** Publicamos la tercera entrega de la investigación Los narcomilitares nunca se fueron de Honduras. El vínculo del coronel Elías Melgar con los crímenes en el Bajo Aguán.
Diseño de investigación: Jared Olson, Estados Unidos | Wendy Funes, Honduras | Héctor Silva, El Salvador | *Reporteo y redacción: Wendy Funes y Jared Olson | *Edición: Héctor Silva Ávalos |Esta es una investigación transnacional pues hubo reuniones con diversas fuentes en diferentes países entre marzo y diciembre de 2023.
Un trabajo difundido por Expediente Público / Infobae, Argentina | Prensa Comunitaria, Guatemala | Criterio.hn, Reportar sin Miedo, Diario en Altavoz, Contracorriente, Honduras
Un reportaje de Reporteros de Investigación*
En una mañana luminosa y soleada del 20 de enero pasado, varios meses antes de los sucesos en Támara, en un funeral en un cementerio en las afueras de Tocoa, Natalie Roque, la ministra de Derechos Humanos del gobierno de Xiomara Castro, tomó el micrófono para ofrecer algunas palabras de condolencia.
Fueron días complicados en el Bajo Aguán, una de las zonas más golpeadas en Honduras por ejecuciones extrajudiciales.
El coronel Elías Melgar es, a pesar de los señalamientos que pesan en su contra, miembro activo del consejo gubernamental formado por el gobierno de Xiomara Castro para dar seguimiento a decenas de asesinatos perpetrados por sicarios y escuadrones de la muerte.
La investigación de The Intercept ya mencionada reveló, precisamente, que Melgar y compañías relacionadas con él han estado ligadas de forma directa con estos hechos.
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Asesinato en el Bajo Aguán
“El gobierno de Xiomara condena activamente estos asesinatos”, dijo Roque con una voz fina; leía un documento en su teléfono mientras un asistente sostenía un paraguas sobre ella mientras todos sudaban bajo un sol opresivo.
El asesinato por el que la funcionaria se lamentaba es el de Omar Cruz, un defensor de la tierra y presidente de la Cooperativa Los Laureles, un grupo de campesinos que ocupa una finca palmera del mismo nombre, la cual había sido tomada por un consorcio llamado Corporación Dinant desde abril de 2021.
Durante los 18 meses que siguieron a esa toma, a los campesinos de Los Laureles les llegaron amenazas; denunciaron también espionaje con drones, intentos de infiltración en su movimiento, incursiones en la finca de policías encapuchados y guardias privados y arrestos arbitrarios entre otros intentos de criminalización.
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Denuncia contra Corporación Dinant
El 11 de enero de este año, Cruz fue al Ministerio Público a denunciar una escalada de amenazas que atribuyó a la Corporación Dinant, la cual, según él, financiaba un supuesto escuadrón de sicarios radicado en un pueblo cercano donde, el 21 de diciembre de 2022, apareció el cuerpo de otro defensor de tierra, Mauricio Esquivel, miembro de una cooperativa que también tenía conflicto con Corporación Dinant. El grupo de sicarios, denunció Cruz, se llamaba “Los Cachos” y abiertamente nombró a Mauricio Facussé como “actor y cómplice” en su creación.
Una semana después, el 18 de enero, Omar Cruz y su suegro, Sandy Martínez, fueron asesinados. Los mató una ráfaga de metralla a unas cuadras de la entrada de la finca Laureles.
En el funeral de Cruz, antes de que terminaran los discursos, una mezcla amarga de recuerdos personales y proclamaciones políticas de lucha por la tierra, el padre del fallecido interrumpió las palabras de Natalia Roque, la funcionaria de Xiomara Castro: “¡Ni imaginan un dolor de un padre de perder su hijo!”, grita mientras sube al borde del ataúd y levanta, en un gesto triste e inútil de derrota, su sombrero en el aire.
