*Expediente Abierto y Fundación del Río presentaron un reporte que expone al secretario del Trabajo la violación a los derechos de libertad de asociación y la falta de interés por combatir el trabajo infantil y servidumbre en Nicaragua.
**Departamento del Trabajo presentará un informe al Congreso y el reporte bianual a la Casa Blanca sobre violaciones a derechos laborales acordados en DR-CAFTA.
Expediente Público
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos cerró este jueves 16 de noviembre el plazo para enviar denuncias por incumplimiento del capítulo 16 relativo a los derechos laborales del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
Además, el Departamento del Trabajo consultó sobre la aplicación de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establecidas en el “documento blanco” de 2022 titulado “La dimensión laboral en Centroamérica y la República Dominicana».
El informe del BID analiza los desafíos y oportunidades para mejorar los estándares laborales y promover los derechos de los trabajadores en estos países.
El centro de pensamiento, Expediente Abierto en alianza con la Fundación del Río envió a la secretaria interina del Trabajo de EE.UU. Julie Su un amplio testimonio que demuestra no solo el deterioro paulatino de los derechos de trabajadores nicaragüenses desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007, sino también, la cancelación de facto de la libertad de asociación.
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Así Ortega y Murillo incumplen el DR-CAFTA
El estatus actual de los derechos laborales es crítico debido a la sumisión de “sindicatos blancos”, colaboracionistas con el régimen.
Nicaragua tampoco realiza esfuerzos por combatir el trabajo infantil, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, ni los abusos del sector privado o las maquilas contra sus trabajadores.
De hecho, el Estado mismo es una de las peores patronales de Nicaragua, pues violenta constantemente derechos con despidos arbitrarios, incluso de personal de sindicatos, sin prestaciones sociales ni derechos a reclamación.
La represión, la falta de empleo y oportunidades, los bajos salarios y las condiciones de trabajo, son parte de un esquema de violencia institucionalizada, que ha llevado a más de 600 mil nicaragüenses a optar por migrar, detalla el reporte.
Sin derecho a la asociación
Expediente Abierto y Fundación del Río remarcaron sobre la suspensión de facto de la libertad de asociación, por medio de la cancelación de sindicatos independientes o la no renovación de sus juntas directivas, como el despido de líderes sindicales.
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El régimen canceló 562 organizaciones gremiales entre las 3,390 asociaciones de sociedad civil y oenegés desde el 2018, según el informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega llegó al extremo de cancelar, incluso, las cámaras patronales agrupadas dentro del extinto Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), cuyos líderes fueron encarcelados en 2021 y posteriormente desterrados en febrero de 2023.
OIT tiene reclamo contra Nicaragua
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el 2018 y el 2023, ha señalado 24 observaciones y 41 solicitudes directas sobre 36 Convenios Laborales Internacionales. Nicaragua solo ha respondido a 8 de estas 65 solicitudes y observaciones.
El Estado de Nicaragua deberá responder en 2014 ante la OIT por un reclamo de representantes patronales de 15 países por violentar el derecho de asociación.
El Comité de Expertos para el seguimiento de la aplicación de convenciones de la OIT recordó en octubre de 2023 la “nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1 de septiembre y el 25 de octubre de 2021, denunciando actos de persecución, intimidación y represión contra líderes del Cosep y contra el sector empresarial afiliado”.
La OIE denunció específicamente la detención arbitraria del expresidente de Cosep, José Adán Aguerri Chamorro, y de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente de la cámara, acusado del delito de conspiración para socavar la integridad nacional. Todos ellos desterrados en febrero de 2023.
También solicita al régimen que proporcione sus comentarios sobre todos los demás problemas planteados por la OIE, incluidos los relacionados con la Ley que regula a los agentes extranjeros No. 1040, adoptada el 15 de octubre de 2020, y la alegación de que varias secciones de la misma imponen restricciones inaceptables a la libertad de asociación.
¿Qué dice el Capítulo 16 del DR-CAFTA?
