiguen a quien sea.
“Para mí es el verdadero riesgo de la CICIH y el por qué se sienten amenazados” de impulsar su aprobación, apuntó Ramírez, quien recordó que la ya extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) puso al sistema de justicia, capturado entonces por Hernández, en una situación muy compleja que el actual gobierno no quiere repetir.