El rastro en Bajo Aguán
Las hermanas y la esposa de Cruz también gritan. Otros dan sus últimos adioses. Finalmente, unos hombres cubren el féretro para siempre con cemento. La multitud se dispersa. Reporteros de Investigación se acerca a Roque en busca de una entrevista sobre el coronel retirado Elías Melgar Urbina.
– “¿Usted ha trabajado con Elías Melgar?”
Melgar ha ocupado varios sombreros en el gobierno de Xiomara Castro. No solo ha sido viceministro de Defensa, una asignación que nadie en la presidencia ha desmentido con claridad hasta la fecha, y el segundo al mando de las fuerzas armadas, también trabaja como representante del ejército en el Mecanismo de Protección, como parte de la Comisión de Derechos Humanos, según un documento de Agosto 2022 de la Corte Interamericana, testimonios recogidos, y las propias palabras de Melgar. En esa comisión también trabaja Natalia Roque.
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– “Sí, lo conozco”, responde Roque.
En el Bajo Aguán, de hecho, hay mucha gente que conoce al que fue, por dos años, viceministro de Defensa hasta hace 72 horas.
Crímenes en Bajo Aguán
Aquí, en las fincas palmeras de Colón, coinciden dos fenómenos: el sicariato, los asesinatos de defensores de tierra y agua en oposición a empresas extractivistas, y narcotráfico de gran escala.
Las fuerzas armadas y la élite terrateniente han estado involucradas en ambas por años.
La gente del Aguán no necesariamente recuerda a Melgar como una figura asociada a la “Refundación” del gobierno de Castro, sino como el dueño de una empresa de seguridad privada que, en la práctica, funcionaba como un equipo de sicarios, formado por exmilitares profesionales, que trabajaron a la par de uniformados activos del 15to Batallón y que asesinaron a decenas de campesino en la zona, que torturaron, violaron y desaparecieron a sus víctimas. Esos escuadrones de la muerte han sido condenados a nivel internacional, entre otros por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Los recuerdos sobre Melgar y los suyos han vuelto con fuerza, sobre todo porque los asesinatos en el Bajo Aguán han aumentado otra vez.
Le insistimos a Natalia Roque, la funcionaria del gobierno Castro que trabaja con el coronel Melgar Urbina en el Mecanismo de Protección.
¿Ha escuchado sobre el récord de Melgar en la zona? ¿Sobre los asesinatos y desapariciones? El cuestionario es largo: según documentos entregados por fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York, Melgar también formó parte de una clica de militares de alto rango que proporcionó chalecos, armas y protección al narcotraficante Giovanny Fuentes.
Y está, también, la pregunta por la supuesta complicidad del militar en la masacre de Támara, la que provocó una renuncia falsa.
Roque contesta, escueta, mientras, cerca de ella, se escuchan los últimos sonidos del funeral de Omar Cruz:
– “Pues me han dicho ciertas cosas… Pero no. No estoy segura”.
El grupo Orión y la Corporación Dinant
Wendy Castro se sorprende ante la noticia de que el coronel Elías Melgar Urbina forma parte del grupo estatal supuesto a velar por los derechos humanos de los habitantes en el Bajo Aguán: “No está bien que lo integre: él ha sido mencionado en varias partes con grupos criminales que operan en la zona… él ha integrado grupos criminales en el Bajo Aguán que se dedican a intimidar a matar defensores de derechos humanos”, dice esta activista agraria.
Castro fue al Mecanismo en febrero de 2023 a denunciar persecución y acoso, pero no ha tenido repuesta. “Hicieron levantamiento de incidencias… No han dado ni una resolución sobre eso. Dicen que no hay respuesta porque no hay presupuesto, no solo por mi caso sino por un sinnúmero de compañeros de las cooperativas que están en alto riesgo por la lucha en la defensa de los derechos humanos frente a los agroindustriales”, cuenta Castro.
