* La orden de captura contra Rubén Ignacio Zamora, exdiplomático y político salvadoreño, genera inquietud entre los críticos de Nayib Bukele en El Salvador.
**La jueza que lleva el caso de la masacre de El Mozote incluyó a Zamora al vincularlo en la causa por la ley de amnistía, pero el político no firmó ese decreto legislativo.
Eric Lemus / Expediente Público
La emisión de una orden de captura en contra del político Rubén Ignacio Zamora, una de las pocas voces críticas contra el gobierno de Nayib Bukele, elevó las alertas sobre el uso del sistema judicial en El Salvador como herramienta de persecución política en el contexto de las elecciones generales en ese país.
La jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz emitió la orden de captura el 22 de diciembre de 2023 argumentado que Zamora, de 81 años, encubrió a los autores de la peor masacre contra civiles en El Salvador porque él integró la junta directiva de la Asamblea Legislativa que aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
Sin embargo, el Decreto Legislativo, que fue aprobado el 22 de marzo de 1993, no fue rubricado por Zamora, quien rechazó la iniciativa enviada por el entonces presidente Alfredo Cristiani.
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Cristiani, que firmó los acuerdos de paz junto con la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para concluir la guerra civil, fue quien solicitó la aprobación de la ley que promovió el perdón y olvido sin esclarecer los crímenes de guerra.
El expresidente también es solicitado penalmente por la jueza Portillo; pero Cristiani abandonó El Salvador hace más de un año junto a su esposa e hija.
EE.UU. alerta
La difusión de la orden de arresto, que no ha sido ejecutada, intranquilizó a la comunidad diplomática con representación en este país centroamericano.
La embajada de EE. UU. emitió un comunicado en el que externa la posición oficial de la administración de Joe Biden respecto al tema.
“El gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la decisión tomada el pasado 22 de diciembre por un tribunal de instrucción de emitir órdenes de arresto contra exdiputados miembros (de la junta directiva legislativa): Rubén Ignacio Zamora Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, Raúl Antonio Peña Flores y Raúl Manuel Somoza Alfaro, así como contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani”, publicó la sede diplomática.
“La masacre de El Mozote ocurrió en diciembre de 1981, cuando las fuerzas militares asesinaron aproximadamente a 1,000 pobladores, entre ellos mujeres y niños. Las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años. Lamentablemente, esta sentencia no ayuda a ese objetivo”, reza el texto.
La jueza Portillo argumenta que quienes aprobaron la Ley de Amnistía de 1993 son responsables de proteger a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Pero la orden de captura fue selectiva y no incluyó, a algunos diputados directivos que sí firmaron.
Tierra arrasada
Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl, realizaron una operación de tierra arrasada contra la población civil del noreste del departamento de Morazán.
Cerca de mil civiles, entre ellos 553 niños y 12 mujeres embarazadas, a quienes los soldados les extrajeron los bebés, fueron víctimas de una orgía sanguinaria que no tiene paralelo en la segunda mitad del siglo XX.
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42 años después del aniquilamiento de civiles ningún militar ha sido condenado hasta la fecha, sino que el Gobierno de Bukele opta por medidas que ralentizan el proceso judicial.
Por ejemplo, a fines de septiembre de 2021, el órgano judicial prescindió del juez de instrucción Jorge Guzmán, que estuvo investigando el caso. Cuando empezó las vistas públicas, la Corte Suprema nombró a Mirtala Portillo.
Rechazo unánime
El anuncio de detención de Zamora, que fue difundido a pocos días de Nochebuena, recibió el rechazo uniforme de las organizaciones de la sociedad civil que anticipan una motivación política en lugar de una decisión apegada a derecho.
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) envió un mensaje de solidaridad a Zamora y opinó que la decisión judicial “es una forma de silenciar su voz y participación política porque él ha sido valiente en señalar en este período el autoritarismo”.
Por su parte, la abogada Bessy Ríos, en un encuentro con la prensa donde estuvo Expediente Público, fue más aguda y observó que la decisión judicial envía un mensaje a los futuros legisladores.
El anuncio, difundido a pocos días de Nochebuena, recibió el rechazo uniforme de las organizaciones de la sociedad civil que anticipan una motivación política en lugar de una decisión apegada a derecho.
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De acuerdo a la Constitución de la república, los diputados gozan de fuero legislativo y no pueden ser juzgados a posterior por las leyes aprobadas durante la legislatura en la que sirvieron, recuerda Ríos.
“¿Por qué salió la ley de amnistía? Pues porque la jefatura del ejército de la época sabía que venía el informe de la Comisión de la Verdad y entre los casos estaba El Mozote”, recuerda la abogada.
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Invocar cumplimiento de la ley
Sin embargo, el caso Zamora también surge en una coyuntura donde Bukele busca la reelección presidencial continua, aunque la ley tiene al menos seis advertencias que lo prohíben.
De hecho, la emisión judicial contra el político octogenario estuvo precedida de una declaración donde el ahora acusado recordó que el artículo 75 de la Carta Magna advierte que “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin” pierden “los derechos de ciudadanía”.
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Ronald Umaña, exsecretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), también recordó a Expediente Público que el artículo 87 invoca el derecho a la insurrección cuando se debe restablecer el orden constitucional alterado.
Borrar historia de opositores
La querella también es difundida cuando El Salvador está a punto de cumplir el 32° aniversario del fin de la guerra civil gracias a un acuerdo de paz suscrito en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992.
Bukele anuló la celebración hace dos años y califica el documento como una “farsa” porque fue “negociación entre dos cúpulas”.
En esa tónica, el mandatario ordenó destruir el Monumento a la Reconciliación que fue inaugurado por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén en 2017 para recordar el fin del conflicto.
La comunicóloga Claudia Meyer destaca que “derribar este monumento, precisamente en el mes de enero, es una narrativa poderosa”.
“Influye directamente en la transmisión de la historia y en cómo se percibe por parte de la ciudadanía. Ya los acuerdos de paz se han llamado previamente desde el oficialismo como una ‘farsa”, recuerda a Expediente Público.
El exministro de Justicia, René Hernández, que fungió durante el Gobierno de Cristiani (1989-1994), fustigó el proceso llevado a cabo en el caso El Mozote.
“Si bien Rubén Zamora estuvo en la directiva de la Asamblea (…) no tiene responsabilidad alguna. No solo no firmó (sino que), no estuvo presente en la plenaria. Se retiró (en protesta) cuando se iba a discutir esa amnistía porque no le parecía el texto de la ley”, declaró con vehemencia.
