* Ataques en línea, vigilancia de las comunicaciones y hackeos a periodistas añaden “una nueva dimensión a las amenazas existentes” en Honduras, señala informe preliminar de la ONU.
Sharon Ardón y Aimée Cárcamo / Expediente Público
Aunque la elección en noviembre de 2021 del gobierno que encabeza la presidenta Xiomara Castro generó grandes expectativas, con la promesa de importantes reformas políticas, sociales y económicas, existe un sentimiento de decepción por la lentitud de los cambios y la falta de una dirección clara en materia de derechos humanos.
Lo anterior es parte del informe preliminar que presentó este 27 de octubre la Relatora Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, al concluir una visita de doce días a Honduras.
Khan se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, sociedad civil, medios de comunicación y comunidades indígenas, entre otros, para examinar el estado de la libertad de expresión y de opinión en Honduras.
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Ataque a periodistas desde el Gobierno
La relatora especial, quien llegó invitada por el gobierno hondureño, destacó la mejora en la cooperación con organismos internacionales y regionales de derechos humanos, así como la apertura al escrutinio internacional.
No obstante, señaló la falta de esfuerzos persistentes para promover reformas institucionales y la creciente preocupación por mensajes contradictorios sobre derechos humanos de parte de algunos altos funcionarios de gobierno.
También, la tendencia peligrosa de estos de atacar a los periodistas y catalogar como “fake news” las coberturas críticas.
Un ejemplo de esto último ocurrió en el transcurso de la presenta semana, cuando el gobierno calificó de “fake news” publicaciones en base a una encuesta de CID-Gallup que la ubica con una calificación del 36 por ciento de aprobación, que resultó ser verídica.
En ese ambiente de polarización, “los riesgos para la libertad de expresión son elevados”, señala el informe de la relatora especial, quien presentará en junio de 2024 un informe escrito completo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
ONU: Violencia contra periodistas y defensores
Entre sus conclusiones, el informe manifiesta que las amenazas a la seguridad de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales siguen siendo “alarmantemente altos”.
Entre enero de 2021 y septiembre de 2023 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 944 periodistas y defensores víctimas de ataques, entre ellos el asesinato de 36 defensores de derechos humanos y 4 periodistas.
En el caso del pueblo garífuna ha sido objeto de ataques, estigmatización y criminalización por su lucha por el derecho a la tierra y la protección del medio ambiente.
La relatora de la ONU mencionó como ejemplo emblemático de esa violencia las amenazas que ha recibido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
Una de las recomendaciones a propósito fue que el Estado de Honduras debe adherirse al Acuerdo Escazú.
Consideró “especialmente preocupante la incapacidad del Estado para investigar y procesar a los autores” y dar una protección adecuada, a la vez que señaló las reiteradas prórrogas del Estado de excepción, que limita los derechos fundamentales sin un control independiente adecuado.
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Hackeos y campañas de desprestigio
El informe preliminar da cuenta de ataques en línea, vigilancia de las comunicaciones y el “hackeo” de dispositivos electrónicos de periodistas, que “ha añadido una nueva dimensión a las amenazas existentes”.
Se refiere también a la tendencia preocupante del uso de campañas de desprestigio, ataques verbales tendenciosos y acusaciones de “fake news”, para desacreditar y deslegitimar a periodistas.
También refiere que los debates públicos sobre derechos sexuales y reproductivos “han sido especialmente intensos”, y que los representantes de la comunidad LGBTIQ+ han sido objetos de campañas de odio y difamación en la web, “a veces alentadas e instigadas por figuras políticas y religiosas”.
Impunidad y un mecanismo fallido
A pesar de que Honduras cuenta con un elaborado sistema de fiscalías especiales, entre ellas la de Delitos contra la Vida, de Derechos Humanos y de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la impunidad en esos casos es de más de 90 %, según el informe.
En cinco años la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos no ha enjuiciado un solo caso, lo que refleja “una colosal falta de voluntad política y un desastroso fracaso del sistema legal y judicial”.
Al respecto, recomendó al gobierno invertir seriamente en el fortalecimiento de la capacidad e independencia de los fiscales especiales.
Del Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, Khan expresó que “parece estar insuficientemente financiado”.
Lo anterior porque carece del personal con los conocimientos y la experiencia necesarios, así como de una coordinación eficaz, un liderazgo estratégico y un sistema adecuado de rendición de cuentas.
Extensas demoras en la respuesta o falta de respuesta y la ausencia de consideraciones de género, son algunas de las opiniones que al respecto dieron las personas y organizaciones de sociedad civil consultadas.
Además, existe una falta de confianza debido a que depende en gran medida de las mismas autoridades que a menudo las investigan y acosan.
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Bloqueos en la transparencia
Sobre el acceso a la información, la relatora destacó que hay avances, como la derogación de la Ley de Secretos en marzo de 2022, pero consideró que aún queda mucho por hacer.
En 2022, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a través de su Portal Único de Transparencia y el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) recibió 12,450 solicitudes, de las que fueron atendidas en promedio el 69 %.
Que no tenga presencia fuera de Tegucigalpa es un obstáculo para el acceso a la información de las poblaciones que viven fuera de la capital y de las que viven en zonas remotas con conectividad a internet limitada.
Y es que la falta de conectividad es una de las principales barreras, ya que solo el 46 % tiene acceso a internet, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Pero además hay quejas de que a menudo las solicitudes no se atienden en tiempo o se remiten a portales generales que no contienen la información solicitada.
Medios comunitarios y libertad de expresión
Aunque las radios comunitarias desempeñan un papel importante, en especial para las zonas rurales, y son un vehículo valioso para la preservación y el desarrollo de lenguas y la cultura indígena, representan apenas el 4 por ciento de las 815 emisoras que operan en el espectro de radiofrecuencia regulado, se consigna en el informe.
La relatora manifestó su preocupación por la criminalización de la libertad de expresión a través de “delitos contra el honor”, como la calumnia y la injuria en el Código Penal en Honduras, y de los que se han registrado 14 condenas entre 2022 y 2023.
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Desinformación y “fake news”
Sobre el fenómeno de la desinformación o manipulación de información falsa, Khan compartió que tanto periodistas como funcionarios han expresado su preocupación y que ambas partes se consideran objeto de estas, “lo que indica una falta de confianza en el marco de un entorno político polarizado”.
Para contrarrestarla los gobiernos deben proporcionen información fiable y verificable, y abstenerse de patrocinar, fomentar o difundir información que saben que es falsa.
Tampoco calificar de “falsas” las opiniones críticas, sino que deben abordarlas en función de sus méritos, agregó.
Sobre los canales de Estado, dijo que “tienen una responsabilidad especial” de garantizar que existan fuentes diversas y confiables, y no subestimar la capacidad de la audiencia a que se forme su propio juicio cuando tiene acceso a diferentes fuentes de información.
Entre las recomendaciones que hizo al gobierno es que periodistas, comunicadores y defensores cumplen una función fundamental en la sociedad y merecen ser valorados, y que los funcionarios “deben abstenerse de estigmatizarlos”.
Libertades en retroceso
Entre los asistentes a la presentación del informe estuvo la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, directora del medio Pasos de Animal Grande.
Meza consideró que algunos puntos del informe de la relatora especial son reiterativos y se vienen dando desde hace muchos años. “Lo preocupante es que no se ha avanzado en detener esta situación”.
A su criterio, la libertad de expresión, de opinión y el derecho a la protesta “viene en un franco deterioro”, a pesar de que “esperábamos particularmente que se detuviera esa situación” en el actual gobierno.
