Expediente Público
Honduras se encuentra en un debate en torno a la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, normativa que fue promovida por el partido de poder y respaldada por esfuerzos de la sociedad civil a lo largo de ocho años.
Esta ley tenía como objetivo abordar un problema alarmante: los embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 a 14 años, que en su mayoría son producto de violaciones y abusos sexuales, lo que ha llevado al país a buscar una respuesta y solución inmediata.
Sin embargo, en su largo trayecto, esta ley ha enfrentado diversos obstáculos debido a que grupos fundamentalistas religiosos y movimientos de padres de familia se unieron en su oposición argumentando que lo que busca es introducir una «ideología de género» en la educación de sus hijos.
Estas presiones por parte de la oposición lograron que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien había prometido el cumplimiento de esta ley, la terminará vetando y retornando al Congreso Nacional bajo el argumento de que no cumplía “su propósito de ser integral”. Lo que puso de manifiesto el poder de influencia de estos sectores religiosos en un Estado que constitucionalmente es considerado laico.
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