Y, ocho meses de haber puesto su denuncia y tras saber que el coronel Melgar es parte del mecanismo, se pregunta: “¿Qué derechos humanos a defender él si él está a favor de los grupos criminales?”
El Bajo Aguán, la zona de influencia de la cuenca del Río Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario histórico de conflictividad social entre los campesinos e indígenas que habitan la tierra y los empresarios y terratenientes que la han explotado, sobre todo a través de la palma africana.
La riqueza del Bajo Aguán
Rica en recursos agrícolas y minerales, esta parte del país ha visto centenares de hechos de sangre provocados por esa conflictividad social. En tiempo recientes, la violencia recrudeció desde el golpe de Estado de 2009 y vio agregarse a un nuevo protagonista: el narcotráfico.
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Después del golpe empezó una especie de guerra sucia. Unos 8,000 militares llegaron a la zona luego de que campesinos retomaron las fincas que, reclamaban, los agroindustriales les habían arrebatado.
Las masacres empezaron a ser noticia frecuente. Al lado de los uniformados estaban siempre ejércitos de guardias privados.
Una de las empresas particulares de seguridad más grandes entonces era Orión, contratada para vigilar las finas de la Corporación Dinant, uno de los monstruos agroindustriales del Aguán.
La conexión con el coronel Elías Melgar
Orión, de acuerdo con documentos en poder de esta investigación, está registrada a nombre de familiares del coronel Elías Melgar Urbina, quien ya en público ha reconocido que fue jefe de operaciones y jefe de inteligencia de Orión.
Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, dice que las últimas décadas han estado llenas de momentos difíciles.
“El golpe de Estado se da precisamente en una coyuntura donde empezaba a haber una apertura para los empobrecidos de este país… había pequeñas luces, pues para que iniciara la devolución de los derechos violentados. A los grupos oscuros, fácticos, agroindustriales, empresariales, eso no les pareció y fraguaron el golpe de Estado y la confabulación con altos mandos policiales y militares”, dice Rivas.
El dirigente coincide con Wendy Castro y otros líderes campesinos entrevistados en que, durante el golpe de Estado, Elías Melgar era coronel en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y que fue él uno de los que participó, primero en el ejército, en la represión que siguió a la toma de fincas. Muy pronto, Melgar también empezó a comandar ejércitos privados.
“Tuvimos información también de que el señor Elías Melgar lideraba la empresa de seguridad Orión que estaba al servicio de Corporación Dinant. Él, pues, daba órdenes en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y también daba órdenes en la empresa de seguridad Orión, que era propiedad de un pariente suyo, pero él era el quien daba las órdenes. Quienes daban las órdenes a los sicarios se sentían poderosos, con total impunidad y con protección desde el poder de Elías Melgar”, dice el líder campesino.
Aumenta violencia en Bajo Aguán
Por eso la sorpresa de Rivas, como la de Wendy Castro, cuando Melgar apareció el 9 de febrero de 2022, ya en el gobierno de Xiomara Castro, como parte de una comisión de ministros que llegó al Bajo Aguán a discutir la conflictividad en la zona.
“Fue de mucha preocupación… Aparece el señor Elías Melgar… Tuvimos la reunión con muchos temores y miedos sabiendo que alguien que ha estado vinculado con asuntos violentos para favorecer a corporación Dinant”.
Los liderazgos campesinos del Bajo Aguán entrevistados para esta investigación coinciden en que Melgar “está influyendo” en la estrategia de violencia en la zona, “al igual que en la estrategia pues de violencia que se ha generado a nivel del interior de las cárceles”.
En una investigación publicada en agosto pasado, el medio estadounidense The Intercept reveló que Elías Melgar es dueño, a través de testaferros, de una empresa de seguridad privada, Orión, que ha funcionado como un servicio de sicarios profesionales con entrenamiento militar.
