**Gobierno Ortega-Murillo sobreestimó su capacidad frente al COVID-19 y llegó a decir que tenía el mejor sistema de salud del continente, señala Jorge Huete, uno de los más prominentes científicos nicaragüenses.
**Buscan ventiladores mecánicos y agregan 5.9 millones de dólares al plan de contrataciones cuando el mercado está topado por la demanda, dice experta en Salud Pública.
“La mejor estrategia para países pobres ante una pandemia es suprimir la infección desde el inicio, bloquear la entrada del virus a toda costa, pero no hubo una estrategia de suprimir el virus en Nicaragua”, señaló el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, Jorge Huete, en una teleconferencia del Wilson Center realizada el 13 de mayo.
El científico nicaragüense no es optimista sobre la situación en su país, “se ha visto que este gobierno no hace nada, o hace lo menos posible”, advirtió en el foro “La respuesta al COVID-19 en El Salvador y Nicaragua: dos caras de la misma moneda autoritaria”, realizado por el Wilson Center, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de Estados Unidos y con sede en Washington D.C.
Según el especialista, ya no es más posible detener la pandemia, la opción que queda para Nicaragua es tratar de ralentizar el contagio y aplanar la curva de transmisión para salvar vidas, y la mejor manera de hacerlo es con distanciamiento social, lo cual incluye cancelar eventos masivos, “la lucha contra la pandemia es lo más importante ahora”.
Por otra parte, Expediente Público analizó las compras del Ministerio de Salud (Minsa) entre el 11 de marzo y el 30 de abril, para conocer el estado de preparación del régimen ante la pandemia, pero más allá del combustible para la campaña de alerta epidemiológica, no hay más que una compra de unos 3,000 dólares para desinfectantes y dos cotizaciones más, una para adquirir un aire acondicionado. Una evidencia de lo poco o nada que el gobierno ha hecho para atender la pandemia.
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Sin embargo, el 5 de mayo se modificó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) para agregar 172 millones de córdobas (5 millones de dólares) de los fondos propios del Estado para la compra de equipos y materiales de reposición periódica para abastecimiento médico de las unidades de salud COVID-19, todo esto bajo la modalidad de contratación simplificada que según el inciso tres del artículo 58 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público se da excepcionalmente “en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la colectividad o a un importante sector de esta”.
El 30 de abril, el PAC ingresó también 34.1 millones de córdobas (un millón de dólares) con fondos de Taiwán para la compra de insumos médicos para abastecimiento de las unidades de salud COVID-19, con estos cambios la cantidad de presupuesto para la atención de la pandemia alcanzó los 5.9 millones de dólares con 17 procedimientos en total, pero según el Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae), hasta inicios de mayo solo se había ejecutado uno.
Una experta consultada sobre estos datos considera que “todo eso dice que creyeron que no necesitaban preparación extraordinaria y que con los recursos que tenían podían resolver con unas salas COVID-19 pequeñas, sin gran despliegue de recursos”.
A pesar de las modificaciones al plan de contrataciones, estas siguen siendo compras pequeñas que no llegan a los 6 millones de dólares, aunque el Banco Centroamericano de Integración Económica les autorizó casi 12 millones de dólares reorientados de proyectos en curso.
La fuente teme que estas compras retrasadas también sean signos de corrupción y que algún “proveedor doloso” las está haciendo para luego venderlas al Minsa. “Es una posibilidad muy elevada. Puede que estén haciendo estás compras directas como ‘muestra’ o puede que no tengan en bodega o en la distribuidora de Gustavo Porras (presidente del parlamento), Rarpe y Solka”, que han suplido al gobierno y son del grupo económico orteguista.
En comparación, el Ejecutivo hondureño destinó 26 millones de dólares para la compra de insumos médicos para atacar la pandemia, en marzo.
La experta en salud pública expone que “si los suministros contra el COVID-19 no están en bodega o ubicado en manos de proveedores dentro del territorio nacional, es posible que estén, de nuevo, subestimando el alcance en magnitud y tiempo de la pandemia en Nicaragua y subestimando los tiempos de importación, que se han visto afectados en el mundo. Y que por eso no estén haciendo compras para más tiempo. Y que por lo mismo esta compra sea para mostrar al BCIE el uso del dinero”.
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Aunque ya se abrió una licitación para adquirir 14 ventiladores mecánicos para asistir a los pacientes COVID-19 más graves, “ahora es bastante tarde” porque lo hacen cuando Estados Unidos está comprando por su propia crisis.
