*La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018, también conocida como Nica Act podría ser renovada en el Congreso de Estados Unidos antes del receso por las fiestas de fin de año.
**El Congreso analiza reautorizar la Nica Act con enmiendas que apunten a sanciones más específicas, que incluya a instituciones como el Ejército de Nicaragua.
**La administración estadounidense aún dispondría de la Ley Renacer de no reautorizarse la Nica Act, según analistas consultados por Expediente Público.
Expediente Público
Aunque el 31 de diciembre vence el plazo de aplicación de la “Nica Act”, vigente desde el 20 de diciembre de 2018, dentro del Congreso de los Estados Unidos existe interés para “reautorizar” la ley, dijo a Expediente Público Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center.
“Hay intentos por extenderla, hay intentos para fortalecerla. Creo que va a depender de si se logra un acuerdo de cómo proceder, especialmente en el Senado”, indicó Olson.
En los esfuerzos por “renovar la Nica Act”, según Olson, «se han incluido nuevos temas» para seguir presionando al régimen.
“Yo no puedo decir finalmente cómo quedaría eso, porque está en conversaciones y negociaciones, pero sí me costa que están considerándose varios asuntos nuevos” para acoplarse al contexto actual, señaló.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua presentada primero en el Senado se aprobó en 2018 como Ley Nicaragüense de Condicionalidad de las Inversiones (NICA) y el entonces presidente Donald Trump la promulgó el 20 de diciembre de ese mismo año.
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La ley busca frenar los abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las violaciones a los derechos humanos y el retroceso democrático en Nicaragua.
“No puedo decir qué va a suceder (en el Congreso), pero me consta que hay esfuerzos entre algunos senadores para ampliar la Nica Act”, enfatizó Olson.
Las sesiones del Congreso terminan oficialmente el 20 de diciembre. Sin embargo, el Senado se mantiene en sesión esta semana para negociar un paquete de normas sobre seguridad fronteriza y votar una solicitud de financiación suplementaria a Ucrania.
De no lograr abordar el tema antes del receso podrían hacerlo en 2024, afirma Olson.
Diáspora gestiona
Rosalía Miller, miembro de Plataforma de Unidad por la Democracia, manifestó a Expediente Público que siguen cabildeando en Washington para lograr que el Congreso apruebe una extensión de la Nica Act.
“Hay gente (en Estados Unidos) que le importa la situación (de Nicaragua). No hubo el movimiento que esperábamos de la Nica Act y el Gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba más herramientas y por eso se creó la Ley Renacer, pero muchas cosas no se han cumplido”, dijo Miller.
Según Miller, si el Congreso no reautoriza la Nica Act, Estados Unidos tiene a disposición la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones de la Forma Electoral de 2021, también conocida como Ley Renacer.
La Ley Renacer enfatiza el apoyo del Congreso para revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
Mira sobre el Ejército
La activista Damaris Rostrán, coordinadora de la Mesa de Trabajo de la Diáspora en New Jersey-Nueva York, explicó a Expediente Público que se trabaja en una propuesta para actualizar las sanciones individuales y las dirigidas a instituciones como el Ejército de Nicaragua.
“Esa es la propuesta, porque cada día está más clara la participación del Ejército con respecto a apoyar la dictadura”, señaló Rostrán.
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En 2020, el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, fue sancionado, pero de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 denominada “Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.
Julio César Rodríguez Balladares, Bayardo Pulido y Bayardo Ramón Rodríguez son los otros mandos de las fuerzas armadas que, bajo la misma orden ejecutiva, fueron designadas por las graves violaciones de derechos humanos.
“Una de las cosas que como diáspora hemos logrado es asegurar que tanto republicanos como demócratas en el Congreso, nos aprueben la Nica Act y la Renacer con más del 90 por ciento y eso en la política de Estados Unidos es un gran logro”, enfatizó Rostrán.
¿Qué es la Nica Act?
La excongresista Ileana Ros-Lehtinen introdujo la Nica Act por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos en septiembre 2016, pero la iniciativa no prosperó ese año.
En abril de 2017, un grupo de 25 senadores presentó nuevamente la ley, pero no prosperó sino hasta el 2018, el año de las protestas cívicas. El régimen calificó la acción como una “propuesta, ciega, sorda, e irracional”.
La Nica Act propuesta por los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez, junto con los representantes Ileana Ros-Lehtinen (ya retirada) y Albio Sires, sanciona a funcionarios y condiciona los desembolsos de préstamos internacionales al régimen nicaragüense por las violaciones de derechos humanos y su agresión al orden democrático.
Aplicación a medias
La crisis sociopolítica en Nicaragua que comenzó por una reforma a la Seguridad Social del país en 2018 desencadenó una serie de protestas que el régimen reprimió con la Policía y los paramilitares que dejó 355 personas asesinadas.
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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; la exministra de salud, Sonia Castro; y los comisionados de la Policía Nacional, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Valle Valle son los funcionarios sancionados.
En el marco de la Nica Act, Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones usadas para reprimir las protestas y fabricar los casos penales contra los presos políticos.
Sanciones débiles
Al día de hoy, los nombres de individuos y las instituciones sancionadas aparecen registradas en el sitio oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que administra y hace cumplir los programas de sanciones.