Consorcio de seguridad de Melgar
Este reportaje de Reporteros de Investigación va más allá: como lo denuncian las fuentes consultadas, lo que Melgar ha manejado es un consorcio de seguridad privada que es, en realidad, una firma de mercenarios que ofrece servicios de sicariato y ha estado involucrada, desde hace años, en crímenes de lesa humanidad.
Armados con ametralladoras y rifles automáticos, agentes de Orión, muchos de ellos ex-militares, patrullaban en fincas industriales y puestos de control viales en colaboración con tropas activoa del 15to Batallón del ejército hondureño, en el Bajo Aguán, donde Melgar estuvo como jefe de inteligencia militar desde aproximadamente 2009 hasta 2014.
Miembros de movimientos campesino, tres periodistas que huyeron de la zona y un exabogado confirman la presencia de Melgar en la zona, además de registros públicos de diversos medios de comunicación hondureños.
Esas fuentes confirmaron que el coronel Melgar dirigía con frecuencia patrullajes y retenes formados por miembros del ejército y de los guardias privados de Orión.
Los asesinatos del escuadrón Orión
Muchas veces, según uno de estos testimonios, Melgar viajaba en un todoterreno Mazda marcado con el logo de Orión, la cual el coronel también lucía en su uniforme militar. A lo largo de esos años, agentes de Orión sistemáticamente asesinaron por lo menos 40 miembros del movimiento campesinos a sangre fría.
No eran choques en confrontaciones en igualdad de condiciones, como ahora sugieren empresas palmeras y algunos medios.
El informe más completo que documenta la violencia de esa época, de Rights Action, establece que se trataba más bien de asesinatos selectivos y sistemáticos por parte de guardias en colusión con militares: víctimas emboscadas en calles solitarias, masacradas sin previo aviso, desaparecidos dentro de fincas que controlaban las guardias: “Soldados del 15to Batallón… y las fuerzas de seguridad privadas,” escribe la autora del informe, la reconocida investigadora estadounidense Annie Bird, “principalmente de la corporación de seguridad de Orión… han sido identificadas sistemáticamente como iniciadores de actos de violencia contra los movimientos campesinos en un lapso de tiempo que coincide con la ejecución de docenas de ejecuciones al estilo de escuadrones de la muerte.”
Esto coincide con el reporte de Human Rights Watch titulado “No hay investigaciones aquí”, que no identifica Orión por nombre pero describe asesinatos a manos de guardias privados de empresas palmeras.
Sicariato
La mayoría de los asesinatos donde hubo sobrevivientes que presenciaron el crimen fueron ejecutados por sicarios con indumentaria militar o uniformes de guardias. Ya por 2014, había por lo menos 100 muertos a raíz de la conflictividad de tierra, unos 40 de los cuales se atribuyeron a guardias de Orión. Casi todos los asesinatos han quedado impunes.
Una de las peores masacres atribuidas a Orión es la de la finca El Tumbador. El 15 de noviembre de 2010, cinco campesinos fueron asesinados cuando guardias de Orión, acompañados por soldados del 15to Batallón, emboscaron a miembros de una cooperativa campesina en esa finca, en el extremo oriental del Aguán.
“Nos emboscaron, nos estaban esperando”, cuenta Francisco Ramírez, sobreviviente de la masacre, mientras señala su rostro, desfigurado por una bala. “Me quitó todos los dientes superiores.”
Las acciones de Orión atrajeron incluso condenas internacionales. En 2013, un grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios identificó a Orión como uno de los principales violadores de derechos humanos.
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“El grupo de trabajo se vio profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en el asesinato, desaparición, desalojo forzado e incluso violencia sexual a la que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y el ejército”, dice el informe.
El préstamo del Banco Mundial
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Las acusaciones de violencia a manos de guardias de Orión provocaron una auditoría interna en el Banco Mundial, que en 2009 aprobó un préstamo de US$ 30 millones a Corporación Dinant para desarrollar sus fincas.