Aunque se modificó el PAC, “estas compras debieron haberlas ejecutado a finales de febrero”. La partida de dinero más grande es el equipo médico como ventiladores mecánicos y monitores. “No sé cómo este el precio Internacional de los respiradores, ni dónde hay, tal vez los taiwaneses tienen existencias y son aliados políticos del régimen. Lo otro es seguramente guantes, mascarillas, batas y el material de reposición usual para salas de ese tipo y para cuidados intensivos. El uso de este material y de los insumos es intensivo pues se trata de una enfermedad altamente contagiosa”, dice la experta.
“Perdimos preciosos meses por la inactividad del gobierno, y tenemos otro problema, el alarde, enviaron a cientos de profesionales de la salud casa por casa sin mascarillas, estas visitas fueron posibles fuentes de infección, dejó el temor en la población que estaban espiando o propagando el virus, y el argumento del gobierno (contra las críticas) fue absurda, llegaron a decir que tenía un excelente sistema de salud, el mejor sistema de salud del continente, con un modelo comunitario y familiar superior al modelo europeo”, precisó el doctor Huete.
“¿Cuál es la naturaleza de este ‘maravilloso’ modelo comunitario y familiar, de acuerdo al Minsa?”, cuestionó el académico y brindó algunos datos: Nicaragua apenas tiene 0.9 médicos por cada mil personas, 12 camas de hospital por 10,000 personas, es decir, hay menos de 8,000 camas para una población de 6.4 millones de habitantes en total. Por otra parte, el gobierno admite que solo el 15% de pacientes críticos sobreviviría al COVID-19, pero informó que tiene 160 ventiladores mecánicos distribuidos en 47 centros médicos, aunque asociaciones médicas independientes creen que en realidad solo es la mitad de esa cifra.
El régimen destina solo el 3.4% de su producto interno bruto al sector Salud, en comparación, Panamá otorga 5.9% y Costa Rica, 6.8%, citó Huete, por tanto, “Nicaragua no tiene un sistema de salud universal” y, aunque es gratuito, los nicaragüenses deben asumir el costo de medicinas. “No tenemos el mejor sistema de salud del continente”.
Huete es uno de los miembros más reconocidos de la Academia de Ciencias de Nicaragua, realizó un posdoctorado en parasitología molecular en la Universidad de Harvard, obtuvo su doctorado en Bioquímica/Biología Molecular a través de un programa conjunto de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y la Universidad de California de San Francisco, Estados Unidos, ha recibido varias becas y premios de parte de diversas instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fundación MacArthur, Fundación Rockefeller y la Fundación Pew, en 1999 fundó el primer centro de investigación y entrenamiento en biología molecular y biotecnología de Nicaragua.
El también vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, precisa que no se está explotando la capacidad científica que tiene el país, hay docenas de expertos que pueden desarrollar estrategias apropiadas, hay una amplia experiencia epidemiológica que podría ser considerada, hay una serie de estudios e investigaciones que se podrían hacer como en Costa Rica, pero lamentablemente no se realizan.
“Vemos en la televisión que los funcionarios tienen sus credenciales como administradores de hospitales y sus credenciales políticas, pero no sabemos cuáles son sus credenciales médicas o científicas, y ellos son responsables de las malas decisiones que se están tomando”.
“Al ignorar las advertencias de científicos y expertos, el gobierno ha menoscabado el rol de la ciencia en Nicaragua”, advierte Huete.
PREPARACIÓN MÍNIMA
Llama la atención que centros de referencia en Managua como los hospitales Lenín Fonseca y el Alemán-Nicaragüense no tienen compras relacionadas a la pandemia, al menos entre el 11 de marzo y el 30 de abril.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua apenas destinó 115,180 córdobas (3,340 dólares) al Hospital Pedro Altamirano de La Trinidad para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), revelan datos del Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae) durante el periodo señalado. En este centro médico, a 124 kilómetros al noroeste de Managua, se contrataron “productos varios para habilitación y funcionamiento de sala de atención a pacientes de coronavirus”.
Este hospital gastó más en mantenimiento de oficina y computadoras (119,760 córdobas) que en la preparación ante una posible emergencia sanitaria.
El reporte de compras del Minsa del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al COVID-19, al 30 de abril de 2020, indica que existen salas para pacientes COVID-19 en el hospital de La Trinidad, el centro de salud de Ciudad Antigua y el Hospital Santiago de Jinotepe, pero en otros centros solo destaca contrataciones para la campaña de alerta epidemiológica.
Al hospital de La Trinidad se le compraron productos para la sala de pacientes COVID-19 a Bühler Pharma S.A., por un monto de 28,000 córdobas y a Amanda Aráuz Sobalvarro por 13,600 córdobas. Una tercera compra de este mismo tipo se hizo con Simón Cardoza Altamirano, por 73,580 córdobas.