Roberto Bendaña, vicepresidente de la plataforma opositora nicaragüense Iniciativa por el Cambio, coincidió con Miller y considera que la administración estadounidense no aplicó con “rigor” la Nica Act.
“Pienso que el Ejecutivo, desde el punto de vista de la política exterior de la diplomacia, no está actuando con el rigor que lo desean los políticos del Congreso de Estados Unidos y los nicaragüenses”, dijo Bendaña.
Bendaña coincide que el Gobierno de Estaos Unidos tiene a disposición la Ley Renacer y debe “aplicar las sanciones” contenidas en esa legislación.
“Ambas leyes demuestran la voluntad política de los legisladores, pero vemos que el Ejecutivo no está actuando en la misma dirección (…) Cualquier gestión frente al Congreso es bienvenido con las sanciones, pero mientras no haya voluntad política del Ejecutivo quedaría en papel mojado”, afirma Bendaña.
Para Miller existen otras realidades internacionales como la guerra en Ucrania y actualmente el conflicto israelí-palestino que desvían la atención de Estados Unidos hacia Nicaragua.
“Ha habido una timidez y una falta de atención de los Estados Unidos que está distraído por asuntos de Ucrania y ahora lo que pasa en Palestina”, refirió Miller.
Urge mejor implementación
A la fecha, en Nicaragua persisten las violaciones de derechos humanos y continúa la práctica de detenciones arbitrarias, expulsiones de ciudadanos y persecución contra líderes, sobre todo religiosos católicos.
Olson reconoce que la Nica Act no se aplicó con todo el rigor al régimen.
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“Todos estamos conscientes que no fue posible, pero no quiere decir que no sea un instrumento o una herramienta muy valiosa, por eso digo que hay un esfuerzo de renovarlo o en el vocabulario del Congreso reautorizarlo para que se extienda otro periodo y no caduque”, insistió Olson.
Durante una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, realizada el 30 de noviembre, Deborah Ullmer, directora del programa para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI) planteó a los congresistas que la administración del presidente Joe Biden debería sancionar a sectores que refuercen los intereses económicos del régimen nicaragüense.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) y los bancos privados que tienen sucursales en Estados Unidos, deberían entrar en la lista de instituciones sancionadas, plantea Ullmer.
Senadores mantienen presión contra Ortega
A lo largo de su implementación, la Nica Act autorizó a la administración estadounidense emitir restricciones de visa y congelar cualquier activo en poder de los Estados Unidos de personas o instituciones nicaragüenses responsables de las violaciones de derechos humanos.
Olson cree que antes que finalice el año habrá avances en el Congreso de los Estados Unidos, donde se busca “fortalecer la ley” para haya mayor “rigor en su implementación”.
Según Bendaña, desde Iniciativa por el Cambio también realizan gestiones en Europa para presionar al régimen Ortega Murillo.
“Queremos que vean que es una necesidad sancionar al régimen ilegítimo, pero desde una forma multilateral”, precisó el opositor nicaragüense.
El traspié con el senador Menéndez
En todo este camino de la Nica Act, el senador demócrata Bob Menéndez, quien presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, jugó un protagonismo importante en la solicitud de sanciones selectivas contra funcionarios del régimen en Nicaragua.
En la actualidad, el representante de Nueva Jersey se encuentra limitado de seguir impulsando la Nica Act, debido a que junto a su esposa Nadine Arslanian Menéndez, enfrenta una imputación por delitos de corrupción y se le acusa de recibir sobornos en efectivo.
Esta situación, según Olson, afecta desde la perspectiva “política” en Estados Unidos, pero no cree frene los esfuerzos de la administración Joe Biden.
“El senador Menéndez fue una voz muy fuerte y ya no está presente por su situación política y personal, pero hay otros senadores que están tomando la batuta en esto y lo están trabajando”, apuntó Olson.
La propuesta Rubio-Kaine
El 8 de junio de 2023, el republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron una iniciativa bipartidista para extender las sanciones al régimen Ortega Murillo hasta el 31 de 2028.
Según la iniciativa, el proyecto de ley propone una fusión de la Nica Act de 2018 y la Ley Renacer de 2021 para establecer sanciones y otras presiones internacionales en contra del régimen.
“De ninguna forma queremos retroceder, todo lo contrario, queremos que se amplíe, se mejore y se sancionen a más personas e instituciones como el Ejército específicamente. Esperamos que las leyes no den tanto espacio para interpretación a no cumplirla”, manifestó Bendaña.
El centro de pensamiento Expediente Abierto en el análisis “Nica Act y Renacer: Análisis de las sanciones de EE. UU en respuesta a los abusos de DD. HH en Nicaragua”, expone que el Congreso “puede decidir renovarla o revisarla”.
A junio de 2023, el Departamento del Tesoro sancionó a 46 personas y 11 entidades de Nicaragua, incluyendo a Murillo vicepresidenta Rosario Murillo, cuatro de los hijos de Ortega-Murillo y altos funcionarios del régimen.
La administración Biden también recortó la cuota de azúcar de Nicaragua en julio de 2022 y sancionó las exportaciones de oro de Nicaragua a los Estados Unidos.