Nicaragua se adhirió al tratado comercial en 2004. El Departamento del Trabajo responderá al Congreso y al presidente Joe Biden el cumplimiento de lo relacionado al capítulo 16 sobre los derechos laborales, particularmente el anexo 16.5.
El Capítulo 16 exige el cumplimiento de los acuerdos de la OIT. Nicaragua tiene actualmente 48 convenios vigentes, así como el cumplimiento de las garantías constitucionales y leyes sobre el trabajo en cada país.
“Las Partes reconocen que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión debilitando o reduciendo las protecciones otorgadas en las leyes laborales internas”, dice el tratado.
El DR-CAFTA establece también la posibilidad de establecer un Consejo sobre asuntos laborales que impliquen reclamos. Particularmente el Artículo 16.5 establece la cooperación y fortalecimiento de las capacidades laborales.
Este inciso pone el foco de atención al cumplimiento del convenio con la OIT de los derechos fundamentales de los trabajadores como libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Además, sobre la eliminación de todas las formas de trabajo forzado o compulsivo, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
Del mismo modo establece el requisito de mecanismo de solución de disputas, ambiente laboral digno, estadísticas laborales oportunas, eliminación de discriminación por género o discapacidad.
Sindicatos cómplices
Aprovechando la corrupción dentro de los “sindicatos blancos” oficialistas, cuyo principal líder es el presidente del parlamento, Gustavo Porras, el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha eliminado el sindicalismo independiente y favorecido los intereses de una parte del sector privado, dicta el informe.
Porras es denunciado como empresario del sector salud y es uno de los principales operadores de la represión. Está sancionado por Estados Unidos y otros gobiernos democráticos.
Los trabajadores nicaragüenses dependen de los representantes de los gremios sandinistas en las empresas estatales y maquilas, como son el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y la CST José Benito Escobar.
Pero estas tienen la orden de no estresar a los inversionistas, señalan trabajadores y trabajadoras de las maquilas consultados por Expediente Público y la organización de trabajadoras María Elena Cuadra, y que están en este reporte de Expediente Abierto y Fundación del Río.
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Información opaca
Ante la OIT, el régimen presenta datos manipulados o retocados a su favor. El Comité de Expertos para la Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la OIT observa que, según el régimen, como resultado de las políticas para promover y alentar la sindicalización entre 2018 y 2021, se formaron 111 nuevas filiaciones, con 3,902 trabajadores, y se actualizaron 2,884 sindicatos que agrupaban a 222,370 trabajadores.
Sin embargo, el empleo formal en Nicaragua no ha recuperado 120 mil puestos de trabajo desde 2018.
Hasta noviembre de 2001, existían 2,071 sindicatos registrados con más de cien mil afiliados en el Ministerio del Trabajo (Mitrab), la gran mayoría asociadas a nueve confederaciones.
Pero en 2017, es decir, 16 años después, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) documentó un total de 1,206 sindicatos inscritos en el Mitrab con 83,425 afiliados (43,896 hombres y 39,529 mujeres), advierten datos citados en el informe Sindicalismo en Centroamérica publicado por la misma OIT.
El anuario 2019 del Mitrab, que no está disponible a los ciudadanos, indicaba una reducción mayor, es decir, 974 sindicatos registrados con un total de 75,720 miembros, en base a las cifras de juntas directivas actualizadas.
Según el Artículo 21 del Reglamento de Asociaciones Sindicales vigente desde 1997, las juntas directivas solo pueden ser electas por un periodo de un año y esto provocaba la cancelación protocolaria de decenas de sindicatos no autorizados por las tres centrales cooptadas por el régimen.
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Trabajo infantil y esclavitud moderna
El reporte de las organizaciones ante el Departamento del Trabajo revela la falta de transparencia y colaboración de las autoridades en temas relevantes como el trabajo infantil. Desde el censo de 2012, no existen más datos al respecto.
Nicaragua no presenta información para darle seguimiento a la situación de trabajo infantil, siendo el único país de Centroamérica y México que no lo hace.
Por ejemplo, en un reporte del BID citado por la OIT, el régimen debía incluir la tasa de no asistencia para determinar el aumento relativo en la exclusión educativa con la pandemia.
