*Investigación de Expediente Abierto revela que las exportaciones de carne bovina, café o textiles podrían ser sujetos de restricciones comerciales.
**La investigación es el resultado de entrevistas con miembros del Congreso y funcionarios de la administración Joe Biden en Estados Unidos.
***El documento analiza los tipos de sanciones impuestas a través de las leyes Nica Act y Renacer, aprobadas con el fin de presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Expediente Público
Frente al recrudecimiento de la represión en Nicaragua, la administración de Joe Biden debe explorar sanciones específicas —como ocurrió con la industria del oro— contra sectores claves de la economía que puedan “ejercer presión” sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela una investigación del centro Expediente Abierto.
La investigación titulada “Leyes Nica y Renacer: ¿Herramientas para ejercer presión económica?” revela que la herramienta “más fuerte” a disposición de la administración estadounidense, es la Orden Ejecutiva 14088, emitida el 24 de octubre de 2022, que sentó las bases para las restricciones sectoriales y comerciales, limita la inversión en Nicaragua y amplió las sanciones a la industria del oro, el millonario negocio del régimen.
La Orden Ejecutiva no menciona la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana conocido como DR-CAFTA, pero autoriza específicamente al Departamento del Tesoro en consulta con el Estado, a optar por prohibir importaciones de cualquier producto nicaragüense.
Aunque la administración Biden aún “no ha aplicado ninguna sanción de conformidad con esta Orden Ejecutiva”, sostiene Expediente Abierto que evidencia qué otros sectores podrían explorarse.
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El documento se basa en entrevistas con miembros del Congreso, personal, funcionarios de la administración Biden, personal de organizaciones no gubernamentales e investigación documental y recomienda una serie de acciones que el Gobierno estadounidense podría emprender.
Se recomienda explorar las oportunidades que ofrecen la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua (Nica Act), aprobada en 2018, y la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer).
“Las sanciones dirigidas pueden presionar al régimen y sus aliados cercanos, posiblemente crear divisiones internas y ejercer presión sobre las élites y los sectores económicos clave (…) La administración debe perseguir una estrategia cuidadosa que combine la diplomacia con incentivos en respuesta a un cambio de comportamiento”, refiere Expediente Abierto.
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Por otro lado, expone que el Congreso estadounidense debe realizar audiencias para analizar la viabilidad de “limitar los beneficios” contra ciertos sectores económicos que se benefician del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (conocido como DR CAFTA, por sus siglas en inglés).
“Estas audiencias deben explorar si el tratado DR-CAFTA podría permitir restricciones comerciales, los pros y los contras de tales restricciones”, detalla.
¿Qué sectores de la economía son viables de sanciones?
Los funcionarios del Departamento de Estado, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el Departamento de Comercio y otros actores deben centrar su análisis en los “costos y beneficios de las sanciones sectoriales” caso por caso, señala la investigación.
La administración —agrega— debería comenzar con sanciones al sector exportador de carne bovina.
Sanciones sectoriales dirigidas al sector de exportación de carne de res podrían tener un efecto sobre el régimen, pero se debe evaluar el impacto que tenga sobre los trabajadores y pequeños productores nicaragüenses frente a su posible impacto específico sobre las “élites”, expone el análisis.
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En 2022, Estados Unidos se constituyó como el primer mercado destino de las exportaciones nicaragüenses y según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), las ventas a ese mercado sumaron US$1,804.4 millones (sin incluir zona franca), el 46.5% de las exportaciones totales del país centroamericano.
Las estadísticas del primer cuatrimestre de 2023 siguen ubicando a Estados Unidos en el primer país destino, al que Nicaragua continuó vendiendo oro en bruto, café oro, carne de bovino, entre otros productos, por un valor de US$660,08 millones, según cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
Sectores vinculados a Ortega
El sector café y algodón, autopartes y otras manufacturas livianas y, las exportaciones de textiles pueden entrar a esa lista.
Todos son sectores que contribuyen a la economía y al empleo, pero en diversos grados y están “estrechamente vinculados a los círculos internos del régimen Ortega-Murillo», destaca el informe.
En esta investigación, sin embargo, se detectaron “desafíos políticos” sobre la renuencia a utilizar restricciones comerciales, debido a la preocupación de los inversionistas y empresas estadounidenses que comercian con Nicaragua.
Aunque políticamente es difícil por los “problemas de la cadena de suministro”, Estados Unidos “debe dejar en claro que estas áreas están bajo consideración”.
“Las sanciones sectoriales cuidadosamente seleccionadas podrían tener un impacto”, estima el informe.
Los defensores de esta estrategia deberán estar preparados “para responder a las preocupaciones políticas internas sobre el impacto de las sanciones en la economía de los Estados Unidos”, señala la investigación.
La Orden Ejecutiva 14088, que abre esta posibilidad, es otra en la lista de las legislaciones que previamente se aprobaron en respuesta a la violencia ejercida a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega-Murillo.
