*Congreso de Guatemala retira inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tres de ellos se exilian de inmediato.
**El Congreso aprobó en Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2024 que torpedea planes del gobierno electo.
Luisa Laguardia / Expediente Público
El bloque oficialista en el Congreso de Guatemala aprobó este 30 de noviembre el presupuesto nacional con 115 votos, pese a la oposición de Movimiento Semilla que presentó 160 enmiendas que no tuvieron eco en la discusión.
El gobierno entrante contará con más de Q124 mil millones que equivalen a 15,947 millones de dólares, pero el presidente electo Bernardo Arévalo y su partido Semilla consideran que la distribución afectará los planes del gobierno.
Los diputados retiraron también la inmunidad a cuatro de ocho magistrados de quienes el Ministerio Público (MP) solicita, además, el retiro de antejuicio para poderlos investigar por supuestas anomalías a la hora de adquirir el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
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Shirley Rivera, diputada presidenta del Congreso de la República se encuentre de viaje en Panamá y se ausentó para presidir la sesión plenaria.
“Mi voto fue en contra, al igual que el de mi bancada porque es un presupuesto que no es un instrumento efectivo para el desarrollo del país”, justificó su voto en contra del presupuesto el subjefe de la bancada Semilla, Román Castellanos.
El Congreso de Guatemala tiene varios casos trascendentes en sus manos. La aprobación del Presupuesto General para la Nación y la discusión sobre el retiro de la inmunidad a ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Estos temas se colocaron para el pleno del jueves 30 de noviembre.
Movimiento Semilla atado de manos
El diputado Carlos Barreda, del partido opositor Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y uno de los perseguidos por el caso “Toma USAC: Botín Político”, expuso en una entrevista para Expediente Público que “hay varios candados para el gobierno entrante”.
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“El más importante es que el Ejecutivo dependerá de la aprobación del Congreso para poder colocar bonos del tesoro”, explicó Barreda.
Esto es algo que nunca que se la había colocado a ningún gobierno desde que inició la era democrática en 1985. Esto ya que es la garantía que da el gobierno a sus acreedores y cumplen con sus compromisos, indicó.
Esta medida lleva dos mensajes claros: “A los bancos privados y organismos financieros (les dice) que Guatemala puede tener dificultad para pagar el servicio de la deuda ya que el Congreso deberá autorizarlo cada vez que quieran colocar un bono para amortizar la deuda y el segundo que el gobierno puede tener problemas de flujo de caja”, manifestó.
El segundo punto le preocupa más a Barreda, porque el no tener flujo de caja les puede perjudicar al momento de pagar la nómina de los empleados públicos.
“Para mí este es el tema más fuerte además de las asignaciones a ONG´s de reciente creación o en proceso vinculadas a políticos”, enfatizó.
Absurdo, corrupto e ineficiente
Absurdo, corrupto e ineficiente fueron los adjetivos que el presidente electo, Bernardo Arévalo, utilizó para referirse al presupuesto aprobado por el Congreso y de igual forma se lo planteó al presidente Alejandro Giammattei y le pidió vetar el presupuesto 2024, actuando en beneficio del pueblo.
Mediante un comunicado, el binomio presidencial electo, precisó que esto representa una “traición directa” a los valores y necesidad del pueblo.
José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), afirmó que “también falta ver si tendrán bancada en el congreso si terminan de perder su personería jurídica por el caso “Corrupción Movimiento Semilla”.
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Esta volátil situación que vive el país puede poner en peligro la inversión extranjera y esto, a su vez, la competitividad del país reiteró.
“Esto le está mandando un mensaje a la comunidad extranjera que en Guatemala no existe certeza jurídica y esto nos puede afectar fuertemente en la inversión”, manifestó José Andrés Ardón, director ejecutivo del ICE a Expediente Público.
Cuatro magistrados del TSE pierden su inmunidad
108 fueron los diputados que votaron a favor de quitarle la inmunidad a tres de los magistrados en funciones y una exmagistrada del TSE, mientras los otros cinco magistrados fueron amparados por la Corte Constitucional.
Estos magistrados, al inicio de la contienda electoral de este año, fueron parte del pleno que tomó decisiones oficialistas como las de no dejar competir a varios candidatos presidenciales punteros.
Uno de los vetados de la contienda electoral fue el diputado Aldo Dávila de VOS, que se ha caracterizado por la fiscalización de casos de corrupción del gobierno saliente.
Mynor Custodio, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas son los cuatro magistrados que se quedaron el 30 de noviembre sin inmunidad.
La presidenta actual del máximo órgano en materia electoral, Blanca Alfaro, dijo aun medio de comunicación local que “sin el pleno completo el TSE no podrá tomar decisiones”, por lo que evaluarán alternativas a implementar.
Carlos Barreda, compañero de partido con Aldo Dávila, manifestó que ellos como bancada, prefirieron no votar porque al inicio de la campaña ellos fueron unos de los partidos más perjudicados por las decisiones arbitrarias del TSE.
“Nosotros mejor nos desmarcamos porque no los podíamos defender, pero tampoco perjudicarlos, sobre todo, por la democracia”, concluyó Barreda.