Los datos están vinculados a la matrícula escolar y el aumento estimado en la exclusión educativa en el contexto de pandemia Covid-19, y podrían indicar el efecto en el trabajo de menores que se vieron en las calles durante la emergencia sanitaria.
Explotación sexual de menores
Informes de medios y organizaciones como Freedom House también indican que, como resultado directo de la pandemia, el trabajo infantil aumentó en Nicaragua, siendo más visibles niños que trabajan en semáforos.
Los niños en Nicaragua están sujetos a la explotación sexual comercial, particularmente en Granada, Managua, las Regiones Autónomas del Caribe y San Juan del Sur.
De hecho, el régimen cerró el 20 de abril de 2022 la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni). Además, parte de las comisiones de trabajo intergubernamental con la sociedad civil para la protección de la infancia, cerró también organismos de protección internacional como Oxfam, Casa Alianza y Visión Mundial.
Según el Índice Global de Esclavitud la prevalencia de servidumbre o esclavitud moderna en Nicaragua es de 7.3 personas por cada mil habitantes, con 54 puntos de vulnerabilidad y 34 de cien puntos de respuesta gubernamental.
Esto supondría que en 2021 unas 49,000 personas vivían en esclavitud o matrimonios no consentidos en 2021, por lo que en términos de prevalencia Nicaragua ocupaba el puesto 49 en el mundo y el séptimo en América.
Violencia laboral contra mujeres
La Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC), la instancia más beligerante de la sociedad civil en defensa de los derechos de las trabajadoras de las maquilas, es una de las más de tres mil organizaciones canceladas por el régimen.
En 2019 presentó un estudio de 10 testimonios de extrabajadoras de las maquilas de zona franca en Nicaragua, la mayoría enfermas por trabajo repetitivo y falta de atención médica.
El informe Sobrevivir a las maquilas: impacto del trabajo en el cuerpo de mujeres nicaragüenses fue publicado en 2021 con extrabajadoras de las zonas francas en edades entre 37 y 51 años “con discapacidades de por vida». Estas «denuncian que, debido a un arreglo implícito entre el sector empresarial y el Estado, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) les niega o regatea la pensión a la que tienen derecho por incapacidad laboral parcial o total”.
Mujeres de las maquilas desprotegidas
El estudio considera que en el caso de las trabajadoras de maquilas existe “una cadena de desprotección” que inicia en las condiciones de los centros laborales y concluye en el sistema de seguridad social.
La negligencia médica se combina con la administrativa, además, de perder expedientes, mujeres con discapacidad heredada por el trabajo inadecuado no son consideradas bajo el principio de riesgo laboral.
“Varias de las mujeres denuncian cómo las trataron de convencer para renunciar al reclamo de pensión por enfermedades de origen laboral, diciéndoles que sus dolencias eran producto de la edad, cuando hay mujeres menores de 50 años que prácticamente no pueden ni moverse producto de las lesiones o secuelas que han dejado en sus cuerpos los Trastornos Músculo-Esqueléticos”, dice el estudio que no pudo ser oficialmente presentado por la situación de persecución generalizada contra todo lo que perciba contrario a los intereses del régimen Ortega-Murillo.
Indígenas y minería ilegal
Fundación del Río expuso, particularmente, la preocupación por las reiteradas violaciones del Estado de Nicaragua al Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 (N°. 169).
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) expresó inquietudes sobre conflictos y violencia en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte relacionados con reclamaciones territoriales y procesos de saneamiento.
Además, se menciona el incumplimiento de varios artículos específicos del Convenio, según informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR).
Se destaca la concesión de minas en territorios indígenas sin consulta previa, generando impactos sociales y ambientales significativos, incluyendo vínculos con la minería ilegal y graves problemas laborales y de salud.
La actividad minera ilegal es vinculada con más de 40,000 personas y ha resultado en al menos 55 muertes en los últimos tres años. Se critica la reforma de la Ley N°38 en agosto de 2022, respaldando la minería ilegal y violando convenios internacionales y principios fundamentales establecidos por la OIT.