En estas adquisiciones se incluyen cloro, detergente, jabón, lampazos e incluso pintura para las paredes. “Pareciera que no tienen orientación, ni guía de materiales requeridos con sus bases de cálculo”, explicó una experta en Salud Pública, quien pidió omitir su nombre para evitar sanciones del régimen.
También el Centro de Salud Leónidas García de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Honduras, tenía un procedimiento abierto para la “compra de productos de limpieza para la sala de pacientes ingresados COVID-19”, el procedimiento 4042020/2020 aún está vigente por lo cual el monto de compra no se ha establecido.
Hay otra oferta vigente (29/2020) para el hospital de Jinotepe, a 45 kilómetros al sur de Managua, con el fin de comprar un aire acondicionado de 18,000 BTU “para uso en área COVID-19”.
COMPRA DE VENTILADORES HASTA JUNIO
El régimen pidió a los proveedores presentar propuestas a más tardar el 16 de junio para 79 camas hospitalarias de posiciones, 12 monitores de signos vitales, 4 ultrasonidos de diagnóstico estacionario y los 14 ventiladores.
El Minsa recibió fondos del Banco Mundial para solventar los costos del proyecto Prestación Integrada de los Servicios de Salud Pública (el convenio por 60 millones de dólares fue firmado el 2 de abril de 2018) y una parte del dinero será para la adquisición de equipamiento médico para hospitales primarios, departamentales y de referencia nacional, informó el Minsa el 30 de abril en una convocatoria a los proveedores para los productos mencionados.
El 25 de marzo de 2020, el Hospital Infantil La Mascota había pedido con carácter de urgencia un equipo de resucitación, anestesia y respiratorio, la oferta debía presentarse a más tardar el 27 de marzo, dos días después, se presentaba un selector BAG/ventilador pneumatic, de parte de Olimpo de América Central S.A., por un precio de 45,000 córdobas.
La preocupación es que los pacientes más graves con COVID-19 necesitan respiración con asistencia mecánica.
SUBESTIMAN PANDEMIA
“Es claro que según la estimación del Minsa de poco más de 20,000 contagios y unos 800 muertos también se subestimó el requerimiento de materiales y equipos”, explica la especialista en Salud Pública consultada por Expediente Público.
En estos tiempos han dependido mucho de los suministros de la empresa Unimark, propiedad de Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional. “Es posible que, si esta empresa tiene medicamentos en bodega y el Minsa tiene en sus bodegas, hagan las compras según las necesitan”, reitera la fuente.
La experta señala que el Minsa tiene habitualmente un inventario de cloroquina por la situación de la malaria que ha venido incrementándose mucho desde el año pasado, este medicamento es uno de los que fue recomendado para tratar el COVID-19 ante la falta de una vacuna, pero es llamativo que no compraran más, “aunque hay un fuerte rumor en farmacias y distribuidoras sobre ocupación de azitromicina, plaquinol y ahora se dice que aspirina”, también recibieron “una carguita” de interferón de Cuba y las pruebas del BCIE.
En cuanto a los 14 ventiladores mecánicos, “eso sería como el 8% de la cantidad de respiradores, estimados en unos 160. El Seguro Social mando a comprar respiradores hace unas tres semanas (finales de abril), pero no sé si encontraron pues ya estaba la crisis en Estados Unidos”.
Por otra parte, el Minsa no compró equipos de protección para el personal de salud, porque recibieron esa donación de Taiwán de unas 280,000 mascarillas, termómetros y oxímetros.
“Las compras son difíciles. No hay vuelos, pues creo que suspendieron hasta los de carga. Solo pueden hacer compras locales. Eso lo pueden tener rápidamente. O pedir prestados recursos a los cubanos, venezolanos o rusos que podrían hacerlos llegar en vuelos militares, pero no han hecho alarde de eso. Si los tuvieran, los mostrarían”.
En cuanto a la compra de aire acondicionado para la sala COVID-19 de Jinotepe, y otros nueve procedimientos de este tipo o para reparación, la experta manifiesta que son necesarios porque los equipos funcionan en ambientes frescos, con las altas temperaturas los aparatos se deterioran.
GASTA MÁS EN COMBUSTIBLE DE CAMPAÑA
En la campaña epidemiológica que incluye visitas casa por casa, se gastaron millones de córdobas en transporte, solo a un concesionario se le pagó 1.57 millones de córdobas, unos 460 mil dólares, para comprar combustibles, el beneficiado fue Harvey Úbeda Rodríguez, exconcejal sandinista de Ciudad Darío, municipio a 90 kilómetros al norte de Managua.