El primer informe, publicado en enero de 2014, fue considerado por la ONG Británica Oxfam como “uno de los más condenatorios jamás emitidos por el organismo de control interno del Banco”.
Una de las conclusiones fue que “la violencia contra los agricultores en las plantaciones de Dinant y sus alrededores ocurrió debido al uso inapropiado de las fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o la influencia de Dinant”. Dinant se vio obligado a dejar de contratar a Orión y a desarmar a sus guardias.
Cambiaron nombre para mantener a Orión
Pero ni Orión ni Melgar se dieron por vencido. Registros de propiedad y comerciales revisados para esta investigación dan cuenta de que se idearon dos estrategias para mantener activa la empresa, que sigue funcionando hasta la fecha.
Lo primero fue cambiar el nombre. El único empleado de Orión condenado por homicidio, Rigoberto Rodríguez Tomé, fue descrito en 2016 por el Ministerio Público como jefe de seguridad de la empresa.
La solicitud de la Fiscalía para una sentencia de culpabilidad describe la escena, basada en testimonios de sobrevivientes, del doble homicidio en noviembre de 2011, donde Rodríguez Tomé fue descrito como alguien que vestía el uniforme de Orión mientras conducía un pick up con logos de la compañía.
Sin embargo, constancias de trabajo entregadas a la corte que ahora se encuentran en el expediente del condenado lo describen como jefe de seguridad “Sión”; también hay descripciones de las responsabilidades de Rodríguez Tomé: hacer patrullajes armados a la par de la empresa palmera ACEYDESA, que se corresponden con la escena del doble homicidio descrito por la Fiscalía. Sión se encuentra registrada a nombre de familiares de Melgar en La Lima, su hogar natal.
Familiares como testaferros
El segundo paso fue nombrar a miembros de su familia para que no apareciera su nombre. En 2011, la hija del militar, cuyo nombre estamos dejando de lado para su seguridad, fue anexada como gerente general de Sión.
La mujer, entonces, estudiaba para ser odontóloga en la UNAH en San Pedro Sula según registros empresariales en la Cámara de Comercio y en notas en redes sociales. En 2015, según esos mismos registros, la joven le otorgó poder de gerente general a su suegra.
Pero, a pesar de sus esfuerzos para no dejar su nombre en el rastro registral, el coronel Elías Melgar Urbina no era un hombre tímido cuando trabajaba en el Bajo Aguán. Le encantaba cortejar a la prensa, según un periodista que huyó de la zona y ofrecer fiestas para periodistas, policías y hombres de negocios locales.
También organizaba descansos semanales para la prensa con donas y café el viernes por la tarde en la base del Xatruch, una fuerza conjunta de unidades de fuerzas especiales en las afueras de Tocoa.
Venganza
Para los movimientos campesinos de la zona, la presencia del coronel Melgar siempre llevó miedo. Parecía, dicen, que tenía un deseo de venganza personal y profesional.
Un líder campesino, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que fue detenido en 2011 en un puesto de control vial, donde Melgar estaba parado con militares y guardias.
“Sé lo que tenemos que hacer con todos ustedes”, le dijo Melgar, indignado por las afirmaciones de que los campesinos estaban “robando fruta” de una plantación que habían ocupado. Al año siguiente, el granjero fue detenido en un puesto de control dirigido por agentes navales, quienes dijeron que se les había ordenado inspeccionar su vehículo bajo la sospecha de que transportaba armas.
“Melgar me está dando la impresión de que tiene algo personal contra esta gente” recordó el campesino que dijo uno de los oficiales.
Asesinato de Henry Hernández
Fue un miembro de Orión el que cometió el asesinato de más alto perfil en Centroamérica en la actualidad. Henry Hernández había sido un francotirador de las tropas especiales en el 15to Batallón, en la misma época en que Melgar era un oficial.
