* Expediente Público visitó el cantón Mizata y reconstruye la agresión por parte de miembros del Ejército de El Salvador contra una niña que visibiliza otras denuncias contra el régimen de excepción.
** El delito fue cometido el 23 de septiembre por un sargento y la complicidad de cinco soldados que amenazaron a la víctima con encarcelarla.
*** Los militares fueron capturados hasta que el Gobierno cedió a la presión pública.
Eric Lemus / Expediente Público
La tarde del sábado 23 de septiembre de 2023 la víctima venía de disfrutar en la playa junto a tres jóvenes más aprovechando que ese fin de semana llegó de paseo junto con sus padres al poblado costero.
El cantón Mizata, 80 kilómetros al sur de la capital San Salvador, abarca una zona rural aledaña a uno de los rincones favoritos de los surfistas que llegan atraídos por la calidad de las olas y el paraje a la vista.
Cuando ella regresaba a reunirse con su familia, una patrulla de la Marina Nacional de El Salvador, encabezada por el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera interceptó a los cuatro estudiantes y los detuvo.
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Al percatarse de que en el grupo había dos adolescentes, Alvarado Rivera tomó a la menor, de 13 años, y amenazó con detenerla aplicando el temible régimen de excepción, que desde hace 18 meses suprime todos los derechos en El Salvador.
Mientras el sargento Alvarado agredía a la niña, los soldados René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina retuvieron al resto y vapulearon a uno que intentó ayudar a la víctima.
Una niña contra el sistema
El caso fue denunciado por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) que alertó sobre la violación cometida por miembros de la Marina.
El seguimiento inmediato a la historia por parte de periodistas salvadoreños confirmó que un vehículo que pertenece a la Alcaldía de Teotepeque, departamento de La Libertad, trasladó a los soldados al lugar donde estaban destacados.
Reconstrucción del caso
Expediente Público visitó el cantón Mizata y reconstruyó la ruta que siguió la víctima hasta llegar al paraje rural donde fue violentada.
La municipalidad está dirigida por el alcalde Mario Tobar, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, que ahora milita en Nuevas Ideas (NI), el partido gobernante.
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Los marinos habían sido asignados hacía poco al cantón El Ángel, donde el alcalde Tobar inauguró en marzo de este 2023 un proyecto de perforación de un pozo de agua potable para abastecer a la comunidad.
Cuando las víctimas acudieron a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Mizata a interponer la denuncia, los agentes requirieron la presencia de los militares, que fueron llevados de nuevo en el transporte de la alcaldía. En el grupo vino el agresor, quien fue el único detenido.
Silencio del Ejército de El Salvador
Un día más tarde, organizaciones sociales cuestionaron por qué los acusados no fueron presentados públicamente como el Gobierno hace usualmente.
Las cuentas institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fuerza Armada o la policía guardaron silencio, lo cual fue extraño porque usualmente no desaprovechan oportunidad para divulgar información inmediata sobre capturas u operativos, pero en este caso callaron.
El reportero de El Diario de Hoy, uno de los primeros en revelar el caso, relató a Expediente Público que le aseguraron que en la cúpula castrense “acordaron manejar el caso de violación de la menor en Mizata de forma hermética y que no saliera ningún tipo de información y que nadie se diera cuenta”.
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Sin embargo, el día de los acontecimientos, la jefatura del Ejército salvadoreño estuvo acéfala porque el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, viajó a Berlín, la capital alemana, para correr en la edición 48° de la maratón internacional.
La embajada alemana en San Salvador lo confirmó posteriormente al mostrar una galería fotográfica del funcionario corriendo por las calles de la capital germana y donde terminó en el lugar 3,291 en la lista general de resultados, y en el lugar 21 de su categoría.
Denuncia de abusos en estado de excepción
La abogada Ingrid Escobar reveló que en la organización que integra, Socorro Jurídico Humanitario (SJH), han recibido al menos dos denuncias de agresión sexual cometidas en cantones del departamento de Santa Ana.