Úbeda está vinculado a los negocios de la familia Ortega-Murillo a través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), empresa sancionada por Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero.
El millonario presupuesto del Estado para comprar combustibles y lubricantes
El procedimiento 25/2000 de las contrataciones del Ministerio de Salud (Minsa), actualizado el 25 de marzo, indica que en pagos a Úbeda se gastaron 300,001 córdobas de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la compra de combustible diésel y gasolina “para actividades de lucha antiepidémica” del Hospital Primario de Waslala.
El trámite se hizo como contratación menor para no pasar por los procesos de licitación que requieren mayor transparencia.
Úbeda también vendió combustible para el Centro de Salud Lucrecia Lindo de San Ramón Matagalpa, por 385,599 córdobas, destinados a actividades propias del Minsa en la localidad y para la lucha antiepidémica, según el procedimiento 13/2020.
Al Silais de la ciudad de Matagalpa le vendió 498,987.58, también para el programa de alerta epidemiológica. Otra venta de Úbeda fue al Hospital Ambrosio Mogorrón de San José de Bocay vendió 389,496 córdobas en diésel y gasolina, pero aparece como razón solo “abastecimiento de combustible”.
Bajo este método también se compró por medio del procedimiento 16/2020 combustible para el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Granada por 490,000 córdobas, a la empresa Riabco, pero en la rúbrica solo se establece que son para actividades propias del Minsa departamental y la lucha antiepidémica.
Otra de las compras de combustible para la lucha antiepidémica fueron focos y baterías para el Silais Managua por la suma de 63,273 córdobas, bienes suministrados por María Auxiliadora Camacho Vargas.
Desde el 11 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 el Minsa realizó 789 trámites de compra en total con un gasto C$54,867,190.41 en compras, entre estas, 18 millones 326 mil córdobas corresponden a medicinas, suministros médicos y alimentación y 5,237,432 córdobas en combustibles, inclusive gasolina y diésel para la campaña epidemiológica.
REPORTE CIUDADANO
Mientras tanto se extienden las alarmas y denuncias de casos sospechosos del nuevo coronavirus en Nicaragua, pero el Minsa solo ha confirmado 25 casos de COVID-19, de esos 9 están activos hasta el 12 de mayo, con un total de ocho fallecidos.
Las cifras son cuestionadas por médicos independientes y la población que ve con escepticismo los datos oficiales, cuando hay un repentino aumento de casos de personas que se desploman en la calle, entierros nocturnos y a escondidas y denuncias de boca en boca de familiares de enfermos y fallecidos con síntomas de la enfermedad.
La vicepresidenta Rosario Murillo, arremetió el 13 de mayo y tildó de noticias falsas los datos y denuncias sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 en las últimas semanas, dijo que “hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas”.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 reportaba al 9 de mayo 2020 un acumulado de 1,033 casos entre los confirmados por el Minsa hasta esa fecha y los sospechosos. Entre los afectados o con síntomas asociados o presuntivos de COVID-19 están 122 profesionales de la salud y había verificadas 188 muertes sospechosas por neumonía.
Según el monitoreo ciudadano en 21 unidades de salud y 10 departamentos, se contabilizan 403 personas hospitalizadas con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
Médicos independientes: régimen Ortega-Murillo oculta transmisión comunitaria del COVID-19
Al 6 de mayo se reportó al Observatorio un aumento de 80% de personas presuntamente afectadas por el COVID-19, en comparación con el reporte del Observatorio de la semana anterior, hubo 361 nuevos casos registrados en un periodo de siete días; del total de casos acumulados, la mayoría de Managua (339), Masaya (64), Chinandega (61) y Matagalpa (53).
El Departamento de Managua tiene el 43% del total de personas afectadas En esta semana hubo un incremento de 147% en el número acumulado de personas afectadas ahí en comparación con el periodo anterior.
En la semana del 31 de abril al 6 de mayo se reportaron 19 presos y presas en 5 centros penitenciarios que presentan sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
De la zona franca Cambridge Internacional se tomó la denuncia de 70 trabajadoras y trabajadores con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, pero que llegaron a trabajar.
El especialista Jorge Huete señala que si bien todos los países de Centroamérica están reportando un incremento en los casos de COVID-19, Nicaragua se está convirtiendo en el nuevo epicentro del virus en la región, un reporte oficial indica que la pandemia comienza a escalar aquí, hay cientos de casos revelados por médicos y familiares, aunque el gobierno continúa manejando bajas cifras de contagios y muertes.
El gobierno no ha adoptado medidas, ha ignorado las recomendaciones de la OMS de cuarentena, pruebas masivas y distanciamiento social, mientras el resto de Centroamérica adoptó medidas inmediatas, reiteró.