En 2013, Hernández ingresó a Orión, se supone que bajo las órdenes del coronel. En 2015 sería contratado para liderar el escuadrón de tres sicarios que asesinó a Berta Cáceres un año después, una operación en el que su jefe inmediato era Mariano Díaz, un excapitán del 15to Batallón, donde también estuvo activo durante los mismos años de Hernández y Melgar.
Guardias de Orión también vigilaron lugares en los que aterrizaron aviones con droga. La finca de Farallones ha sido propiedad de Corporación Dinant y la familia Facussé por años, y Dinant todavía reclama la propiedad.
En 2004, según cables del Departamento del Estado filtrados al público por Wikileaks en 2011, aterrizó, y luego fue incendiada, una avioneta cargada con más de 1,000 libras de cocaína ante la mirada de “guardias bien armados”.
Familia Facussé
Los oficiales estadounidenses dudaron de lo que entonces dijo Miguel Facussé, el patriarca familiar, quien alegó que los narcotraficantes aterrizaron sin que él lo supiera, la cual parecía improbable a los agentes diplomáticos por la fuerte vigilancia que siempre había en la finca.
En 2015, según el testimonio proporcionado a la DEA por el ex-policía Chriss Zelaya-Romero, una propiedad en “Farallones” de la “familia Faucussé” (sic) se usó para el aterrizaje un cargamento de droga, que fue recibido, según su testimonio, por militares y “hombres armados.”
Y en 2017, en el juicio de Fabio Lobo en el Distrito Sur de Nueva York, el hijo del expresidente Porfirio Lobo describió como él frecuentemente recibía cargamentos de droga en “la finca de Farallones.” En todos estos casos representantes de Dinant han negado que los Facussé tuviesen conocimiento de que los aviones aterrizaron ahí, pero no niegan que la propiedad es de ellos.
Uno de los altos oficiales del gobierno de Xiomara Castro consultados para esta investigación aseguró que el coronel Melgar tuvo, en principio, buena relación con el expresidente Juan Orlando Hernández y su entorno. Los vínculos, sin embargo, se debilitaron y el militar empezó a acercarse al círculo político de la futura presidenta.
Elías Melgar y su alianza con Libre
Otra fuente, de inteligencia militar, aseguró que fue Juan Orlando quien promovió el crecimiento de Melgar Urbina en el ejército y le facilitó cuotas de poder.
“Era parte de la Policía Militar de Orden Público. Era un hombre de confianza de los Hernández, pero se peleó con JOH por conflictos de intereses con otros militares y ahí empezó a trabajar relaciones con la oposición y termina metiéndose en la alianza política con Libre a pesar de ser uno de los militares que participó en el golpe de Estado de 2009”, dice el oficial.
Lo cierto es que Melgar cayó bien parado en el gobierno de Xiomara Castro y que sus vínculos con Libre y el oficialismo actual han ido creciendo, la de él y la de sus empresas de seguridad privada.
En junio de 2015, el instrumento público con el que se entregó poderes de gerente general de Sión a la esposa de Melgar, Waldina Pineda Dubón, fue notarizada por Lourdes Pamela Blanco, la cónyuge de Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación de Castro. En enero de este año, justo después del asesinato de dos miembros de un movimiento de defensa en Guapinol, en el Bajo Aguán, se reveló que el Bufete de Vaquero y Lourdes prestaba servicios legales a varias empresas de otro miembro de la élite terrateniente: Lenir Perez, dueño de la mina Pinares y el aeropuerto Palmerola y aliado cercano a Juan Orlando Hernández.
Hoy, justo como la época en la que Melgar trabajaba en la zona, la guerra sucia ha regresado al Bajo Aguán. Durante el tiempo en que el coronel ha sido funcionario del gobierno de Xiomara Castro, 11 defensores del agua y la tierra en conflicto con Dinant y Pinares han sido asesinados. Nadie ha sido arrestado por los asesinatos.