La Ley Nica y Renacer
Durante los últimos cinco años, la política de Estados Unidos hacia Nicaragua ha sido “crítica” con el régimen Ortega Murillo intentado promover la restauración de la democracia.
Antes de la rebelión de abril de 2018, la administración de Donald Trump impuso sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas (1954-2022), bajo la Ley Global Magnitsky que también fue utilizada en 2018 para sancionar a tres altos funcionarios del régimen.
La Ley Nica Act, que tenía como fin restringir los préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales vence en diciembre de 2023, y el Congreso debe decidir “renovarla o revisarla”.
En contexto: ¿Por qué Estados Unidos no aplica con vigor la ley Renacer?
A medida que la represión se acentuaba en Nicaragua para reforzar la Nica Act se aprobó la Ley Renacer, que enfatizó el apoyo del Congreso para revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial DR-CAFTA.
Ambas leyes que contaron con el “apoyo bipartidista en el Congreso” han tenido efectos positivos, pues con estas medidas se impusieron “costos a los funcionarios gubernamentales individuales y sus familias, al Ejército nicaragüense y algunos sectores de la economía nicaragüense”.
Aunque la Ley Renacer insta a la administración estadounidense a realizar una revisión exhaustiva de cualquier inversión del Ejército, a la fecha, al menos públicamente, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones de las fuerzas armadas, no ha sido sancionado.
Asimismo, exhortó a los directores ejecutivos estadounidenses de las instituciones financieras internacionales a usar su “voto e influencia con otros miembros para ejercer una mayor supervisión y control sobre los préstamos, la asistencia financiera o técnica” sobre Nicaragua.
Aunque se ha reducido el financiamiento, “algunos niveles de financiamiento continúan destinándose a Nicaragua”.
La sanción a la industria del oro, el ejemplo
El 24 de octubre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la industria del oro nicaragüense, particularmente a la Dirección General de Minas (DGM), identificada como una oficina subordinada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua.
A través de la venta del oro, el régimen el Departamento del Tesoro busca interrumpir la posibilidad de que el régimen de Ortega Murillo use las ganancias para “reprimir al pueblo nicaragüense” o para «intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción en la que incurre”.
Las exportaciones de oro en bruto generaron ganancias al país centroamericano por US$927,4 millones, señala el BCN.
La investigación señala que la sanción a la industria del oro fue motivada no solo quizás para presionar al régimen nicaragüense, sino por los esfuerzos de “continuar presionando a Venezuela”.
“Nicaragua exporta más oro del que produce. Hay evidencia de que Venezuela, cuyas exportaciones de oro están sancionadas, está exportando oro a Nicaragua, en consecuencia, la mayor cifra de exportación”, revela el documento.
En una entrevista con Expediente Público, el expresidente del gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció una millonaria operación de “lavado de oro” en la que Daniel Ortega usó durante años a la empresa estatal minera de Nicaragua para sacar toneladas de oro de Venezuela y evadir las sanciones internacionales.
La presión sobre el azúcar
Otro golpe fue a la industria del azúcar. El 20 de julio de 2022, Nicaragua quedó excluida de la lista de países a los cuales Estados Unidos, durante el año fiscal 2023 y en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), les compraría azúcar entre el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.
El azúcar tiene un peso importante en la economía nicaragüense y los negocios de acaudalados empresarios como Carlos Pellas, dueño del Ingenio San Antonio, propiedad de Nicaragua Sugar Estates Limited, compañía fundada por su familia en 1890.
El año pasado el sector generó ventas por US$168.1 millones, revela el BCN.
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Aunque Nicaragua siga ofreciendo azúcar para exportar a los Estados Unidos, los aranceles “fuera de cuota bajo el acuerdo DR-CAFTA, harían que el azúcar nicaragüense no fuera competitivo”, reseña la investigación.
Eficacia “limitada” de las sanciones
Lejos de restaurar la democracia, Ortega y Murillo siguen «consolidando el poder y reprimiendo cualquier oposición democrática” que aún existe en Nicaragua. El 9 de febrero de 2023, desterró a 222 personas que estuvieron hasta tres años detenidos ilegalmente sin visitas familiares, sin defensa jurídica y sentenciados en juicios ilegales. Hasta mayo al menos 64 personas eran reconocidas como presas políticas.
Al mismo tiempo, Ortega está forjando lazos más estrechos con Rusia y estableciendo relaciones diplomáticas con China, lo que “genera preocupación en algunas partes de la comunidad de seguridad nacional de Estados Unidos”.
“La eficacia limitada de las sanciones hasta la fecha recuerda la experiencia de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, que ha perdurado a pesar de ser uno de los regímenes de sanciones más completos del mundo, y de Venezuela, donde se podría decir que sanciones un poco más específicas ayudaron a llevar al Gobierno de Maduro a la mesa de negociaciones, pero no han dado lugar a grandes concesiones en materia de reforma electoral”, refiere la investigación.