“Los soldados han ido a capturar a los hombres de las comunidades y luego han violado sexualmente a madres e hijas”, dijo.
En tanto, el representante del MTP, Marvin Reyes, que divulgó el abuso cometido por los militares reconoció a Expediente Público que “por supuesto que hay más casos (de abuso de autoridad)”.
“Ahí tenemos un caso bastante delicado de la delegación San Salvador Centro. Hay un grupo en el que incluso hay hasta oficiales de la policía que anda pidiendo dinero a negocios, anda pidiendo dinero en (el mercado de mayoreo) La Tiendona, andan pidiendo dinero a los transportistas y los demás jefes lo saben”, declaró Reyes.
Estado de excepción es carta blanca para abusos
“¿Por qué no investigan eso? El director de la policía ¿qué espera para investigar a estos oficiales? Imagínese un oficial que tiene un salario de S1,400 a S1,600 y anda en corrupción junto con otros elementos del nivel básico”, exhortó el dirigente policial.
A raíz de esas afirmaciones, unos miembros de inteligencia del Estado acudieron el jueves 5 de octubre en busca de Reyes a la sede del MTP.
“Uno de ellos me dijo que el objetivo era hablar sobre mis declaraciones y que yo debía ir a poner la denuncia formal al Departamento de Investigaciones de la delegación San Salvador. Es un truco en el que pretendían que cayera”, denunció Reyes.
“Esto me ha valido para que fuerzas oscuras dentro de la misma policía quieran callarme (porque) pretendían llevarme con engaños y capturarme aplicando el régimen”, dijo el representante policial.
Presentación de miliares como reos
Cinco días después de la tragedia contra la niña, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a los seis soldados acusados por los delitos privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada, agresión sexual en menor e incapaz agravada y amenazas con agravación especial.
“Tras la primera audiencia, el caso pasa a la etapa de instrucción. Además, se obtuvo como resultado la medida cautelar de la detención con prisión provisional en contra de los seis imputados debido a las agravantes antes mencionadas”, informó la FGR.
En abril pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública desarticuló a nivel nacional una red vinculada a delitos sexuales cometidos contra niñas y niños.
“Como resultado de un amplio operativo de unidades élites de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, se capturó a 232 acosadores, violadores y agresores sexuales de niños y niñas”, anunció el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
Amenazan con detenciones para cometer abusos
Sin embargo, posteriormente, la prensa local reveló que entre los detenidos estuvo José Edid Cortez Henríquez, teniente de fragata de la Fuerza Naval, quien fue capitán de la Naval del Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, 111 kilómetros al sureste de la capital.
La diputada Marleni Funes del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aseguró en una rueda de prensa que supo de este caso.
“No sé si está preso (porque) no lo exhibieron públicamente, pero él sí cometió este tipo de abusos, una violación a una menor, una niña de 13 años, que le dijo: ‘si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”, aseguró la parlamentaria.
Agresores en el régimen
Una integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos reveló a Expediente Público que las siete organizaciones que aglutinan esta iniciativa dan cuenta de casos de amenazas, violencia sexual y acoso policial “donde sabemos de extorsión sexual en mujeres vulnerables cuyas parejas están capturadas por el régimen”.
La activista, que prefiere omitir su nombre, anticipó que investigan estas denuncias de abusos infligidos por policías o militares debido a que las agraviadas “tienen mucho, mucho miedo”.
Las siete instituciones totalizan a lo largo de un año 4,723 violaciones de derechos en perjuicio de 5,082 personas. “Como resultado del Estado de Excepción se encuentra un patrón de graves violaciones”, externa.
Sin embargo, el ministro Villatoro adversó ante la prensa estos señalamientos porque reiteró que tanto la Policía como el Ejército cuentan con normativas que velan “por el correcto funcionamiento de los servidores públicos”.
“¿Cómo es posible que nosotros estamos realizando una guerra histórica necesaria para restablecer un estado de derecho y vamos a sustituir a ese régimen terrorista por una mala actuación?”, fustigó.
